El tiempo corre en contra de los familiares más ancianos que esperan las exhumaciones del Valle de los Caídos

• «Deseamos que el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial nos pueda dar cuanto antes la licencia de obras porque estimamos que se han preparado bien todos los requisitos», dice el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez
• — El Escorial considera la exhumación en el Valle de los Caídos como obra mayor y puede tardar meses en autorizarla
• Infografía — Así es la mayor fosa común de España: más de 33.000 restos humanos en ocho capillas del Valle de los Caídos

FocoMEMORIA HISTÓRICA

Comienza la recta final para las exhumaciones solicitadas por más de sesenta familias

Elena Cabrera17 de abril de 2021 22:14h

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Es una contradicción científica pero pareciera que el tiempo viaja a dos velocidades. En una realidad se alternan los gobiernos, se suman y restan partidas presupuestarias, caen las hojas de los meses en el calendario mientras se activan trámites burocráticos, pasan seis años sin ejecutarse una orden judicial y cuatro décadas de democracia no cunden para sacar a los miles de asesinados de sus enterramientos indignos. En la otra línea de tiempo, los hijos e hijas huérfanas son ya octogenarios y nonagenarios que se mueren cada día, esperando una reparación legítima. Al borde del final de sus vidas, dentro de un día de su tiempo solo cabe un minuto del tiempo de la política. «El menor de los hijos de los familiares que hay en mi grupo tiene 87 años y el mayor cumple 99», recuerda Silvia Navarro, de la Asociación de Familiares Pro Exhumación de los Republicanos del Valle de los Caídos.

«Ya está llegando la cuarta generación, en nuestra asociación tenemos una biznieta sustituyendo a una persona fallecida», dice Navarro. «El tiempo siempre corre en nuestra contra, nunca a nuestro favor». El proceso ha sido larguísimo, ha sido una batalla de casi veinte años para los pioneros que abrieron el camino a todos los demás.

Unos, como los familiares de Manuel y Antonio Ramiro Lapeña, escucharon habladurías en Calatayud sobre cuerpos que habían sido llevados al Valle de los Caídos al finales de los años 50. Otros, como en el caso de los represaliados en el pueblo abulense de Pajares de Adaja, se llevaron la sorpresa al exhumar un pozo en Aldeaseca donde esperaban haber encontrado los cuerpos, y solo hallaron unos huesos craneales, botones, minas de lapicero y un dedal. Con el transcurrir de los años, hay quien lo leyó en un libro o quien se encontró con la información en una página web: nunca fueron informados, pero sus familiares habían sido reinhumados en las criptas del gran mausoleo de Cuelgamuros, dedicado «a la memoria de los caídos en la gloriosa cruzada»; casi 34.000 víctimas de la Guerra Civil emparedadas en las criptas de las ocho capillas de la basílica, con una posición preeminente del dictador Francisco Franco y el fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera.

El primer vistazo al estado de las criptas se realiza en mayo de 2010. Muy poco antes de las elecciones del 20 de noviembre de 2011, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero forma una comisión de expertos para aportar ideas sobre el futuro del Valle. Los socialistas pierden las elecciones y el informe de ese grupo quedará guardado en un cajón durante años. No llega una buena noticia hasta el 9 de mayo de 2016, cuando un juez autorizó la exhumación de Manuel y Antonio Ramiro Lapeña. La primera inspección técnica, haciendo calas en las paredes, no se hace hasta noviembre de 2018. Un año después, se publica un informe técnico más en profundidad del estado de algunos osarios. Franco es el primer exhumado, en octubre de 2019. En 2020, comienza a trabajarse decididamente sobre el futuro del monumento. A día de hoy, todavía no se ha roto ningún tabique.

«No entendemos nada», expresa Silvia Navarro. «Nos llevan diciendo desde agosto de 2020 que en cualquier momento iban a entrar y no entran. Y mientras, se suceden otros proyectos de memoria. ¿No se podrían priorizar nuestras exhumaciones, ya que llevamos 12 años pidiéndolas oficialmente?».

El pasado 12 de abril, el Gobierno solicitó al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial una licencia urbanística para iniciar los trabajos de exhumación de los restos de 62 personas allí inhumadas. Patrimonio Nacional ha presentado en ese consistorio, al que pertenece territorialmente el Valle de los Caídos, una solicitud de obra mayor para acceder y afianzar el acceso a los diferentes niveles de criptas, la rotura de cerramientos y el aparataje necesario para entrar a ellas, con su iluminación, sus condiciones de seguridad y otras medidas que garanticen la seguridad de las estructuras. El estado arquitectónico del edificio no es bueno. Se realizó excavando roca y vaciando el interior de una montaña, una ubicación que produce filtraciones de agua, como ya se indicaba en el informe que realizó Patrimonio en el año 2011 y que concluía que la «humedad afectará a medio plazo sobre los elementos estructurales».

Hemos trabajado mucho buscando fórmulas para hacerlo, lo digo con el corazón en la mano, con todo mi respeto y cariño hacia los familiares

A la pregunta de este periódico de si el primer andamio se va a colocar antes de que acabe el mes de abril, Fernando Martínez, secretario de Estado de Memoria Democrática, contesta «ya me gustaría», pero el Ayuntamiento de San Lorenzo tiene un plazo de hasta tres meses para dar respuesta. «En el momento en el que nos den la licencia inmediatamente se inicia todo el proceso de acopio de materiales para poder entrar en las criptas, pero yo no puedo decir exactamente qué día porque no depende de nosotros», explica. «Nuestra voluntad más que clara es la de hacerlo cuanto antes», añade.

Eduardo Ranz, el abogado que abrió camino al resto de resoluciones gracias a la resolución positiva para los hermanos Lapeña, piensa que «independientemente del contenido de la solicitud de obra [que desconoce el detalle] y el plazo del Ayuntamiento de El Escorial, es un anuncio positivo». Pero añade que quieren que «se resuelva ya»: «Han pasado cinco años, dos gobiernos, muchos anuncios pero ninguna exhumación y lo principal es tener una fecha». Hace cuatro meses, cuando se concedieron las autorizaciones para exhumar —un papel que venían reclamando desde hace mucho tiempo— tanto Ranz como otros implicados pidieron por escrito que se les notificara cuándo iba a suceder: «y no nos han contestado». «Los familiares están agotados, al principio se movían entre la incertidumbre y la esperanza, y ahora pasan de un anuncio a otro».

El último escollo

Es la segunda vez que Patrimonio interviene sobre la basílica. La primera, como es sabido, fue para realizar la exhumación del dictador Francisco Franco en octubre de 2019. Aunque la comisión urbanística de San Lorenzo de El Escorial dio su visto bueno, la Fundación Francisco Franco realizó un informe que le sirvió a un magistrado, —que anteriormente se había manifestado contrario a la memoria histórica—, para paralizarlo durante unos días. Palos en las ruedas de un carro que de por sí anda renqueante, y que provocan la alerta en los familiares.

«No queremos lanzar campanas al vuelo», dice Joan Pinyol, cuyo abuelo, Juan Colom Solé, fue reinhumado dos veces en el Valle (la segunda fue un traslado de una cripta a otra), siempre sin conocimiento de la familia: «No es que no crea que se avance, pero falta ser más decidido». El municipio de la sierra madrileña que tiene que conceder el permiso está gobernado por PP y Ciudadanos, con el apoyo de Vox.

El secretario de Estado no valora la posibilidad de una dilación en los plazos por motivos políticos. «Este tipo de licencia es un proceso reglado, que no tiene que ir por Pleno y que la conceden los técnicos municipales. Nosotros deseamos que nos la puedan dar cuanto antes porque estimamos que se han preparado bien todos los requisitos», explica. «Estamos haciendo una cuestión de pura humanidad, de derechos humanos, que no es violentar nada ni abrir heridas, sino cerrarlas. Es un deber moral que tiene el Estado democrático de llevarlo a cabo y espero que no tengamos la misma situación que cuando se sacó a Franco», añade.

«Venimos trabajando desde hace mucho tiempo y de una manera muy denodada en este tema», recalca Martínez, al frente de la Memoria Democrática en esta legislatura y anterior director general de Memoria Histórica cuando este asunto pendía de Justicia y no de Presidencia, como ahora. «Hemos trabajado mucho buscando fórmulas para hacerlo, lo digo con el corazón en la mano, con todo mi respeto y cariño hacia los familiares, no ha habido día en el que el tema no estuviera sobre la mesa. Ahora tenemos presupuesto y podemos impulsar el proceso».

Durante este año de pandemia, el secretario explica que su equipo ha estado buscado la ubicación de los solicitantes, ha trabajado en un dossier sobre las identidades de estas personas, se han ajustado los presupuestos para llevarlo a cabo, se han tomado muestras genéticas, se ha creado un convenio con la unidad de medicina forense de la Universidad Complutense de Madrid y se ha buscado la viabilidad jurídica, que ha pasado por la fórmula de transferir una subvención de 665.000 euros para la fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Pero algunos de los familiares consultados no acaban de entender lo que la vicepresidenta Carmen Calvo denominó «carcasa jurídica». «La fundación está al cien por cien controlada por Patrimonio Nacional», recuerda Fernando Martínez, aunque durante años no ha rendido cuentas ni ha presentado presupuestos y el acuerdo con los benedictinos no ha sido renovado.

«Si la fundación es de Patrimonio, ¿porqué no lo ha hecho Patrimonio Nacional desde el principio? Me parece dar una vuelta de un año y medio para llegar al mismo sitio», reflexiona Silvia Navarro. Por otro lado, el hecho de que la fundación se vaya a extinguir en cuanto entre en vigor la futura ley de Memoria Democrática, dado que se creó en 1957 para administrar los bienes del Valle de los Caídos —con la finalidad de «rogar a Dios por las almas de los muertos de la Cruzada Nacional» e «impetrar las bendiciones del Altísimo para España»—, crea cierto recelo. «Es el único instrumento jurídico que se tenía para actuar en el Valle —explica el secretario de Estado—, aunque hayamos planteado su extinción, pero mientras existe, es una fundación pública, no es privada ni es religiosa, sino que es el propio Consejo de Administración de Patrimonio Nacional. El dinero se ha tenido que ubicar en la fundación y no en Patrimonio Nacional porque la única forma jurídica de intervenir en el Valle es esa».

