A.R.I.C.O = MEMORIA ARAGONESA

Asociación por la Recuperación e Investigación Contra el Olvido

“SE NOS ACABA EL TIEMPO”: LAS FAMILIAS SIGUEN SIN PODER RECUPERAR LOS RESTOS DE REPRESALIADOS DEL VALLE DE LOS CAÍDOS

Posted by MEMORIA ARAGONESA en 25/10/2020

A PESAR DE QUE PATRIMONIO NACIONAL AUTORIZÓ ESTOS TRABAJOS, NO HAY NOTICIAS DE LAS EXHUMACIONES EN LAS CRIPTAS DE CUELGAMUROS QUE LOS HIJOS DE LOS FUSILADOS PERSIGUEN SIN DESCANSO: “MUCHOS TENEMOS 80 Y 90 AÑOS” 

ASÍ ES LA MAYOR FOSA COMÚN DE ESPAÑA: MÁS DE 33.000 RESTOS HUMANOS EN OCHO CAPILLAS DEL VALLE DE LOS CAÍDOS

MARTA BORRAZ – 24 DE OCTUBRE DE 2020 

Una de las primeras cosas que hizo Jesús Cansado cuando compró una moto Vespa fue viajar hasta la fosa común en la que el régimen franquista había enterrado a su padre tras asesinarle en 1936. Hacía poco que sus restos, como los de muchos otros represaliados, habían sido trasladados al Valle de los Caídos, pero pisar el lugar vacío en el que durante más de 20 años había yacido José Cansado Lamata, jornalero y afiliado a la UGT, fue para él un alivio. Pudo llevarse algunos restos que quedaban, cuenta, “aunque podían ser de cualquier compañero”, y al morir su madre, decidió enterrarlos junto a ella. Hoy Jesús está a punto de cumplir 89 años y sigue en una lucha que le ha llevado “prácticamente toda la vida”. Porque lo que verdaderamente espera es a que, por fin, su padre pueda salir de Cuelgamuros para trasladarle a su pueblo, incinerarle y así “quedarme en paz”, dice al otro lado del teléfono.

La suya es una de las muchas familias que, décadas después, siguen peleando por que el Estado exhume los restos de sus seres queridos, víctimas de la dictadura y enterrados sin permiso en el mayor monumento erigido para exaltar la victoria de Franco. Se ha cumplido un año desde que su momia salió, pero ellos esperan todavía. Eso a pesar de que Patrimonio Nacional autorizó el pasado noviembre los trabajos tras un informe técnico favorable del CSIC. Entonces había 31 solicitudes, hoy son unas 50. Parecía el paso definitivo, pero de momento en la mayor fosa común de España siguen enterrados 33.815 cadáveres, entre víctimas de la Guerra Civil (también del Ejército franquista) y represaliados de la dictadura.

Desde la vicepresidencia Primera del Gobierno y Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática insisten en que se están ultimando los trámites y remiten a las palabras que Carmen Calvo pronunció justo esta semana en el Senado, donde garantizó que estas exhumaciones se llevarían a cabo: “No podemos seguir produciendo más dolor e indignidad”, señaló. El proceso es independiente de la Ley de Memoria Democrática aprobada en Consejo de Ministros el pasado septiembre que, no obstante, reserva un artículo para el Valle de los Caídos. Su futuro es “la resignificación”, estipula la norma, y el carácter de “cementerio civil” de los enterramientos, pero aún no hay un plan concreto sobre la mesa. El Gobierno “intentará” que la ley esté lista antes del verano de 2021, pero está aún en trámite y su naturaleza augura un fuerte enfrentamiento en el Congreso, por lo que hay cosas que pueden cambiar.

“La gente está muy cansada”

“Éramos siete y ahora somos cuatro hermanos. El mayor tiene 98. Tenía 14 cuando se llevaron a mi padre. Y tengo otros dos por encima de los 84. Ese es el motivo por el que queremos llegar hasta el final. Porque aún quedamos cuatro y no se puede comprender que 80 años después estemos así”, relata Jesús, emocionado. Recuerda con precisión todos los días y los años de cada momento importante de su historia, fijados en una memoria a prueba del paso del tiempo. “Fue el 22 de septiembre de 1936. El pueblo estaba tomado por las tropas de Franco y le llamaron para que prestara declaración en el Ayuntamiento. Le retuvieron junto a otros 11 hombres, entre ellos su hermano”, cuenta. Formaban el grupo conocido como ‘los 12 de Ateca’, el pueblo de Zaragoza en el que vivían. Tras pasar un mes presos en el mercado de abastos de Calatayud, les asesinaron camino a Zaragoza obligándoles a cavar su propia fosa. En 1959 los 12 fueron trasladados a Cuelgamuros. Jesús tenía cinco años.