La paciencia esquilmada de los familiares

Justo ahora se cumplen 13 años desde que Joan inició su batalla para sacar a su abuelo del Valle; en este tiempo, publicó un libro que se titula así, Avi, et trauré d’aquí! («abuelo, te sacaré de aquí», en catalán). «El de la licencia de obras no es el primer golpe de efecto que vemos. También en 2019 tuvimos la oportunidad de visitar las criptas y parecía que el Gobierno iba a dar luz verde y no fue así. Es un proceso muy lento que de vez en cuando sufre estos golpes o que pareciera ligado a unas elecciones, como ahora las de Madrid», opina. «Los nietos aún tenemos un margen pero los hijos, no. En diciembre perdí a mi tía, que ya nunca verá cómo su padre vuelve a su tierra de origen».

Fausto Canales espera, con paciencia, recobrar los restos de su padre y de su tío y llevarlos de vuelta a Pajares de Adaja (Ávila): «No hay que entorpecer lo que ya está conseguido tras muchos obstáculos», advierte. Canales agradece la «política de transparencia desde que está este Gobierno de coalición» y siente que «la inminencia» de los trabajos de exhumación «está condicionada a los obstáculos», de haberlos, por parte de las asociaciones que defienden que nada cambie en el Valle. Fausto no los descarta. «Habrá muchos problemas pero la voluntad es conseguirlo, el tema no se va a desatender», añade. Fausto, de 87 años, se siente «relajado» porque se encuentra «suficientemente bien informado siempre», sobre un propósito al que ha dedicado prácticamente todo su tiempo desde que se jubiló, tanto para sus familiares como para otros de su mismo pueblo a los que representa. «Es un hito que ya haya oficialmente una petición de una licencia de obras para que estas comiencen lo antes posible. El camino siempre ha sido intrincado pero la ley es la ley y la razón es la razón. El derecho que tenemos todos los familiares a recibir los restos de nuestros seres queridos es absolutamente innegable», afirma con seguridad.

De los más de sesenta expedientes, 31 de ellos vienen de Euskadi (por ahora, de estos tienen reconocido el derecho de exhumación 23), representados por Gogora, el Instituto de Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos de esta autonomía. «Las familias están ilusionadas, pero sobre todo quieren saber si van a poder exhumar o no», explica su directora, Aintzane Ezenarro. El caso vasco es muy diferente al resto del Estado. Allí se han exhumado todas la fosas, ya hay un banco de ADN y una base de datos de víctimas consultable online. «Sabemos que todo llega muy tarde», explica Ezenarro, «los familiares vivos tienen más de 80 años y algunos no están para lios, pero el hecho de que Gogora les ayuda con el papeleo y les anima, explica que haya tantos expedientes de Euskadi, así como el que hayamos publicado las listas, ya que hay mucha gente con desaparecidos que no sabían dónde estaban».

Las familias están ilusionadas, pero sobre todo quieren saber si van a poder exhumar o no

Eso le sucedió a Itziar Enparantza. Mientras buscaba online datos de su abuela, que había pasado la Segunda Guerra Mundial en Filipinas, se encontró con los apellidos familiares en el censo de Gogora. No sabía mucho de su tío abuelo, Benito Arteche Berastegui, un impresor que se alistó en el ejército vaco para luchar en la Guerra Civil. En su familia no se hablaba de él. «Mi madre tiene 80 años y está acostumbrada a callar sobre esto —relata Itziar—, le daba miedo, no quería revolver el tema. Luego se ha ido emocionando un poco. Para mí, como nieta, es diferente, no he tenido ese miedo y ha supuesto asomarme a una parte de la historia que desconocía». Itziar siente que «va lento»: «Nos dieron unos plazos que se van retrasando, parece que sigue habiendo reticencias, hay algunos que no entienden porqué se remueve. Para mí es un insulto que esté allí, que acabe enterrado allí una persona que ha ido a luchar contra todo lo que [el Valle de los Caídos] es».

Cuando Juan Ramón Sertucha, hoy con 84 años, se jubiló, se dedicó a completar su árbol genealógico remontándose hasta el siglo XVI. No había que irse tan lejos para encontrar varios agujeros muy recientes: desconocía el paradero de su abuelo y de dos de sus tíos. Uno de estos últimos, Santiago Sertucha, se alistó en un batallón, fue hecho prisionero y, cuando le ofrecieron seguir en la cárcel o ser carne de cañón en el bando sublevado, aceptó esto último. Fue herido y falleció en Zaragoza, donde Juan Ramón creía que estaba. Gracias a Gogora, tiene a Santiago ubicado en el Valle de los Caídos y espera traerle de vuelta a su pueblo, Erandio, en Bizkaia. «Para mí significa una recuperación de un derecho el que sus restos reposen en un lugar de acuerdo con su vida. Él nació en Erandio, su vida transcurrió allí y que esté enterrado en Madrid considero que no es lógico», explica Juan Ramón, que lamenta que la inferencia de la pandemia haya podido ralentizar el proceso.

Sabemos dónde está nuestro tío y sabemos que esas cajas en concreto están intactas… ¿y ahora nos dicen que el problema es que el Ayuntamiento de El Escorial tiene que dar permiso?

Leyendo un libro sobre la Guerra Civil se enteró Íñigo Jaca de que su tío ni había muerto de fiebres tifoideas ni estaba enterrado en la fosa de Zaragoza que de vez en cuando iban a visitar. En 1961 sus restos fueron trasladados al Valle de los Caídos, la madre de todas las fosas, como algunos especialistas la llaman. «A mí no me cabía en la cabeza que, habiéndose llevado su cuerpo, violando sepulturas y profanando cadáveres, encima nosotros tengamos que pedir que nos reconozcan el derecho a exhumarles», explica. «Nos han dado un reconocimiento con muchos condicionantes. Si se comprueba que [técnicamente] no se puede hacer, nosotros no vamos a pedir imposibles. Pero es lo que siempre le hemos dicho a la administración: ¡inténtenlo! Sabemos dónde está nuestro tío y sabemos que esas cajas en concreto están intactas… ¿y ahora nos dicen que el problema es que el Ayuntamiento de El Escorial tiene que dar permiso?». Para él, el reconocimiento del derecho era «muy importante». Con eso conseguido, piensa que se va «pasito a pasito logrando cosas». Jaca, que se siente «poco optimista», también piensa que el proceso «se está dilatando demasiado» y muchos desaparecen por el camino, como su propio hermano, que fue quien empezó a remover papeles en 2009 y que ha fallecido recientemente. «Las personas están desapareciendo y eso es algo absolutamente injusto».

Emiliano Aurrekoetxea Nieva era nacionalista vaco, montañero y cristiano. Se alistó en el ejercito vasco con 20 años y le hicieron prisionero. Le obligaron a cavar túneles con dinamita en el asedio de Madrid. Uno de los explosivos acabó con él. Su sobrina Clara Lopez Aurrekoetxea, se enteró gracias a que en un rodaje de un programa de televisión en el que entrevistaban a su sobrino, el periodista Iñaki López, conoció a un historiador archivista que consiguió ubicar a Emilio en el Valle; ella pensaba que estaba en el cementerio de Villaviciosa de Odón, en Madrid. Desde que se enteró, no paró de darle vueltas: «yo me lo traería, me decía todo el rato», recuerda Clara. Su hija llamó a Gogora y en diciembre de 2019 recibió la primera llamada del instituto para iniciar los trámites. Para ella, todo ha sido mucho má sencillo y rápido que para los que abrieron este camino.

Una cita en Madrid

La mayoría de los familiares quieren estar presentes cuando se abran las criptas y el secretario de Estado confirma que podrá ser así. Ahora mismo hay 62 casos sobre la mesa, hace un año eran 32; cuando estos trabajos comiencen, de manera inminente, es posible que otros muchos familiares se vean interpelados y cursen solicitudes la ver que las exhumaciones técnicamente viables se hacen realidad. La secretaría de Estado y Patrimonio Nacional seguirán admitiendo estas peticiones y dándoles respuesta. Pero más allá de estos casos, todos los restos de personas no solicitadas necesitan una solución, pues cada día que pasa el deterioro avanza. «Eso se va a acometer ahora. Una de las ideas al entrar a las criptas es darle dignidad al propio cementerio», explica Fernando Martínez. «Lo que hemos visto con los estudios previos es que en unos columbarios hay deterioro, esos se reubicarán y se les dará la dignidad que les falta».

Por otro lado, la salida de José Antonio Primo de Rivera sucederá en cuanto se apruebe la Ley de Memoria Democrática, ya que en ella se recoge que no puede haber ningún enterramiento en lugar preeminente y ese es el único que queda, bajo una losa en la nave central de la basílica.

https://www.eldiario.es/sociedad/inminencia-condicionada-obstaculos-exhumaciones-valle-caidos-esperan-firma-arquitecto-ayuntamiento-escorial_1_7802535.html

EL BARRANCO DE LA BARTOLINA, SÍMBOLO DE LA REPRESIÓN FASCISTA, DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL COMO LUGAR DE MEMORIA DE ARAGÓN

EMPLEADO POR EL FASCISMO COMO LUGAR DE FUSILAMIENTO MASIVO EN LA COMARCA DE CALATAYUD DURANTE LOS AÑOS DE LA GUERRA DE 1936 Y LOS PRIMEROS DE LA DICTADURA FRANQUISTA. SE ESTIMA QUE ENTRE 400 Y 500 PERSONAS FUERON ASESINADAS AQUÍ, VÍCTIMAS DE LA REPRESIÓN FASCISTA. RECIENTEMENTE FUE DECLARADO LUGAR DE MEMORIA DEMOCRÁTICA, TRAS MESES DE DEMANDAS DE LAS VÍCTIMAS Y ASOCIACIONES MEMORIALISTAS. AHORA SE CONVIERTE TAMBIÉN EN BIEN DE INTERÉS CULTURAL.

ARAINFO REDACCIÓN 25 ENERO, 2021

El Consejo de Gobierno del Ejecutivo aragonés ha aprobado este lunes un Decreto por el que se declara Bien de Interés Cultural, en la categoría de Conjunto de Interés Cultural, lugar de memoria democrática de Aragón, el Barranco de la Bartolina, ubicado en el municipio de Calatayud.

Esta figura de protección se aplica cuando se cumple algo más de año y medio de la aprobación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón, que contemplaba la posibilidad de declarar una serie de lugares de memoria, que se integran dentro del patrimonio cultural aragonés. Precisamente, el pasado mes de diciembre, la Plataforma de Asociaciones Memorialistas de Aragón, las víctimas de la represión del franquismo y sus familiares, reclamaron en las Cortes el cumplimiento de una Ley que «ha costado tanto sacar adelante» para que «se empiece a hacer justicia, que se devuelva la dignidad a las víctimas del franquismo, y que se sepa y conozca lo sucedido».

El primero de los lugares declarados como lugar de memoria democrática de Aragón fue, hace unas semanas, el Barranco de la Bartolina de Calatayud, donde podrían yacer los restos de cientos de víctimas de la represión fascista tras el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 contra la legalidad constitucional de la Segunda República. Este espacio representa uno de los lugares donde tuvo lugar la represión acaecida en la comarca de Calatayud, tanto durante los años de la Guerra de 1936, como en los primeros años de la dictadura franquista. Ahora, también se convierte en BIC, Bien de Interés Cultural.

La legislación aragonesa define el lugar de memoria democrática como «aquel espacio, construcción o elemento inmueble cuyo significado histórico sea relevante para la explicación del pasado de Aragón en términos de participación, defensa y lucha a favor de la democracia frente a la intolerancia y la dictadura en el marco histórico de la Segunda República española, la Guerra Civil y la dictadura franquista».

Con esta concepción del barranco como lugar de memoria se atiende asimismo una petición de la Asociación ARICO (Asociación por la Recuperación e Investigación Contra el Olvido), tras un año sin contestación, que venía demandando que este punto de la geografía aragonesa tuviera esta protección especial. Esta asociación se encargó de hacer una prospección para tratar de encontrar restos humanos allí, después de que una obra municipal en 1999 utilizara esta tierra en la construcción de un vertedero, imposibilitando la exhumación de las personas a las que allí les arrebataron la vida. Por este motivo, las y los familiares de los fusilados en el Barranco de la Bartolina tuvieron que asumir que sus parientes quedarían sepultados para siempre.

El Barranco de la Bartolina fue un lugar de fusilamiento masivo en la comarca de Calatayud durante la Guerra de 1936. El emplazamiento de la fosa común figura en el mapa de fosas del Ministerio español de Justicia, así como en la página del Sistema de Información del Patrimonio Cultural Aragonés. Según un estudio realizado por el historiador Nacho Moreno Medina en el marco del proyecto ‘Amarga Memoria’, y tal y como recoge de testimonios orales, este lugar, en el que se pudo asesinar a entre 400 y 500 personas, era el lugar de fusilamiento de gente de toda la comarca de Calatayud, que en el año 1936 englobaba muchos de los pueblos de los antiguos partidos judiciales de Calatayud, Ateca, Daroca y L’Almunia.

La regulación aprobada «conlleva la obligación por parte de la titularidad de estos lugares de trabajar con el departamento competente en su promoción y en materia de patrimonio cultural, además de a difundir su localización e interpretar lo sucedido en estos espacios, en colaboración con las entidades locales del entorno y, en su caso, con las universidades y entidades memorialistas de Aragón», apunta la DGA en una nota de prensa.

La creación de este espacio de Memoria, ubicado en una zona deshabitada entre las localidades de Calatayud y Terrer, servirá ahora para explicar a las futuras generaciones el horror vivido en aquel lugar y tratar de evitar el olvido. Como las Fosas de Caudé, en el sur de Teruel, o el Pozo de Ventafarinas, en los confines orientales de La Llitera, el Barranco de la Bartolina en un símbolo de la represión fascista en Aragón.

El Barranco de la Bartolina, símbolo de la represión fascista, declarado Bien de Interés Cultural como lugar de memoria de Aragón

Familiares recordando a las víctimas en el Barranco de la Bartolina. Foto: Miguel Ángel Capapé (ARICO)

LA FOSA COMÚN DE MUJERES ARROJA LUZ SOBRE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

POR JUAN MEDINA – 17 DE DICIEMBRE DE 2020

FARASDUES, ESPAÑA (REUTERS) – ARQUEÓLOGOS EN EL NORESTE DE ESPAÑA HAN DESCUBIERTO LA FOSA COMÚN DE 10 MUJERES ASESINADAS POR UN PELOTÓN DE FUSILAMIENTO FASCISTA EN LOS PRIMEROS DÍAS DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA, LLAMANDO LA ATENCIÓN SOBRE LA DIFÍCIL SITUACIÓN DE LAS MUJERES EN EL CONFLICTO QUE A MENUDO SE PASA POR ALTO.

Botones blancos bien conservados trazan un camino por algunas de sus espinas, los últimos vestigios de la ropa que vestían el día que fueron ejecutados el 31 de agosto de 1936 luego de ser arrebatados de sus casas en el pueblo de Uncastillo la noche anterior.

Sus cadáveres fueron arrojados a una fosa estrecha en el cementerio local de la vecina Farasdues, en la región de Aragón.

La abuela de Mari Carmen Ríos, Inocencia Aznares, estaba entre ellos.

«¿Por qué la mataron?» ¿Porque no pudieron encontrar a mi tío? ¿Porque sabía leer y escribir? ¿Porque ella votó por la república? … No sé … Nada de lo que hicieron tiene sentido ”, dijo Ríos.

Más de 500.000 personas murieron durante la guerra de 1936-1939. Las fundaciones históricas estiman que más de 100.000 cuerpos siguen desaparecidos, muchos en fosas comunes sin identificar.

El gobierno de coalición de izquierda aprobó un proyecto de ley en septiembre para financiar exhumaciones de fosas comunes como parte de los esfuerzos para «restaurar la memoria democrática».

La investigación académica sobre el conflicto, aunque extensa, se ha centrado abrumadoramente en la experiencia de los hombres, dijo Cristina Sánchez, quien investiga la violencia de la guerra civil contra las mujeres en la Universidad de Zaragoza.

“¿Dónde están todas las mujeres? … Ahora nos encontramos con que estuvieron presentes como víctimas de la violencia y como perpetradores ”.

Algunos fueron perseguidos por sus inclinaciones políticas o activismo, pero muchos más fueron asesinados como víctimas sustitutas de sus familiares varones, dijo. Los métodos de ejecución fueron igualmente salvajes para ambos sexos.

“Tenemos muertes por ahogamiento, muertes por ahorcamiento y la mayoría fue asesinada por un pelotón de fusilamiento”.

Las excavaciones en Farasdues comenzaron en noviembre, pero la masacre había permanecido alojada en la memoria colectiva de la zona durante décadas, dijo el arqueólogo Javier Ruiz.

“Llevarse a 10 mujeres de una vez no sucedió en muchos lugares, al menos no en Aragón … En Uncastillo estas 10 mujeres nunca han sido olvidadas”.

Junto a su tumba, los arqueólogos descubrieron otro sitio con los cuerpos de al menos siete hombres, que aún no se han identificado.

Para Ríos, la excavación desencadenó poderosos sentimientos de indignación, que luego dieron paso a una sensación de cierre: “Cuando dices ‘la encontramos, está allí, la vamos a enterrar con el abuelo’, honestamente me hace pensar muy feliz.»

Reporte de Juan Medina en Farasdues; Información adicional de Cristina Sánchez en Madrid; Escrito por Nathan Allen; Edición de Andrei Khalip y Alexandra Hudson

https://www.reuters.com/article/us-spain-mass-graves-women/womens-mass-grave-sheds-light-on-female-victims-of-spanish-civil-war-idUSKBN28R14W

Presentación de diapositivas 
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A 31 METROS BAJO EL SUELO: LA FOSA EN UN POZO DE VALLADOLID QUE LOS FALANGISTAS QUISIERON OCULTAR

LA ARMH DE VALLADOLID LOCALIZA EN EL INTERIOR DE UN POZO EN MEDINA DEL CAMPO RESTOS HUMANOS QUE PUEDEN PERTENECER A LAS HERMANAS MARÍA CRUZ Y MARÍA VICTORIA GARCÍA HERNÁNDEZ, DETENIDAS Y PASEADAS MIENTRAS COSÍAN UNA BANDERA ESPAÑOLA; Y DE FRANCISCO Y FELICIANO PÉREZ, UN PADRE Y UN HIJO DE APENAS 18 AÑOS. EN EL INTERIOR DEL POZO PUEDE HABER HASTA 40 PERSONAS. «SOLO QUEREMOS CERRAR NUESTRA HERIDA», DICE LA NIETA DE FRANCISCO.  MADRID – 13/11/2020 – ALEJANDRO TORRÚS

Las hermanas María Cruz y María Victoria García Hernández tenían 28 y 22 años en el verano de 1936. Vivían en el pequeño pueblo de Pozal de Gallinas (Valladolid) y se ganaban la vida como modistas. Fueron detenidas y ejecutadas extrajudicialmente por un grupo de falangistas en el mes de agosto del propio 1936. 84 años después de su asesinato no se conserva prácticamente nada de ellas. No hay fotos que permitan visualizar su rostro o una carta para adentrarnos en su pensamiento. Solo queda el recuerdo de una historia que se ha transmitido entre los miembros de la familia con más miedos que datos y un único objeto: un metro de medir. El mismo metro que las hermanas utilizaban en su trabajo como modistas y que utilizaban mientras ejecutaban su último encargo: una bandera oficial de España, o lo que era lo mismo: una bandera tricolor. El trabajo no fue finalizado. Un grupo de falangistas las sacó de su casa un 15 de agosto y en apenas unos días fueron fusiladas y hechas desaparecer.