La suya es también una de las familias que en los últimos diez años han acudido a los tribunales en busca del derecho a exhumar los restos. A día de hoy solo cuenta con sentencia favorable la de los hermanos Lapeña, Manuel y Antonio Ramiro, fusilados en 1936. Aún así, y a pesar de que el fallo se emitió en 2016, tampoco han podido recuperar sus restos. “No es que haya pasado un año desde que Patrimonio Nacional lo autorizó, sino que ya van cuatro desde la sentencia. Esto se está demorando mucho y seguimos sin fecha. Es un momento en el que se nos acaba el tiempo y los anuncios políticos van por un lado y por otro los hechos”, lamenta Eduardo Ranz, abogado de muchas de estas familias.

Todos apuntan a la misma realidad: aunque en muchos casos son sus hijos y nietas los que siguen con la pelea, las edades de muchos de los descendientes de los represaliados son muy avanzadas. Ya hace unos tres meses que varias de estas familias enviaron una carta al Ejecutivo pidiéndole que reactivara los trabajos. Aunque comprenden las circunstancias extraordinarias en las que está sumido el país por la pandemia de coronavirus, insisten en ello porque temen que se siga alargando en el tiempo. Y que esto, en la práctica, suponga para muchos no llegar a ver nunca cómo sus seres queridos salen del mausoleo franquista.

“La menor de los hijos es Mercedes, que tiene 86 años y el mayor es Pascual, el hermano de Jesús, que tiene 96. A mí el otro día me llamó una señora que vive en Málaga llorando, me decía que qué iba pasar si se moría y no podía llevarse los restos de su padre con ella, que no podía esperar más. A muchos, además, la pandemia les ha pasado factura en cuestiones de salud”, relata Silvia Navarro, presidenta de la Asociación de Familiares Pro Exhumación de los Republicanos del Valle de los Caídos.

El proceso que llevan a cuestas, dice, “es ya muy angustioso” porque son “muchos años y la gente está muy cansada”. Silvia busca junto a su madre los restos de su tío abuelo, José Antonio Marco Viedma, fusilado el 2 de septiembre de 1936 tras ser secuestrado en su casa por un grupo de agentes de policía, falangistas y guardias civiles. En 1959, igual que el padre y el tío de Jesús, fue trasladado al Valle de los Caídos. “Tienes la sensación de que se dilata, se dilata…y no acaba de llegar”, cuenta la mujer. Otro caso que se suma a las peticiones es el de Mercedes Abril, que ha dedicado toda su vida a recuperar a su padre Rafael, militante del PSOE y al que vio por última vez cuando solo tenía tres años.

Su objetivo es llevarse los restos a Valladolid, a dónde la familia se trasladó tras el fusilamiento, para enterrarlos con su madre. Jesús también habla de algo similar: “En el día de los santos inocentes del 39 nos fuimos a vivir toda la familia a Zaragoza, a casa de una hermana de mi madre que no tenía hijos”, explica. Él, dice, apenas puede moverse ya, pero espera que su hijo Francisco sí pueda ir a las puertas de Cuelgamuros a por lo que quede de su padre y llevarlo a Ateca. “A la entrada del cementerio hay un monolito que hicimos los que quisimos aportar dinero con una lápida de mármol en la que están los nombres de los 42 hombres que mataron en el pueblo. El suelo está lleno de flores… Ahí es donde queremos depositar las cenizas”. Según ha calculado la organización Innovation and Human Rights (IHR), al Valle llegaron restos de prácticamente todos los puntos de España: de Madrid hay 4.083 cadáveres, seguida de Tarragona con 3.902 y Zaragoza con 3.691.

El futuro del Valle, en el aire

Aunque el proceso ya diera comienzo antes de que Vicepresidencia aprobada la Ley de Memoria Democrática, esta blinda el derecho de las familias que soliciten la entrega de los restos de las víctimas inhumadas en el Valle. Para el caso de imposibilidad técnica –es posible que debido al deterioro, algunos nunca puedan recuperarse– el anteproyecto acuerda “medidas de carácter simbólico y moral”. Aún así, muchos de estos cadáveres quedarán sin identificar y sin reclamar por nadie, por lo que el Ejecutivo prevé dar naturaleza al complejo de “cementerio civil”.

Pero al margen de las exhumaciones, al Valle de los Caídos le queda todavía otra gran asignatura pendiente. Tras la salida de Franco hace un año, sigue en el aire cuál será su futuro. El Gobierno ya se comprometió a mover el cadáver del fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera, a una zona menos “preeminente” que la actual, a un lado del altar de la basílica. También a expulsar a los monjes benedictinos y extinguir la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, algo que está explicado literalmente así en el anteproyecto. Pero cómo resignificar el mausoleo que ordenó construir el dictador, en parte con trabajos forzosos, deberá todavía “estudiarse”, señalan fuentes de la Vicepresidencia, que reconocen que no hay aún ningún plan concreto.