Eusebio García guarda hoy el metro de las dos hermanas. Es el único objeto que permite recordar a sus dos tías, hermanas de su padre, también llamado Eusebio. La trágica historia de su familia le llegó por cuentagotas, con más silencios que datos. Y es que las hermanas no fueron los únicos miembros de la familia Garcia Hernández que fueron represaliados. Antes, un hermano fue ejecutado cuando pretendía huir en tren de la provincia de Valladolid. Es el caso de Bernardo García Hernández. Otros hermanos y el propio padre sufrieron condenas a prisión e incluso sufrieron las pésimas condiciones de la Isla de San Simón y del Fuerte de San Cristóbal, donde estaban recluidos el día que se intentó la fuga de presos más grande de la historia moderna de Europa. El padre de Eusebio fue el único de los hermanos que se salvó de la represión. «Mi padre nunca nos contó nada. Nunca. Fue mi madre la que nos contó algunos detalles, como, por ejemplo, que mi abuela siguió gritando durante años de dolor mientras dormía por las noches», explica Eusebio. 

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid acaba de localizar en el interior de un pozo cerca de Medina del Campo, a 31 metros de profundidad, restos humanos que podrían pertenecer a las dos hermanas. Su presidente Julio del Olmo explica a Público que hay motivos para ser optimistas y pensar que podrían ser los restos de las dos hermanas, aunque los detalles pueden resultar escabrosos. Por un lado, ha aparecido un cráneo que conserva perfectamente la cabellera en forma de moño, el peinado que utilizaba, según fuentes orales, una de las hermanas. Por otro, también han aparecido en el pozo los restos de un varón cuyos huesos muestran que todavía estaba en edad de crecimiento y, por lo tanto, podrían pertenecer a Feliciano Pérez Alma, un agricultor que en el verano de 1936 tenía 18 años y que también fue paseado junto a las modistas y junto a su propio padre, Francisco Pérez López, también agricultor, que fue detenido cuando trató de evitar que los falangistas se llevaran a su hijo para ya sabemos qué. 

La nieta de Francisco y sobrina de Feliciano, Andrea Pérez Benito, explica a Público las razones que tenían los falangistas para querer matar a sus familiares: «Mi tío cantaba en lo que era la Casa del Pueblo o por las calles. Era un joven alegre que le gustaba cantar y algunas de esas canciones celebraban la victoria de los republicanos en las elecciones de febrero de 1936. De hecho, según nos contaron, el propio 18 de julio de 1936 los falangistas ya fueron a por mi tío, que intentó huir y marchar al frente. Mi abuelo no le dejó, porque no había hecho nada y no tenía motivos para huir, pero el 15 de agosto vinieron a por él. Mi abuelo salió a defenderle y parece que incluso le dio un mordisco a uno de los falangistas de Olmedo (Valladolid). Se llevaron a los dos y los hicieron desaparecer», explica Andrea. 

La mujer guarda una foto de su abuelo con sumo cariño. Nunca pudo conocerlo. Su padre, de hecho, solo tenía 11 años cuando sucedieron los hechos, pero la imagen de Francisco Pérez está presente en un lugar especial de la casa de Andrea, que explica con pena que no tiene ninguna foto de Feliciano, el joven de 18 años. Andrea inició las gestiones para poder recuperar sus cuerpos hace más de 15 años cuando acudió a la ARMH de Valladolid.

Ella había escuchado siempre que sus familiares acabaron «en un pozo», pero no sabía a qué pozo se hacía referencia. Ahora la ARMH de Valladolid parece haber dado con la respuesta. «Sólo queremos cerrar nuestras heridas. Durante años hemos visto los nombres de los caídos por Dios y por España en cada pueblo y en cada iglesia. Y yo me preguntaba: ¿qué pasa con los miles de desaparecidos? Queremos que se les recuerde, que se les pueda honrar y dignificar el lugar donde sus restos descansarán», prosigue Andrea. 

Los cuatro fusilados de Pozal de Gallinas, sin embargo, no estarían solos en este pozo convertido en fosa por los falangistas. Simplemente, según los datos que maneja el presidente de la Asociación Julio del Olmo, serían los cuatro últimos cuerpos que fueron lanzados al pozo en cuestión. Tras ellos, los falangistas lanzaron kilos y kilos de escombro e incluso restos de animales muertos que trataban de enmascarar el terrible olor que salía del pozo y que permitía descubrir el lugar donde los falangistas habían arrojado los cuerpos. Pero antes que a ellos, y por tanto a más profundidad en el pozo, estarían los cuerpos de otras víctimas de las sacas falangistas en los primeros días de Guerra Civil tras el golpe de Estado del 18 de julio. 

«Creemos que en esta poza están las dos hermanas y el hombre y el hijo de Pozal de Gallinas; otros cinco hombres de Rodilana y otros cinco de Gomeznarro. Eso serían 14 personas. Sin embargo, también hay relatos que sitúan aquí un número indeterminado de víctimas procedentes de Rueda, que podrían ser siete u ocho hombres más otro número indeterminado de personas procedentes de Medina del Campo», explica Julio del Olmo. Según sus cálculos, y siempre utilizando el condicional, podría haber en esta fosa alrededor de 40 víctimas de la represión franquista. 

La labor de localización de este pozo y su apertura ha sido titánica. El lugar estaba completamente cerrado con escombros, restos de animales como cabezas de oveja, de vaca, patas… y kilos y kilos de tierra. Todo se había pensado para que los desaparecidos no aparecieran jamás. Pero la ARMH de Valladolid consiguió localizar la ubicación del pozo a través de imágenes aéreas tomadas en 1941 y otra tomada en 1956 por un avión norteamericano. Tras tres meses de trabajo comenzaron a aparecer los restos humanos.

Ahora, la asociación memorialista vallisoletana explica que esperarán a la llegada de la primavera para proseguir con los trabajos cuando hayan recibido una nueva subvención de la Junta de Castilla y León que permita financiar los trabajos y cuando el tiempo permita trabajar en mejores condiciones que las actuales. Las familias contactadas por este diario esperan, de momento, con una calma tensa. Hay razones para creer que los suyos están en ese inhóspito lugar. Pero solo es el principio del camino. Todavía queda la exhumación, la búsqueda del resto de cuerpos y, por último, realizar las pruebas de ADN que puedan confirmar la identidad de las víctimas.

«Nos esperan unos trabajos por delante muy complicados. Ahí abajo no puedes estar de pie ni sentado. Son condiciones de trabajo muy duras. Pero lo importante es que los hemos encontrado. Hay hasta cuatro zapatos diferentes en apenas un metro cuadrado. Los echaron a este pozo para que nunca los encontraran, pero lo hemos conseguido«, zanja Julio Del Olmo. 

https://www.publico.es/politica/31-metros-suelo-fosa-pozo-valladolid-falangistas-quisieron-ocultar.html

Foto general de ‘El Pozo’, situada a escasos kilómetros de Medina del Campo, donde la ARMH de Valladolid ha encontrado restos humanos a 31 metros bajo tierra.-. — ARMH VALLADOLID

«SE NOS ACABA EL TIEMPO»: LAS FAMILIAS SIGUEN SIN PODER RECUPERAR LOS RESTOS DE REPRESALIADOS DEL VALLE DE LOS CAÍDOS

A PESAR DE QUE PATRIMONIO NACIONAL AUTORIZÓ ESTOS TRABAJOS, NO HAY NOTICIAS DE LAS EXHUMACIONES EN LAS CRIPTAS DE CUELGAMUROS QUE LOS HIJOS DE LOS FUSILADOS PERSIGUEN SIN DESCANSO: «MUCHOS TENEMOS 80 Y 90 AÑOS» 

ASÍ ES LA MAYOR FOSA COMÚN DE ESPAÑA: MÁS DE 33.000 RESTOS HUMANOS EN OCHO CAPILLAS DEL VALLE DE LOS CAÍDOS

MARTA BORRAZ – 24 DE OCTUBRE DE 2020 

Una de las primeras cosas que hizo Jesús Cansado cuando compró una moto Vespa fue viajar hasta la fosa común en la que el régimen franquista había enterrado a su padre tras asesinarle en 1936. Hacía poco que sus restos, como los de muchos otros represaliados, habían sido trasladados al Valle de los Caídos, pero pisar el lugar vacío en el que durante más de 20 años había yacido José Cansado Lamata, jornalero y afiliado a la UGT, fue para él un alivio. Pudo llevarse algunos restos que quedaban, cuenta, «aunque podían ser de cualquier compañero», y al morir su madre, decidió enterrarlos junto a ella. Hoy Jesús está a punto de cumplir 89 años y sigue en una lucha que le ha llevado «prácticamente toda la vida». Porque lo que verdaderamente espera es a que, por fin, su padre pueda salir de Cuelgamuros para trasladarle a su pueblo, incinerarle y así «quedarme en paz», dice al otro lado del teléfono.

La suya es una de las muchas familias que, décadas después, siguen peleando por que el Estado exhume los restos de sus seres queridos, víctimas de la dictadura y enterrados sin permiso en el mayor monumento erigido para exaltar la victoria de Franco. Se ha cumplido un año desde que su momia salió, pero ellos esperan todavía. Eso a pesar de que Patrimonio Nacional autorizó el pasado noviembre los trabajos tras un informe técnico favorable del CSIC. Entonces había 31 solicitudes, hoy son unas 50. Parecía el paso definitivo, pero de momento en la mayor fosa común de España siguen enterrados 33.815 cadáveres, entre víctimas de la Guerra Civil (también del Ejército franquista) y represaliados de la dictadura.

Desde la vicepresidencia Primera del Gobierno y Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática insisten en que se están ultimando los trámites y remiten a las palabras que Carmen Calvo pronunció justo esta semana en el Senado, donde garantizó que estas exhumaciones se llevarían a cabo: «No podemos seguir produciendo más dolor e indignidad», señaló. El proceso es independiente de la Ley de Memoria Democrática aprobada en Consejo de Ministros el pasado septiembre que, no obstante, reserva un artículo para el Valle de los Caídos. Su futuro es «la resignificación», estipula la norma, y el carácter de «cementerio civil» de los enterramientos, pero aún no hay un plan concreto sobre la mesa. El Gobierno «intentará» que la ley esté lista antes del verano de 2021, pero está aún en trámite y su naturaleza augura un fuerte enfrentamiento en el Congreso, por lo que hay cosas que pueden cambiar.