Explican, eso sí, que “el espíritu” será el que viene en el anteproyecto, que estipula que la resignificación “irá destinada a dar a conocer las circunstancias de su construcción, el periodo histórico en el que se inserta y su significado, con el fin de fortalecer los valores constitucionales y democráticos”. Una referencia que probablemente tomará el Ejecutivo será el Informe para el Futuro del Valle que encargó en 2011 José Luis Rodríguez Zapatero. En este sentido, Carme Molinero, doctora en Historia Contemporánea por la Universidad de Barcelona y miembro del Comité de Expertos que lo elaboró, apremia a “no esperar más” porque “aunque son momentos difíciles a nivel económico se puede hacer algo sencillo y luego profundizar. La exhumación de Franco fue el primer paso y es condición necesaria, pero no suficiente. Ya ha pasado un año”.

Algunas voces han pedido su demolición, pero la experta se muestra en contra y se imagina esa resignificación como una especie de centro de interpretación “previo a que el visitante entre a la basílica y al monasterio” y en el que se explique y contextualice qué está viendo. “Es importante que se entienda la simbología y la historia, lo que significó la imposición de determinados valores a la sociedad y lo que implicó para los derrotados de la Guerra Civil, cómo fue construido, que se hizo con mano de obra de presos políticos y la magnitud de la represión”, ejemplifica Molinero. “Lo que no se puede es dejarlo como está”, reitera la experta.

https://www.eldiario.es/sociedad/acaba-tiempo-familias-siguen-recuperar-restos-represaliados-valle-caidos_1_6316043.html

Algunas de las personas enterradas en el Valle de los Caídos a las que buscan sus familiares Asociación de Familiares Pro Exhumación de los Republicanos enterrados en el Valle de los Caídos

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UN AÑO SIN FRANCO EN EL VALLE DE LOS CAÍDOS PERO CON VÍCTIMAS REPUBLICANAS TODAVÍA “SECUESTRADAS”

Posted by MEMORIA ARAGONESA en 24/10/2020

FAMILIARES DE VÍCTIMAS REPUBLICANAS ENTERRADAS EN EL VALLE DE LOS CAÍDOS RECLAMAN AL GOBIERNO SU “INMEDIATA” EXHUMACIÓN. EL ABOGADO EDUARDO RANZ RECUERDA QUE HAY UNA SENTENCIA JUDICIAL QUE PERMITE LA EXHUMACIÓN DE LOS HERMANOS LAPEÑA. EL GOBIERNO ASEGURA QUE ATENDERÁ LAS PETICIONES DE LAS FAMILIAS QUE QUIEREN EXHUMAR A SUS SERES QUERIDOS DEL VALLE DE LOS CAÍDOS.

ALEJANDRO TORRÚS MADRID 23/10/2020

Apenas unas semanas antes de la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, Mercedes Abril, de 87 años, atendió a Público en su domicilio de Valladolid para reclamar lo mismo que llevaba 40 años pidiendo: sacar a su padre del Valle de los Caídos. “Le prometí a mi madre que sacaría a papá del Valle de los Caídos. Me importa tres pepinos lo que hagan con Franco“, decía esta mujer. Su padre, Rafael Abril Avo, es una de los miles de víctimas de republicanos de la Guerra Civil cuyo cuerpo fue trasladado sin permiso de la familia al Valle de los Caídos donde, posteriormente, enterrarían a su verdugo: el dictador Francisco Franco. En aquel momento, septiembre de 2019, la exhumación del dictador planeaba en el horizonte como el primer paso de un recorrido que permitiría, por un lado, recuperar los cuerpos reclamados por las familias y, por otro, comenzar la resignificación del que era, hasta la fecha, el mausoleo del dictador.

Sin embargo, este sábado se ha cumplido un año de la exhumación del dictador y el Gobierno ya ha aprobado un Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática que contempla la “resignificación” del monumento. Sin embargo, las familias continúan sin saber cuándo podrán recuperar a los suyos. Así lo lamenta, por ejemplo, Silvia Navarro, portavoz de la Asociación de Familiares Pro Exhumación de los Republicanos del Valle de los Caídos, el abogado Eduardo Ranz, que representando a las diferentes familias que integran la asociación, entre ellas, la familia Lapeña, que consiguió una sentencia judicial que reconocía el derecho de la familia Lapeña a recuperar los restos de los dos hermanos que habían sido enterrados contra su voluntad en el Valle de los Caídos.

“Nosotros siempre hemos dicho que preferíamos recuperar a nuestros familiares que la exhumación del dictador. La primera vez que lo pedimos fue entre 2008 2009. Hace 11 o 12 años ya. Llevamos mucho tiempo en esta pelea. Pero seguimos esperando. La Secretaría de Estado de Memoria Democrática nos ha trasladado que están dispuestos a hacerlo y que van a trabajar para conseguirlo, pero de momento, en la práctica, no se ha hecho. Hay que decir, no obstante, que hemos recibido un trato exquisito por parte de la Secretaría de Estado, pero no es suficiente. Hay familiares que siguen muriendo o enfermando y que ya no sabemos si podrán disfrutar de sacar a su padre o abuelo del Valle de los Caídos”, explica Silvia Navarro Público.