«La gente está muy cansada»

«Éramos siete y ahora somos cuatro hermanos. El mayor tiene 98. Tenía 14 cuando se llevaron a mi padre. Y tengo otros dos por encima de los 84. Ese es el motivo por el que queremos llegar hasta el final. Porque aún quedamos cuatro y no se puede comprender que 80 años después estemos así», relata Jesús, emocionado. Recuerda con precisión todos los días y los años de cada momento importante de su historia, fijados en una memoria a prueba del paso del tiempo. «Fue el 22 de septiembre de 1936. El pueblo estaba tomado por las tropas de Franco y le llamaron para que prestara declaración en el Ayuntamiento. Le retuvieron junto a otros 11 hombres, entre ellos su hermano», cuenta. Formaban el grupo conocido como ‘los 12 de Ateca’, el pueblo de Zaragoza en el que vivían. Tras pasar un mes presos en el mercado de abastos de Calatayud, les asesinaron camino a Zaragoza obligándoles a cavar su propia fosa. En 1959 los 12 fueron trasladados a Cuelgamuros. Jesús tenía cinco años.

La suya es también una de las familias que en los últimos diez años han acudido a los tribunales en busca del derecho a exhumar los restos. A día de hoy solo cuenta con sentencia favorable la de los hermanos Lapeña, Manuel y Antonio Ramiro, fusilados en 1936. Aún así, y a pesar de que el fallo se emitió en 2016, tampoco han podido recuperar sus restos. «No es que haya pasado un año desde que Patrimonio Nacional lo autorizó, sino que ya van cuatro desde la sentencia. Esto se está demorando mucho y seguimos sin fecha. Es un momento en el que se nos acaba el tiempo y los anuncios políticos van por un lado y por otro los hechos», lamenta Eduardo Ranz, abogado de muchas de estas familias.

Todos apuntan a la misma realidad: aunque en muchos casos son sus hijos y nietas los que siguen con la pelea, las edades de muchos de los descendientes de los represaliados son muy avanzadas. Ya hace unos tres meses que varias de estas familias enviaron una carta al Ejecutivo pidiéndole que reactivara los trabajos. Aunque comprenden las circunstancias extraordinarias en las que está sumido el país por la pandemia de coronavirus, insisten en ello porque temen que se siga alargando en el tiempo. Y que esto, en la práctica, suponga para muchos no llegar a ver nunca cómo sus seres queridos salen del mausoleo franquista.

«La menor de los hijos es Mercedes, que tiene 86 años y el mayor es Pascual, el hermano de Jesús, que tiene 96. A mí el otro día me llamó una señora que vive en Málaga llorando, me decía que qué iba pasar si se moría y no podía llevarse los restos de su padre con ella, que no podía esperar más. A muchos, además, la pandemia les ha pasado factura en cuestiones de salud», relata Silvia Navarro, presidenta de la Asociación de Familiares Pro Exhumación de los Republicanos del Valle de los Caídos.

El proceso que llevan a cuestas, dice, «es ya muy angustioso» porque son «muchos años y la gente está muy cansada». Silvia busca junto a su madre los restos de su tío abuelo, José Antonio Marco Viedma, fusilado el 2 de septiembre de 1936 tras ser secuestrado en su casa por un grupo de agentes de policía, falangistas y guardias civiles. En 1959, igual que el padre y el tío de Jesús, fue trasladado al Valle de los Caídos. «Tienes la sensación de que se dilata, se dilata…y no acaba de llegar», cuenta la mujer. Otro caso que se suma a las peticiones es el de Mercedes Abril, que ha dedicado toda su vida a recuperar a su padre Rafael, militante del PSOE y al que vio por última vez cuando solo tenía tres años.

Su objetivo es llevarse los restos a Valladolid, a dónde la familia se trasladó tras el fusilamiento, para enterrarlos con su madre. Jesús también habla de algo similar: «En el día de los santos inocentes del 39 nos fuimos a vivir toda la familia a Zaragoza, a casa de una hermana de mi madre que no tenía hijos», explica. Él, dice, apenas puede moverse ya, pero espera que su hijo Francisco sí pueda ir a las puertas de Cuelgamuros a por lo que quede de su padre y llevarlo a Ateca. «A la entrada del cementerio hay un monolito que hicimos los que quisimos aportar dinero con una lápida de mármol en la que están los nombres de los 42 hombres que mataron en el pueblo. El suelo está lleno de flores… Ahí es donde queremos depositar las cenizas». Según ha calculado la organización Innovation and Human Rights (IHR), al Valle llegaron restos de prácticamente todos los puntos de España: de Madrid hay 4.083 cadáveres, seguida de Tarragona con 3.902 y Zaragoza con 3.691.

El futuro del Valle, en el aire

Aunque el proceso ya diera comienzo antes de que Vicepresidencia aprobada la Ley de Memoria Democrática, esta blinda el derecho de las familias que soliciten la entrega de los restos de las víctimas inhumadas en el Valle. Para el caso de imposibilidad técnica –es posible que debido al deterioro, algunos nunca puedan recuperarse– el anteproyecto acuerda «medidas de carácter simbólico y moral». Aún así, muchos de estos cadáveres quedarán sin identificar y sin reclamar por nadie, por lo que el Ejecutivo prevé dar naturaleza al complejo de «cementerio civil».

Pero al margen de las exhumaciones, al Valle de los Caídos le queda todavía otra gran asignatura pendiente. Tras la salida de Franco hace un año, sigue en el aire cuál será su futuro. El Gobierno ya se comprometió a mover el cadáver del fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera, a una zona menos «preeminente» que la actual, a un lado del altar de la basílica. También a expulsar a los monjes benedictinos y extinguir la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, algo que está explicado literalmente así en el anteproyecto. Pero cómo resignificar el mausoleo que ordenó construir el dictador, en parte con trabajos forzosos, deberá todavía «estudiarse», señalan fuentes de la Vicepresidencia, que reconocen que no hay aún ningún plan concreto.

Explican, eso sí, que «el espíritu» será el que viene en el anteproyecto, que estipula que la resignificación «irá destinada a dar a conocer las circunstancias de su construcción, el periodo histórico en el que se inserta y su significado, con el fin de fortalecer los valores constitucionales y democráticos». Una referencia que probablemente tomará el Ejecutivo será el Informe para el Futuro del Valle que encargó en 2011 José Luis Rodríguez Zapatero. En este sentido, Carme Molinero, doctora en Historia Contemporánea por la Universidad de Barcelona y miembro del Comité de Expertos que lo elaboró, apremia a «no esperar más» porque «aunque son momentos difíciles a nivel económico se puede hacer algo sencillo y luego profundizar. La exhumación de Franco fue el primer paso y es condición necesaria, pero no suficiente. Ya ha pasado un año».

Algunas voces han pedido su demolición, pero la experta se muestra en contra y se imagina esa resignificación como una especie de centro de interpretación «previo a que el visitante entre a la basílica y al monasterio» y en el que se explique y contextualice qué está viendo. «Es importante que se entienda la simbología y la historia, lo que significó la imposición de determinados valores a la sociedad y lo que implicó para los derrotados de la Guerra Civil, cómo fue construido, que se hizo con mano de obra de presos políticos y la magnitud de la represión», ejemplifica Molinero. «Lo que no se puede es dejarlo como está», reitera la experta.

https://www.eldiario.es/sociedad/acaba-tiempo-familias-siguen-recuperar-restos-represaliados-valle-caidos_1_6316043.html

Algunas de las personas enterradas en el Valle de los Caídos a las que buscan sus familiares Asociación de Familiares Pro Exhumación de los Republicanos enterrados en el Valle de los Caídos

UN AÑO SIN FRANCO EN EL VALLE DE LOS CAÍDOS PERO CON VÍCTIMAS REPUBLICANAS TODAVÍA «SECUESTRADAS»

FAMILIARES DE VÍCTIMAS REPUBLICANAS ENTERRADAS EN EL VALLE DE LOS CAÍDOS RECLAMAN AL GOBIERNO SU «INMEDIATA» EXHUMACIÓN. EL ABOGADO EDUARDO RANZ RECUERDA QUE HAY UNA SENTENCIA JUDICIAL QUE PERMITE LA EXHUMACIÓN DE LOS HERMANOS LAPEÑA. EL GOBIERNO ASEGURA QUE ATENDERÁ LAS PETICIONES DE LAS FAMILIAS QUE QUIEREN EXHUMAR A SUS SERES QUERIDOS DEL VALLE DE LOS CAÍDOS.

ALEJANDRO TORRÚS MADRID 23/10/2020

Apenas unas semanas antes de la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, Mercedes Abril, de 87 años, atendió a Público en su domicilio de Valladolid para reclamar lo mismo que llevaba 40 años pidiendo: sacar a su padre del Valle de los Caídos. «Le prometí a mi madre que sacaría a papá del Valle de los Caídos. Me importa tres pepinos lo que hagan con Franco«, decía esta mujer. Su padre, Rafael Abril Avo, es una de los miles de víctimas de republicanos de la Guerra Civil cuyo cuerpo fue trasladado sin permiso de la familia al Valle de los Caídos donde, posteriormente, enterrarían a su verdugo: el dictador Francisco Franco. En aquel momento, septiembre de 2019, la exhumación del dictador planeaba en el horizonte como el primer paso de un recorrido que permitiría, por un lado, recuperar los cuerpos reclamados por las familias y, por otro, comenzar la resignificación del que era, hasta la fecha, el mausoleo del dictador.

Sin embargo, este sábado se ha cumplido un año de la exhumación del dictador y el Gobierno ya ha aprobado un Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática que contempla la «resignificación» del monumento. Sin embargo, las familias continúan sin saber cuándo podrán recuperar a los suyos. Así lo lamenta, por ejemplo, Silvia Navarro, portavoz de la Asociación de Familiares Pro Exhumación de los Republicanos del Valle de los Caídos, el abogado Eduardo Ranz, que representando a las diferentes familias que integran la asociación, entre ellas, la familia Lapeña, que consiguió una sentencia judicial que reconocía el derecho de la familia Lapeña a recuperar los restos de los dos hermanos que habían sido enterrados contra su voluntad en el Valle de los Caídos.