La propia vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, reiteró este martes en el Senado la voluntad del Ejecutivo de dar satisfacción al deseo de las familias de recuperar a los suyos. Paco Ferrándiz, asesor de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, también corrobora la voluntad del Gobierno de proceder a las exhumaciones lo antes posible en una entrevista con Público publicada este mismo sábado. Ferrándiz explica que el Ejecutivo está buscando la fórmula para hacerlo con la mayor seguridad jurídica posible, pero los familiares de las víctimas sienten que se les acaba el tiempo y la exhumación nunca llega.

Miguel Ángel Capapé es la pareja de Purificación Lapeña, nieta de uno de los hermanos Lapeña, enterrados en el Valle de los Caídos contra la voluntad de sus familias y protagonistas de una victoria judicial de su familia que daba el visto bueno a su exhumación. La sentencia llegó hace ya más de cuatro años y desde entonces, y a pesar de haber podido visitar las criptas, no ha conseguido materializar el deseo de recuperar los cuerpos de los hermanos Lapeña.

“No entendemos que la exhumación de Franco pudieran resolverlo rápidamente y que con nosotros siga habiendo problemas y no se produzcan las exhumaciones. Entendemos que lo de Franco era más mediático, pero nuestros familiares fueron republicanos asesinados y posteriormente secuestrados en el Valle de los Caídos. Contamos con una sentencia firme de hace cinco años y no se cumple. A nuestro entender es mucho más fácil sacar a nuestros familiares que sacar a Franco. No entendemos en qué consiste este chiste“, señala Capapé, que también ostenta el cargo de presidente de la Asociación por la Recuperación e Investigación Contra el Olvido.

La lucha de la familia de los hermanos Lapeña y de otras nueve familias, como la de Silvia Navarro, Mercedes AbrilMaribel Luna Baragaño o Fausto Canales comenzó en el año 2008. La mayoría de estas familias conocieron, gracias a una tesis doctoral, que sus familiares estaban en el Valle de los Caídos sin su conocimiento ni permiso. Comenzaron entonces un largo periplo judicial por tribunales españoles e internacionales. Pero todas las denuncias acababan en el mismo cajón: archivados. Hasta que el abogado Eduardo Ranz presentó ante el juez de primera instancia de El Escorial en 2015 una demanda de la familia Lapeña que pedía exhumar a sus seres queridos conforme al artículo del Código Civil que reconoce el derecho a la “digna sepultura”. El juez admitió la demanda y terminó dictando sentencia a favor de la familia Lapeña.

El resto de familias trataron de acudir a los tribunales con el mismo argumento que Lapeña, pero el entonces ministro de Justicia del Partido Popular, Rafael Cataláimpulsó una reforma del Código Civil que eliminaba el citado artículo con la excusa de que estaba “en desuso”. La vía iniciada por la familia Lapeña y el abogado Ranz tocaba a su fin. Comenzó entonces un larga batalla con Patrimonio Nacional y el Gobierno para que reconociera su derecho a exhumar a los familiares.

La propia Mercedes Abril hizo llegar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, nada más llegar al poder, una carta en la que transmitía lo siguiente: “Llevo muchos años luchando para que me devuelvan los restos mortales de mi padre, inhumados en el Valle de los Caídos desde que fueron trasladados allí desde Calatayud, sin el consentimiento ni el conocimiento de mi familia, en abril de 1959. […] Muchas veces me pregunto si lo que algunos están esperando es a que nos muramos, aunque también le digo, señor Presidente, que nuestros hijos y nietos nos relevarán si es necesario”.

El presidente del Gobierno contestó a la carta con el compromiso de dar solución a su petición y la vicepresidenta Calvo ha sido la última en decir públicamente que el Gobierno reconocerá el derecho a recuperar a sus familiares a las familias que tienen víctimas en el Valle de los Caídos. Sin embargo, las familias consultadas por este periódico coinciden en un mismo mensaje: el único anuncio que quieren escuchar es el día y la hora del inicio de los trabajos de exhumación.

“Hemos hablado con el secretario de Estado de Memoria y también nos dijo que nos van a notificar la decisión de Patrimonio que nos reconoce el derecho a exhumar. Pero es que ya llegamos muy tarde. Agradecemos el trato que recibimos, de verdad, pero necesitamos que esta situación avance”, incide Silvia Navarro. En esta misma línea se manifiesta Miguel Ángel Capapé, que señala que desde la Secretaría de Estado les han explicado que están trabajando y “está todo muy avanzado”, pero que, a estas alturas, resulta insuficiente: “Lo que queremos es una fecha concreta y la certeza de que se va a hacer de manera inmediata”.