«Nosotros siempre hemos dicho que preferíamos recuperar a nuestros familiares que la exhumación del dictador. La primera vez que lo pedimos fue entre 2008 2009. Hace 11 o 12 años ya. Llevamos mucho tiempo en esta pelea. Pero seguimos esperando. La Secretaría de Estado de Memoria Democrática nos ha trasladado que están dispuestos a hacerlo y que van a trabajar para conseguirlo, pero de momento, en la práctica, no se ha hecho. Hay que decir, no obstante, que hemos recibido un trato exquisito por parte de la Secretaría de Estado, pero no es suficiente. Hay familiares que siguen muriendo o enfermando y que ya no sabemos si podrán disfrutar de sacar a su padre o abuelo del Valle de los Caídos», explica Silvia Navarro a Público.

La propia vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, reiteró este martes en el Senado la voluntad del Ejecutivo de dar satisfacción al deseo de las familias de recuperar a los suyos. Paco Ferrándiz, asesor de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, también corrobora la voluntad del Gobierno de proceder a las exhumaciones lo antes posible en una entrevista con Público publicada este mismo sábado. Ferrándiz explica que el Ejecutivo está buscando la fórmula para hacerlo con la mayor seguridad jurídica posible, pero los familiares de las víctimas sienten que se les acaba el tiempo y la exhumación nunca llega.

Miguel Ángel Capapé es la pareja de Purificación Lapeña, nieta de uno de los hermanos Lapeña, enterrados en el Valle de los Caídos contra la voluntad de sus familias y protagonistas de una victoria judicial de su familia que daba el visto bueno a su exhumación. La sentencia llegó hace ya más de cuatro años y desde entonces, y a pesar de haber podido visitar las criptas, no ha conseguido materializar el deseo de recuperar los cuerpos de los hermanos Lapeña.

«No entendemos que la exhumación de Franco pudieran resolverlo rápidamente y que con nosotros siga habiendo problemas y no se produzcan las exhumaciones. Entendemos que lo de Franco era más mediático, pero nuestros familiares fueron republicanos asesinados y posteriormente secuestrados en el Valle de los Caídos. Contamos con una sentencia firme de hace cinco años y no se cumple. A nuestro entender es mucho más fácil sacar a nuestros familiares que sacar a Franco. No entendemos en qué consiste este chiste«, señala Capapé, que también ostenta el cargo de presidente de la Asociación por la Recuperación e Investigación Contra el Olvido.

La lucha de la familia de los hermanos Lapeña y de otras nueve familias, como la de Silvia Navarro, Mercedes Abril, Maribel Luna Baragaño o Fausto Canales comenzó en el año 2008. La mayoría de estas familias conocieron, gracias a una tesis doctoral, que sus familiares estaban en el Valle de los Caídos sin su conocimiento ni permiso. Comenzaron entonces un largo periplo judicial por tribunales españoles e internacionales. Pero todas las denuncias acababan en el mismo cajón: archivados. Hasta que el abogado Eduardo Ranz presentó ante el juez de primera instancia de El Escorial en 2015 una demanda de la familia Lapeña que pedía exhumar a sus seres queridos conforme al artículo del Código Civil que reconoce el derecho a la «digna sepultura». El juez admitió la demanda y terminó dictando sentencia a favor de la familia Lapeña.

El resto de familias trataron de acudir a los tribunales con el mismo argumento que Lapeña, pero el entonces ministro de Justicia del Partido Popular, Rafael Catalá, impulsó una reforma del Código Civil que eliminaba el citado artículo con la excusa de que estaba «en desuso». La vía iniciada por la familia Lapeña y el abogado Ranz tocaba a su fin. Comenzó entonces un larga batalla con Patrimonio Nacional y el Gobierno para que reconociera su derecho a exhumar a los familiares.

La propia Mercedes Abril hizo llegar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, nada más llegar al poder, una carta en la que transmitía lo siguiente: «Llevo muchos años luchando para que me devuelvan los restos mortales de mi padre, inhumados en el Valle de los Caídos desde que fueron trasladados allí desde Calatayud, sin el consentimiento ni el conocimiento de mi familia, en abril de 1959. […] Muchas veces me pregunto si lo que algunos están esperando es a que nos muramos, aunque también le digo, señor Presidente, que nuestros hijos y nietos nos relevarán si es necesario».

El presidente del Gobierno contestó a la carta con el compromiso de dar solución a su petición y la vicepresidenta Calvo ha sido la última en decir públicamente que el Gobierno reconocerá el derecho a recuperar a sus familiares a las familias que tienen víctimas en el Valle de los Caídos. Sin embargo, las familias consultadas por este periódico coinciden en un mismo mensaje: el único anuncio que quieren escuchar es el día y la hora del inicio de los trabajos de exhumación.

«Hemos hablado con el secretario de Estado de Memoria y también nos dijo que nos van a notificar la decisión de Patrimonio que nos reconoce el derecho a exhumar. Pero es que ya llegamos muy tarde. Agradecemos el trato que recibimos, de verdad, pero necesitamos que esta situación avance», incide Silvia Navarro. En esta misma línea se manifiesta Miguel Ángel Capapé, que señala que desde la Secretaría de Estado les han explicado que están trabajando y «está todo muy avanzado», pero que, a estas alturas, resulta insuficiente: «Lo que queremos es una fecha concreta y la certeza de que se va a hacer de manera inmediata».

El abogado de las familias reunidas alrededor de la Asociación de Familiares Pro Exhumación de los Republicanos del Valle de los Caídos, Eduardo Ranz, también comparte su desconcierto con Público. Él, de hecho, estuvo como asesor del Ministerio de Justicia durante el mandato de Pedro Sánchez hasta junio de 2019.

Los impedimentos que decían que podía haber entendemos que están superados desde el momento en el que se produjo la exhumación del dictador. Al principio la excusa era el Prior pero en el momento que se exhumó al dictador, entendemos que este obstáculo está superado. También se habló del anterior responsable de Patrimonio, pero fue cesado. Así que no entendemos qué inconvenientes puede haber ahora. De cualquier modo, recordar que no estamos pidiendo un favor. Estamos pidiendo que se cumpla una sentencia judicial», señala Ranz. 

El balón está ahora en el tejado del Ejecutivo, que tendrá que anunciar cuándo inicia los trabajos de localización e identificación de las alrededor de 50 familias que han solicitado recuperar a los suyos. El Ejecutivo pide paciencia porque los trabajos se van a ejecutar. Las familias recuerdan que el reloj no se detiene y al calendario se le siguen cayendo las hojas.

https://www.publico.es/politica/ano-franco-valle-caidos-victimas-republicanas-todavia-secuestradas.html?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=web

El Valle de los Caídos.- EFE

«CHUPADORES DE SUBVENCIONES»: ASÍ DEFINE A LOS ARQUEÓLOGOS EL ALCALDE DE CIUDADANOS QUE BLOQUEA LA BÚSQUEDA DE UNA FOSA DEL FRANQUISMO

EL PRIMER EDIL DE ALMADÉN DE LA PLATA (SEVILLA), CARLOS RAIGADA, IMPIDE ABRIR UNA FOSA COMÚN EN EL CEMENTERIO LOCAL Y ACUSA A LOS EQUIPOS ARQUEOLÓGICOS DE BUSCAR “MÁS ALIVIAR SUS BOLSILLOS” QUE “EL DOLOR DE LAS FAMILIAS DE LOS FUSILADOS”

— LA FOSA DEL FRANQUISMO SIN ABRIR (Y CON POLÉMICA) EN UN PUEBLO DE SEVILLA GOBERNADO POR CIUDADANOS

JUAN MIGUEL BAQUERO – 27 DE AGOSTO DE 2020 – @JUANMIBAQUERO

«LES IMPORTA MÁS ALIVIAR SUS BOLSILLOS QUE ALIVIAR EL DOLOR DE LAS FAMILIAS DE LOS FUSILADOS». CON ESTA ACUSACIÓN SE HA DESCOLGADO EL ALCALDE DE ALMADÉN DE LA PLATA (SEVILLA), CARLOS RAIGADA (CIUDADANOS), PARA CRITICAR A LOS ARQUEÓLOGOS QUE BUSCAN FOSAS COMUNES DEL FRANQUISMO. EL EDIL SALE ASÍ AL PASO DE LA POLÉMICA POR EL BLOQUEO A LOS TRABAJOS PARA INDAGAR LA POSIBLE EXISTENCIA DE VÍCTIMAS DE LOS GOLPISTAS ENTERRADAS EN EL CEMENTERIO LOCAL, COMO CONTÓ ELDIARIO.ES ANDALUCÍA.

El proyecto arqueológico cuenta con financiación de la Junta de Andalucía (de 11.000 euros) desde el año pasado y tiene una retención de crédito en 2020 «por si se desbloquea la negativa del alcalde», según las fuentes consultadas por este medio. El Ayuntamiento, sin embargo, impide entrar en el camposanto porque el proyecto inicial –aprobado la anterior legislatura– señalaba como lugar probable de la tumba colectiva con hasta 32 víctimas fuera del cementerio.

Se trata de la única búsqueda de fosa aprobada y con financiación de la Junta de Andalucía que está pendiente de realizar. En el curso anterior fueron ejecutadas otras tareas arqueológicas, asociadas al mismo concurso público que Almadén, en localidades sevillanas como Alcalá del Río, Salteras o Benacazón.

«El alcalde negó tajantemente que ahí se podía hacer nada, ni fuera ni dentro del cementerio», sostiene el arqueólogo autor del informe preliminar, Miguel Ángel Vargas. «El Ayuntamiento de Almadén de la Plata impide la exhumación de 32 víctimas del franquismo», asegura también la vocal del Comité Técnico de Coordinación de Exhumaciones de la Junta de Andalucía, Concha Morón.

El alcalde, sin embargo, niega la mayor y tacha a los arqueólogos de «chupadores de subvenciones» que «siempre andan a la caza de algún Alcalde despistado» porque «les importa más aliviar sus bolsillos que aliviar el dolor de las familias de los fusilados», según un comunicado que publica en redes sociales.

«Mucho Lorca y les importa el puñetero dinero»

«Mucho Romance del amargo, mucho Camarón, mucho García Lorca y mucha fosa común, pero al final lo que les importa es el puñetero dinero», arranca su escrito el alcalde de Almadén de la Plata, único pueblo en Sevilla con Ciudadanos como partido más votado: gobierna el Ayuntamiento con mayoría absoluta, con cinco concejales por cuatro socialistas.