El abogado de las familias reunidas alrededor de la Asociación de Familiares Pro Exhumación de los Republicanos del Valle de los Caídos, Eduardo Ranz, también comparte su desconcierto con Público. Él, de hecho, estuvo como asesor del Ministerio de Justicia durante el mandato de Pedro Sánchez hasta junio de 2019.

Los impedimentos que decían que podía haber entendemos que están superados desde el momento en el que se produjo la exhumación del dictador. Al principio la excusa era el Prior pero en el momento que se exhumó al dictador, entendemos que este obstáculo está superado. También se habló del anterior responsable de Patrimonio, pero fue cesado. Así que no entendemos qué inconvenientes puede haber ahora. De cualquier modo, recordar que no estamos pidiendo un favor. Estamos pidiendo que se cumpla una sentencia judicial”, señala Ranz. 

El balón está ahora en el tejado del Ejecutivo, que tendrá que anunciar cuándo inicia los trabajos de localización e identificación de las alrededor de 50 familias que han solicitado recuperar a los suyos. El Ejecutivo pide paciencia porque los trabajos se van a ejecutar. Las familias recuerdan que el reloj no se detiene y al calendario se le siguen cayendo las hojas.

El Valle de los Caídos.- EFE

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“CHUPADORES DE SUBVENCIONES”: ASÍ DEFINE A LOS ARQUEÓLOGOS EL ALCALDE DE CIUDADANOS QUE BLOQUEA LA BÚSQUEDA DE UNA FOSA DEL FRANQUISMO

Posted by MEMORIA ARAGONESA en 28/08/2020

EL PRIMER EDIL DE ALMADÉN DE LA PLATA (SEVILLA), CARLOS RAIGADA, IMPIDE ABRIR UNA FOSA COMÚN EN EL CEMENTERIO LOCAL Y ACUSA A LOS EQUIPOS ARQUEOLÓGICOS DE BUSCAR “MÁS ALIVIAR SUS BOLSILLOS” QUE “EL DOLOR DE LAS FAMILIAS DE LOS FUSILADOS”

— LA FOSA DEL FRANQUISMO SIN ABRIR (Y CON POLÉMICA) EN UN PUEBLO DE SEVILLA GOBERNADO POR CIUDADANOS

JUAN MIGUEL BAQUERO – 27 DE AGOSTO DE 2020 – @JUANMIBAQUERO

“LES IMPORTA MÁS ALIVIAR SUS BOLSILLOS QUE ALIVIAR EL DOLOR DE LAS FAMILIAS DE LOS FUSILADOS”. CON ESTA ACUSACIÓN SE HA DESCOLGADO EL ALCALDE DE ALMADÉN DE LA PLATA (SEVILLA), CARLOS RAIGADA (CIUDADANOS), PARA CRITICAR A LOS ARQUEÓLOGOS QUE BUSCAN FOSAS COMUNES DEL FRANQUISMO. EL EDIL SALE ASÍ AL PASO DE LA POLÉMICA POR EL BLOQUEO A LOS TRABAJOS PARA INDAGAR LA POSIBLE EXISTENCIA DE VÍCTIMAS DE LOS GOLPISTAS ENTERRADAS EN EL CEMENTERIO LOCAL, COMO CONTÓ ELDIARIO.ES ANDALUCÍA.

El proyecto arqueológico cuenta con financiación de la Junta de Andalucía (de 11.000 euros) desde el año pasado y tiene una retención de crédito en 2020 “por si se desbloquea la negativa del alcalde”, según las fuentes consultadas por este medio. El Ayuntamiento, sin embargo, impide entrar en el camposanto porque el proyecto inicial –aprobado la anterior legislatura– señalaba como lugar probable de la tumba colectiva con hasta 32 víctimas fuera del cementerio.

Se trata de la única búsqueda de fosa aprobada y con financiación de la Junta de Andalucía que está pendiente de realizar. En el curso anterior fueron ejecutadas otras tareas arqueológicas, asociadas al mismo concurso público que Almadén, en localidades sevillanas como Alcalá del RíoSalteras o Benacazón.

“El alcalde negó tajantemente que ahí se podía hacer nada, ni fuera ni dentro del cementerio”, sostiene el arqueólogo autor del informe preliminar, Miguel Ángel Vargas. “El Ayuntamiento de Almadén de la Plata impide la exhumación de 32 víctimas del franquismo”, asegura también la vocal del Comité Técnico de Coordinación de Exhumaciones de la Junta de Andalucía, Concha Morón.

El alcalde, sin embargo, niega la mayor y tacha a los arqueólogos de “chupadores de subvenciones” que “siempre andan a la caza de algún Alcalde despistado” porque “les importa más aliviar sus bolsillos que aliviar el dolor de las familias de los fusilados”, según un comunicado que publica en redes sociales.

“Mucho Lorca y les importa el puñetero dinero”

“Mucho Romance del amargo, mucho Camarón, mucho García Lorca y mucha fosa común, pero al final lo que les importa es el puñetero dinero”, arranca su escrito el alcalde de Almadén de la Plata, único pueblo en Sevilla con Ciudadanos como partido más votado: gobierna el Ayuntamiento con mayoría absoluta, con cinco concejales por cuatro socialistas.