Andalucía, por su parte, suma un tercio de la represión golpista en toda España, con al menos 45.566 víctimas ejecutadas por el franquismo y arrojadas a 708 fosas comunes, según el Mapa de Fosas de la Junta de Andalucía. Cifras que superan al terrorismo de Estado ejercido en las dictaduras de Argentina y Chile, juntas. La mayoría de los desaparecidos forzados en suelo español, siguen tirados en fosas y cunetas.

Para el alcalde, la realidad es diferente: «Si algo me ha enseñado la experiencia después de un año de gobierno es que a estos chupadores de subvenciones que siempre andan a la caza de algún Alcalde despistado, les importa más aliviar sus bolsillos que aliviar el dolor de las familias de los fusilados», denuncia Raigada.

Cronología de una «subvención» (que no es tal)

El alcalde de Ciudadanos establece en su publicación un relato cronológico que arranca cuando «en el año 2017 el Ayuntamiento de Almadén pide una subvención para que se busquen y exhumen los restos de fusilados durante la Guerra Civil en nuestro municipio». Aunque las tareas arqueológicas no están asociadas a una «subvención» sino a un concurso público que logra una empresa en concurrencia competitiva con otras propuestas.

Para presentar el proyecto a la Junta, el Consistorio «encarga un informe técnico a un arqueólogo de la localidad donde se debe expresar el lugar donde deben buscarse los restos mortales de los fusilados», explica Carlos Raigada. El expediente señala «que dentro del cementerio no hay restos ni ninguna fosa común», subraya el edil naranja.

El propio autor de ese informe, el arqueólogo Miguel Ángel Vargas, matiza que se trata «de una hipótesis, una propuesta de trabajo, y esto no son documentos cerrados sino que pueden evolucionar y cambiar». Como ha ocurrido en Almadén, donde nuevos testimonios apuntan la posibilidad de que las víctimas estén enterradas dentro del cementerio.

«Pero resulta que 8 meses después el arqueólogo de la localidad se trastorna y dice que hay que excavar dentro del cementerio municipal porque quizás se da cuenta que excavar dentro del cementerio es más beneficioso para el bolsillo del personal subvencionado que excavar en las traseras del cementerio como indica su propio informe técnico», acusa el alcalde. Dentro, entiende, «apenas implica costes para el personal subvencionado».

«Todo esto invita a pensar que lo importante para este tipo de gente no es buscar los cuerpos en los sitios donde se puedan encontrar, sino buscarlos donde más barato les sale a ellos», según Raigada. El propio experto aludido por el regidor de Ciudadanos responde en la misma publicación en redes sociales explicando la evolución del proyecto.

El arqueólogo tilda de «irreverente» la acusación de «chupadores de subvenciones», un comentario que entiende «fuera de lugar e impropio del primer edil de un pueblo». «Es una licitación pública de la consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía –adjudicada a «una UTE formada por tres arqueólogos–, que quede claro que no es una subvención, ni los arqueólogos somos cazadores de subvenciones», en palabras de Miguel Ángel Vargas.

https://www.eldiario.es/andalucia/sevilla/chupadores-subvenciones-define-arqueologos-alcalde-ciudadanos-bloquea-busqueda-fosa-franquismo_1_6183173.html

Trabajos arqueológicos de septiembre de 2019 en el cementerio de Salteras (Sevilla) JMB

EL HIJO ROBADO DE MARÍA PÉREZ LACRUZ, LA ÚLTIMA MUJER FUSILADA POR EL FRANQUISMO

NO LLEGÓ A VER A SU BEBÉ, NACIDO EN 1940, Y FUE CONDENADA A LA PENA CAPITAL EN 1942, SIN QUE FUERA PROBADA NINGUNA DE LAS GRAVES ACUSACIONES QUE SE LE HICIERON.

FÉLIX POBLACIÓN – WWW.DIARIODELAIRE.COM – 20 AGO 2020

Entre una de primeras mujeres fusiladas por la dictadura franquista en Madrid y posiblemente la última, ejecutada en Paterna (Valencia), se dan dos coincidencias: las dos eran libertarias y las dos fueron madres poco antes de su asesinato.

La víctima de Madrid había nacido en Valladolid en 1909 y se llamaba María de la Salud Paz Lozano Hernández. Ingresó en la prisión de Ventas en diciembre de 1939, después de haber dado a luz a su hijo cinco meses antes. El bebé murió de una bronconeumonía, según el certificado expedido por el médico de la cárcel el 16 de enero de 1940. Su padre, Florentino Salcedo, preso también en la cárcel de Santa Rita, fue fusilado en el Cementerio del Este al día siguiente. El 19 de enero harán lo mismo con su compañera, María Lozano. Son, en efecto, dos de los 3.000 nombres de las víctimas fusiladas por la dictadura franquista que el actual gobierno municipal de la derecha erradicó en noviembre de 2019 del lugar en el que daban testimonio de nuestra memoria democrática en el Cementerio del Este y a las que se les rindió un homenaje el pasado 5 de julio.

A María Pérez Cruz (Teruel, 1917) la llamaban La Jabalina porque su madre era natural de Javaloyes, en la Sierra de Albarracín. Cuando solo tenía 6 años, su familia hubo de trasladarse a Sagunto en busca de unas mejores condiciones de vida. En esa localidad, con una gran conflictividad laboral, María y sus cinco hermanos trabajaron desde niños, ingresando ella en las Juventudes Libertarias cuando tenía 17 años. Durante la guerra fue enfermera de la Columna de Hierro, integrada por milicianos anarquistas, colaboró en la instalación de un hospital de campaña y resultó herida en una pierna en la batalla de Teruel. Esa columna pasará a ser la 83 Brigada Mixta del Ejército Republicano por decisión del Gobierno, en la que se incluía prescindir de las mujeres en el frente. María se ganó la vida entonces en una fábrica de armas en Sagunto y en una fábrica de acero en Cieza, hasta que el 23 de abril de 1939 en que fue arrestada por la Guardia Civil.

Con la cabeza afeitada, fue obligada a desfilar por las calles de Sagunto. Después del correspondiente interrogatorio, se la puso en libertad, para ser internada más tarde en la cárcel por negarse a ratificar la declaración que el capitán juez militar le leyó, argumentando la falsedad del contenido. El 18 de enero de 1940 ingresó en la prisión provisional del convento de Santa Clara, de la que pasó, en enero de 1942 a la Prisión Provincial de Mujeres de Valencia. Dos años antes había dado a luz a un bebé, el 9 de enero de 1940, en el Hospital Provincial de esa ciudad, del que nunca supo ni siquiera llegó a ver. Fue probablemente uno más de los hijos robados en aquel periodo, entregados en adopción a las familias adeptas a los vencedores y a su causa nacional-católica.

A María Pérez La Cruz se la acusó en el consejo de guerra celebrado el 28 de julio de 1942 de ayuda a la rebelión, de vivir amancebada, de tener un carácter libertino y exaltado, así como de su defensa de los valores republicanos y de su desprecio a las tropas sublevadas. Se la llegó a culpabilizar del asesinato del cónsul boliviano en Valencia, ciudad en la que no había existido jamás ese consulado, así como de otros nueve crímenes (nada menos que de ocho sacerdotes y un diputado) en las fechas en que María estuvo internada como consecuencia de su herida durante la guerra. El propio jefe de traumatología del Hospital Provincial de Valencia, Francisco Martín Lagos, certificó que la paciente estaba ingresada por fractura de fémur como consecuencia  de arma de fuego. Hasta los líderes falangistas locales dijeron que “ella no había tomado parte en los crímenes”. Nunca se llegó a saber la identidad de los delatores. Severiano Jiménez Basarte, practicante del hospital de la Siderurgia de Cieza, certificó que el comportamiento de María era intachable.

Pese a todo, el Juzgado Militar condenó a María Pérez Lacruz a la pena de muerte, según sentencia dictada el  29 de julio de 1942 por el Juzgado Militar. No consta en la misma ningún crimen, solo unos delitos que generalmente no conducían a la aplicación de la pena capital: “Adhesión a la rebelión y desafección al Movimiento”. Junto a otros seis presos varones, fue fusilada en el paredón del campo de tito de la localidad de Paterna. Tenía 25 años y fueron dos las balas, en la cabeza y en el pecho, que acabaron con su vida.

La vida y muerte de La Jabalina fueron rescatadas del olvido hace unos años gracias a dos libros y una obra de teatro. Manuel Girona escribió Una miliciana en la Columna de Hierro: María “La Jabalina”. Rosana Corral-Marquez es autora de una novela titulada Si me llegas a olvidar, y Lola López ha llevado a los escenarios María La Jabalina. En los tres textos se rebaten con detalle las acusaciones de que fue víctima la protagonista y la falsedad de todos los cargos.

El hijo o hija de María La Jabalina, de vivir hoy en día, tendría 80 años de edad. Se sabe, gracias a la investigación llevada a cabo por Manuel Girona, que el 9 de enero de 1940, una vez trascurridos los nueve meses de embarazo en prisión de la militante libertaria, el catedrático responsable de la maternidad indicó al director del hospital que María “está en condiciones de ser dada de alta”. Se la devuelve, por lo tanto, a la prisión de mujeres del convento de Santa Clara, cuando María es una joven madre de 22 años de edad.

Consta documentalmente en el expediente penitenciario que la presidiaria tuvo ese hijo, pero no hay rastro alguno del mismo. Según el historiador Ricard Vinyes (autor de Irredentas, ed. Temas de Hoy, 2002), “la desaparición de los hijos de las reclusas en el momento del parto fue una realidad practicada sin demasiados escrúpulos”. Para Vinyes, las tres cárceles de la Valencia franquista (Prisión Provincial de mujeres, convento de Santa Clara y Reformatorio del Puig) fueron “zonas de riesgo de pérdida familiar”, ya que “en ningún registro constan los niños que ingresaban con sus madres en esas cárceles”.

Añádase a eso el hecho de que muchas madres lactantes –como sería el caso de María si hubiera dispuesto de esa oportunidad- tenían a sus maridos encarcelados o habían sido fusilados, sin posibilidad de dejar a sus hijos con algún familiar. Para los niños mayores de tres años, la nuevas autoridades habían facultado además al Estado naciente para separar de sus madres a los hijos de las presas republicanas a partir de los tres años e ingresarlos en hospicios públicos o religiosos, circunstancia que hacía perder a los padres la tutela de sus hijos, que pasaban a ser reeducados en los principios del régimen que les había dejado huérfanos.

María Lozano, cuyo bebé se le murió de frío y miseria en la cárcel de Ventas sin haber cumplido un mes, fue la primera mujer fusilada por la dictadura franquista, casi al tiempo que su marido en el paredón de Cementerio del Este de Madrid, ese lugar al que tanto teme la derecha radical gobernante en el Ayuntamiento de la ciudad cuando nombres como los de María Lozano y Florentino Salcedo proclaman la memoria de la barbarie represora que siguió al final de la guerra, cuando “volvía a reír la primavera”.

María Pérez Lacruz fue la última mujer asesinada por la dictadura.  Ocurrió en el paredón del campo de tiro de Paterna, después de haberle robado el bebé que hoy -si esa persona siguiera entre nosotros- será una anciana o anciano octogenario, ignorante de los nombres y las circunstancias que le dieron la vida. El robo de los hijos de los vencidos vino a poner el más infame de los remates a la crudelísima represión de los vencedores, que no solo enterraron sin nombre a las víctimas de sus crímenes en fosas y cunetas para preservar su impunidad, sino que arrancaron de los vientres de las madres a sus criaturas para mercadear con su destino y enterrar la raíz de su existencia.

Se calcula que cerca de 30.000 niños fueron robados y cambiados de identidad en las cárceles y hospitales españoles durante la guerra y la posguerra. El hijo o hija María Pérez La Jabalina fue uno de ellos. Sobre esa negra historia de nuestra historia más negra escribió Benjamín Prado una novela, -creo que Mala gente que camina-, y también un artículo titulado Que los ladrones de niños no puedan brindar al amanecer. Lo iniciaba con esta cita: “Sobre la impunidad se pueden clavar banderas, pero no crecen flores”.

https://www.elsaltodiario.com/los-nombres-de-la-memoria/el-hijo-perdido-de-maria-perez-lacruz-la-ultima-mujer-fusilada-por-el-franquismo 

María Pérez Lacruz, La Jabalina, de pie junto a una amiga

APARECEN LOS PRIMEROS RESTOS DE MUJERES ENTERRADAS EN EL CEMENTERIO DE SON COLETES

POR –  CRONICABALEAR.ES – 05/08/2020
Las tareas de exhumación del cementerio de Son Coletes han localizado, hasta este miércoles, los restos de 17 cuerpos de víctimas de la Guerra Civil, entre ellas dos mujeres, a partir de la excavación de tres zanjas y dos agrupamientos de huesos, al oeste de la cruz del antiguo cementerio.

Así lo ha confirmado la consellera de Administraciones Públicas y Modernización, Isabel Castro, acompañada del secretario autonómico de Memoria Democrática y Buen Gobierno, Jesús Jurado, y del coordinador de las exhumaciones, el arqueólogo Cesc Busquets.

Entre estos restos, se encuentran los cuerpos de dos mujeres, que presentan singularidades específicas en la manera en la que fueron enterradas. Sus restos se han localizado cubiertos de cal viva y, además, la disposición de estos cuerpos difiere del resto, ya que la cabeza de ambas mujeres está orientada hacia la cruz del antiguo cementerio de Son Coletes, en sentido contrario que el resto de cuerpos recuperados hasta ahora. Las dos están enterradas juntas, una encima de la otra. Una de ellas llevaba un vestido, del que se han recuperado botones.

Según las investigaciones llevadas a cabo por el historiador Antoni Tugores, en Son Coletes está documentada la desaparición de diez mujeres, entre las cuales podrían encontrarse las cinco enfermeras de Cruz Roja, milicianas de Bayo. No obstante, esta cifra podría ser superior.

Actualmente los arqueólogos descartan que los dos cuerpos localizados puedan pertenecer a estas milicianas por razones de edad y de indumentaria ya que, en la última fotografía que se conserva de ellas, las milicianas iban vestidas con un mono y el brazalete de la Cruz Roja.

Las excavaciones en el cementerio de Son Coletes por parte del equipo técnico continúan y, con toda seguridad, se prolongarán unos días más allá del 9 de agosto, fecha inicialmente prevista para dar por finalizada la intervención.

ESTUDIOS ANTROPOLÓGICOS

Al trabajo de campo que se está desarrollando estos días, seguirá el inicio de los estudios antropológicos, que comportan la limpieza y el estudio en detalle en el laboratorio de los restos localizados. El objetivo es poder determinar la edad y el sexo de cada uno de los esqueletos y poder caracterizar cada uno de los individuos -determinar su altura, características físicas, anomalías dentales y analizar las lesiones que presentan-.

Estos datos antropológicos serán fundamentales para llevar a cabo el estudio genético del ADN de los restos y poder conseguir, en último término, su identificación.

Las tareas de exhumación del cementerio de Son Coletes, en Manacor, forman parte del segundo Plan de Fosas del Govern de Baleares.

CEMENTERIO DE SON COLETES

Son Coletes fue creado en 1820 como cementerio de las víctimas de la peste bubónica y utilizado durante la Guerra Civil como gran fosa para las ejecuciones indiscriminadas de disidentes y prisioneros. De hecho, según informa el Govern, es uno de los lugares de mayor represión franquista de Mallorca. A día de hoy, no se conoce con exactitud la cuantía del número de víctimas que se enterraron allí.

Según indica el historiador Antoni Tugores en el Mapa de las fosas comunes de Mallorca, a partir del 17 de agosto de 1936, en Manacor, los organismos sublevados iniciaron una represión sistemática con ejecuciones en el cementerio municipal del Pla de Son Mas. A partir del 24 de agosto, estas ejecuciones y entierros fueron trasladados a Son Coletes para poder disponer de un espacio alejado del casco urbano.

Entre finales de agosto y septiembre de 1936 Son Coletes fue escenario de grandes ejecuciones, no sólo de víctimas mallorquinas, sino que “quizás el número más importante de víctimas enterradas en aquel lugar se deba a las capturas de prisioneros de las tropas de Bayo”, indica Tugores. Entre estas víctimas se podrían encontrar las cinco enfermeras voluntarias de la Cruz Roja: Daria y Mercedes Buxadé, Maria Garcia, Teresa y la autora del ‘Diario de una miliciana’, asesinadas en septiembre de 1936.

Después de la represión franquista, Son Coletes fue abandonado hasta que la saturación del cementerio municipal del Pla de Son Mas hizo que el Ayuntamiento de Manacor iniciase, en la segunda mitad de la década de 1950, una serie de reformas y ampliaciones, con la consiguiente remoción del terreno, que le ha dado su aspecto actual.

https://www.cronicabalear.es/2020/08/aparecen-los-primeros-restos-de-mujeres-enterradas-en-el-cementerio-de-son-coletes/

LOS REPRESALIADOS DE LA GUERRA CIVIL Y EL FRANQUISMO VOLVERÁN A VER LA LUZ

LA FOSA COMÚN DEL CEMENTERIO MONOVERO PODRÍA ACOGER A 26 VÍCTIMAS DE LA COMARCA DEL MEDIO VINALOPÓ Y LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN SE INICIAN EL PRÓXIMO LUNES

RAFA JOVER 05.08.2020

Los trabajos de excavación y exhumación de los cuerpos de los represaliados en la Guerra Civil y de la dictadura franquista, que se encuentran enterrados en la fosa común del Cementerio de Monóvar, se inician el próximo lunes 10 de agosto. La concejala de Cultura y de la Memoria Histórica, Julia Tortosa, confirmó a INFORMACION el inicio de los mismos, señalando que «en la mañana de ayer martes se desplazaron hasta el Cementerio de Monóvar los arqueólogos responsables de los trabajos para llevar todas las herramientas y el material necesario para la excavación».

La edil Tortosa ha señalado que «mañana jueves los trabajadores municipales del Cementerio monovero empezaran a adecentar, limpiar y picar el cemento existente en la zona a excavar, para de esta forma dejar preparado el terreno al equipo de arqueólogos que desarrollaran la excavación a partir de lunes día 10».

Familiares y el director general de Calidad Democrática

El equipo de trabajo que dirigen los arqueólogos, Jorge García Fernández y Alfredo Rodríguez Rodríguez, mantendrán una reunión con las familias de las víctimas, cuyos cuerpos se encuentran en la fosa, para explicarles los pasos a seguir en todo el proceso de excavación y exhumación. A esta reunión también asistirá el director general de Calidad Democrática, Responsabilidad Social y Fomento del Autogobierno de la Generalitat Valenciana, el eldense José Ignacio Pérez Rico.

La edil monovera ha declarado que «la investigadora Clara Serna Alberola, de la Universidad Autónoma de Madrid, ha señalado que en la fosa del Cementerio de Monóvar pueden hallarse 19 cuerpos, de los 26 previstos, ya que 7 de ellos podrían haberse sacado con anterioridad, pero hasta que no se abra la fosa no saldremos de dudas».

Las previsiones de estos trabajos es que se alarguen a lo largo de todo el mes de agosto y durante todo este tiempo está previsto que se realice un documental sobre el proceso de excavación y exhumación de los cuerpos allí enterrados.

Asesoramiento antropológico

El equipo y la dirección arqueológica, que llevara a cabo los trabajos, contará en todo momento, durante la fase de campo, con la supervisión para la excavación y exhumación, con la dirección antropológica de Filippo Scalisi Motta, contando también con la colaboración del arqueólogo Marcos Sáez Martínez.

Por último señalar que en la zona donde se realicen los trabajos se establecerá un perímetro de seguridad, balizado y protegido para evitar el deterioro o el expolio de los restos, donde solo tendrá acceso el personal autorizado.

https://www.diarioinformacion.com/elda/2020/08/05/represaliados-guerra-civil-franquismo-volveran/2288933.html

Los represaliados de la Guerra Civil y el franquismo volverán a ver la luz