Andalucía, por su parte, suma un tercio de la represión golpista en toda España, con al menos 45.566 víctimas ejecutadas por el franquismo y arrojadas a 708 fosas comunes, según el Mapa de Fosas de la Junta de Andalucía. Cifras que superan al terrorismo de Estado ejercido en las dictaduras de Argentina y Chile, juntas. La mayoría de los desaparecidos forzados en suelo español, siguen tirados en fosas y cunetas.

Para el alcalde, la realidad es diferente: “Si algo me ha enseñado la experiencia después de un año de gobierno es que a estos chupadores de subvenciones que siempre andan a la caza de algún Alcalde despistado, les importa más aliviar sus bolsillos que aliviar el dolor de las familias de los fusilados”, denuncia Raigada.

Cronología de una “subvención” (que no es tal)

El alcalde de Ciudadanos establece en su publicación un relato cronológico que arranca cuando “en el año 2017 el Ayuntamiento de Almadén pide una subvención para que se busquen y exhumen los restos de fusilados durante la Guerra Civil en nuestro municipio”. Aunque las tareas arqueológicas no están asociadas a una “subvención” sino a un concurso público que logra una empresa en concurrencia competitiva con otras propuestas.

Para presentar el proyecto a la Junta, el Consistorio “encarga un informe técnico a un arqueólogo de la localidad donde se debe expresar el lugar donde deben buscarse los restos mortales de los fusilados”, explica Carlos Raigada. El expediente señala “que dentro del cementerio no hay restos ni ninguna fosa común”, subraya el edil naranja.

El propio autor de ese informe, el arqueólogo Miguel Ángel Vargas, matiza que se trata “de una hipótesis, una propuesta de trabajo, y esto no son documentos cerrados sino que pueden evolucionar y cambiar”. Como ha ocurrido en Almadén, donde nuevos testimonios apuntan la posibilidad de que las víctimas estén enterradas dentro del cementerio.

“Pero resulta que 8 meses después el arqueólogo de la localidad se trastorna y dice que hay que excavar dentro del cementerio municipal porque quizás se da cuenta que excavar dentro del cementerio es más beneficioso para el bolsillo del personal subvencionado que excavar en las traseras del cementerio como indica su propio informe técnico”, acusa el alcalde. Dentro, entiende, “apenas implica costes para el personal subvencionado”.

“Todo esto invita a pensar que lo importante para este tipo de gente no es buscar los cuerpos en los sitios donde se puedan encontrar, sino buscarlos donde más barato les sale a ellos”, según Raigada. El propio experto aludido por el regidor de Ciudadanos responde en la misma publicación en redes sociales explicando la evolución del proyecto.

El arqueólogo tilda de “irreverente” la acusación de “chupadores de subvenciones”, un comentario que entiende “fuera de lugar e impropio del primer edil de un pueblo”. “Es una licitación pública de la consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía –adjudicada a “una UTE formada por tres arqueólogos–, que quede claro que no es una subvención, ni los arqueólogos somos cazadores de subvenciones”, en palabras de Miguel Ángel Vargas.

https://www.eldiario.es/andalucia/sevilla/chupadores-subvenciones-define-arqueologos-alcalde-ciudadanos-bloquea-busqueda-fosa-franquismo_1_6183173.html

Trabajos arqueológicos de septiembre de 2019 en el cementerio de Salteras (Sevilla) JMB

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EL HIJO ROBADO DE MARÍA PÉREZ LACRUZ, LA ÚLTIMA MUJER FUSILADA POR EL FRANQUISMO

Posted by MEMORIA ARAGONESA en 20/08/2020

NO LLEGÓ A VER A SU BEBÉ, NACIDO EN 1940, Y FUE CONDENADA A LA PENA CAPITAL EN 1942, SIN QUE FUERA PROBADA NINGUNA DE LAS GRAVES ACUSACIONES QUE SE LE HICIERON.

FÉLIX POBLACIÓNWWW.DIARIODELAIRE.COM – 20 AGO 2020

Entre una de primeras mujeres fusiladas por la dictadura franquista en Madrid y posiblemente la última, ejecutada en Paterna (Valencia), se dan dos coincidencias: las dos eran libertarias y las dos fueron madres poco antes de su asesinato.

La víctima de Madrid había nacido en Valladolid en 1909 y se llamaba María de la Salud Paz Lozano Hernández. Ingresó en la prisión de Ventas en diciembre de 1939, después de haber dado a luz a su hijo cinco meses antes. El bebé murió de una bronconeumonía, según el certificado expedido por el médico de la cárcel el 16 de enero de 1940. Su padre, Florentino Salcedo, preso también en la cárcel de Santa Rita, fue fusilado en el Cementerio del Este al día siguiente. El 19 de enero harán lo mismo con su compañera, María Lozano. Son, en efecto, dos de los 3.000 nombres de las víctimas fusiladas por la dictadura franquista que el actual gobierno municipal de la derecha erradicó en noviembre de 2019 del lugar en el que daban testimonio de nuestra memoria democrática en el Cementerio del Este y a las que se les rindió un homenaje el pasado 5 de julio.

A María Pérez Cruz (Teruel, 1917) la llamaban La Jabalina porque su madre era natural de Javaloyes, en la Sierra de Albarracín. Cuando solo tenía 6 años, su familia hubo de trasladarse a Sagunto en busca de unas mejores condiciones de vida. En esa localidad, con una gran conflictividad laboral, María y sus cinco hermanos trabajaron desde niños, ingresando ella en las Juventudes Libertarias cuando tenía 17 años. Durante la guerra fue enfermera de la Columna de Hierro, integrada por milicianos anarquistas, colaboró en la instalación de un hospital de campaña y resultó herida en una pierna en la batalla de Teruel. Esa columna pasará a ser la 83 Brigada Mixta del Ejército Republicano por decisión del Gobierno, en la que se incluía prescindir de las mujeres en el frente. María se ganó la vida entonces en una fábrica de armas en Sagunto y en una fábrica de acero en Cieza, hasta que el 23 de abril de 1939 en que fue arrestada por la Guardia Civil.

Con la cabeza afeitada, fue obligada a desfilar por las calles de Sagunto. Después del correspondiente interrogatorio, se la puso en libertad, para ser internada más tarde en la cárcel por negarse a ratificar la declaración que el capitán juez militar le leyó, argumentando la falsedad del contenido. El 18 de enero de 1940 ingresó en la prisión provisional del convento de Santa Clara, de la que pasó, en enero de 1942 a la Prisión Provincial de Mujeres de Valencia. Dos años antes había dado a luz a un bebé, el 9 de enero de 1940, en el Hospital Provincial de esa ciudad, del que nunca supo ni siquiera llegó a ver. Fue probablemente uno más de los hijos robados en aquel periodo, entregados en adopción a las familias adeptas a los vencedores y a su causa nacional-católica.

A María Pérez La Cruz se la acusó en el consejo de guerra celebrado el 28 de julio de 1942 de ayuda a la rebelión, de vivir amancebada, de tener un carácter libertino y exaltado, así como de su defensa de los valores republicanos y de su desprecio a las tropas sublevadas. Se la llegó a culpabilizar del asesinato del cónsul boliviano en Valencia, ciudad en la que no había existido jamás ese consulado, así como de otros nueve crímenes (nada menos que de ocho sacerdotes y un diputado) en las fechas en que María estuvo internada como consecuencia de su herida durante la guerra. El propio jefe de traumatología del Hospital Provincial de Valencia, Francisco Martín Lagos, certificó que la paciente estaba ingresada por fractura de fémur como consecuencia  de arma de fuego. Hasta los líderes falangistas locales dijeron que “ella no había tomado parte en los crímenes”. Nunca se llegó a saber la identidad de los delatores. Severiano Jiménez Basarte, practicante del hospital de la Siderurgia de Cieza, certificó que el comportamiento de María era intachable.

Pese a todo, el Juzgado Militar condenó a María Pérez Lacruz a la pena de muerte, según sentencia dictada el  29 de julio de 1942 por el Juzgado Militar. No consta en la misma ningún crimen, solo unos delitos que generalmente no conducían a la aplicación de la pena capital: “Adhesión a la rebelión y desafección al Movimiento”. Junto a otros seis presos varones, fue fusilada en el paredón del campo de tito de la localidad de Paterna. Tenía 25 años y fueron dos las balas, en la cabeza y en el pecho, que acabaron con su vida.

La vida y muerte de La Jabalina fueron rescatadas del olvido hace unos años gracias a dos libros y una obra de teatro. Manuel Girona escribió Una miliciana en la Columna de Hierro: María “La Jabalina”. Rosana Corral-Marquez es autora de una novela titulada Si me llegas a olvidar, y Lola López ha llevado a los escenarios María La Jabalina. En los tres textos se rebaten con detalle las acusaciones de que fue víctima la protagonista y la falsedad de todos los cargos.

El hijo o hija de María La Jabalina, de vivir hoy en día, tendría 80 años de edad. Se sabe, gracias a la investigación llevada a cabo por Manuel Girona, que el 9 de enero de 1940, una vez trascurridos los nueve meses de embarazo en prisión de la militante libertaria, el catedrático responsable de la maternidad indicó al director del hospital que María “está en condiciones de ser dada de alta”. Se la devuelve, por lo tanto, a la prisión de mujeres del convento de Santa Clara, cuando María es una joven madre de 22 años de edad.

Consta documentalmente en el expediente penitenciario que la presidiaria tuvo ese hijo, pero no hay rastro alguno del mismo. Según el historiador Ricard Vinyes (autor de Irredentas, ed. Temas de Hoy, 2002), “la desaparición de los hijos de las reclusas en el momento del parto fue una realidad practicada sin demasiados escrúpulos”. Para Vinyes, las tres cárceles de la Valencia franquista (Prisión Provincial de mujeres, convento de Santa Clara y Reformatorio del Puig) fueron “zonas de riesgo de pérdida familiar”, ya que “en ningún registro constan los niños que ingresaban con sus madres en esas cárceles”.

Añádase a eso el hecho de que muchas madres lactantes –como sería el caso de María si hubiera dispuesto de esa oportunidad- tenían a sus maridos encarcelados o habían sido fusilados, sin posibilidad de dejar a sus hijos con algún familiar. Para los niños mayores de tres años, la nuevas autoridades habían facultado además al Estado naciente para separar de sus madres a los hijos de las presas republicanas a partir de los tres años e ingresarlos en hospicios públicos o religiosos, circunstancia que hacía perder a los padres la tutela de sus hijos, que pasaban a ser reeducados en los principios del régimen que les había dejado huérfanos.

María Lozano, cuyo bebé se le murió de frío y miseria en la cárcel de Ventas sin haber cumplido un mes, fue la primera mujer fusilada por la dictadura franquista, casi al tiempo que su marido en el paredón de Cementerio del Este de Madrid, ese lugar al que tanto teme la derecha radical gobernante en el Ayuntamiento de la ciudad cuando nombres como los de María Lozano y Florentino Salcedo proclaman la memoria de la barbarie represora que siguió al final de la guerra, cuando “volvía a reír la primavera”.

María Pérez Lacruz fue la última mujer asesinada por la dictadura.  Ocurrió en el paredón del campo de tiro de Paterna, después de haberle robado el bebé que hoy -si esa persona siguiera entre nosotros- será una anciana o anciano octogenario, ignorante de los nombres y las circunstancias que le dieron la vida. El robo de los hijos de los vencidos vino a poner el más infame de los remates a la crudelísima represión de los vencedores, que no solo enterraron sin nombre a las víctimas de sus crímenes en fosas y cunetas para preservar su impunidad, sino que arrancaron de los vientres de las madres a sus criaturas para mercadear con su destino y enterrar la raíz de su existencia.

Se calcula que cerca de 30.000 niños fueron robados y cambiados de identidad en las cárceles y hospitales españoles durante la guerra y la posguerra. El hijo o hija María Pérez La Jabalina fue uno de ellos. Sobre esa negra historia de nuestra historia más negra escribió Benjamín Prado una novela, -creo que Mala gente que camina-, y también un artículo titulado Que los ladrones de niños no puedan brindar al amanecer. Lo iniciaba con esta cita: “Sobre la impunidad se pueden clavar banderas, pero no crecen flores”.

https://www.elsaltodiario.com/los-nombres-de-la-memoria/el-hijo-perdido-de-maria-perez-lacruz-la-ultima-mujer-fusilada-por-el-franquismo 

 

María Pérez Lacruz, La Jabalina, de pie junto a una amiga

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APARECEN LOS PRIMEROS RESTOS DE MUJERES ENTERRADAS EN EL CEMENTERIO DE SON COLETES

Posted by MEMORIA ARAGONESA en 06/08/2020

POR –  CRONICABALEAR.ES – 05/08/2020
Las tareas de exhumación del cementerio de Son Coletes han localizado, hasta este miércoles, los restos de 17 cuerpos de víctimas de la Guerra Civil, entre ellas dos mujeres, a partir de la excavación de tres zanjas y dos agrupamientos de huesos, al oeste de la cruz del antiguo cementerio.

Así lo ha confirmado la consellera de Administraciones Públicas y Modernización, Isabel Castro, acompañada del secretario autonómico de Memoria Democrática y Buen Gobierno, Jesús Jurado, y del coordinador de las exhumaciones, el arqueólogo Cesc Busquets.

Entre estos restos, se encuentran los cuerpos de dos mujeres, que presentan singularidades específicas en la manera en la que fueron enterradas. Sus restos se han localizado cubiertos de cal viva y, además, la disposición de estos cuerpos difiere del resto, ya que la cabeza de ambas mujeres está orientada hacia la cruz del antiguo cementerio de Son Coletes, en sentido contrario que el resto de cuerpos recuperados hasta ahora. Las dos están enterradas juntas, una encima de la otra. Una de ellas llevaba un vestido, del que se han recuperado botones.

Según las investigaciones llevadas a cabo por el historiador Antoni Tugores, en Son Coletes está documentada la desaparición de diez mujeres, entre las cuales podrían encontrarse las cinco enfermeras de Cruz Roja, milicianas de Bayo. No obstante, esta cifra podría ser superior.

Actualmente los arqueólogos descartan que los dos cuerpos localizados puedan pertenecer a estas milicianas por razones de edad y de indumentaria ya que, en la última fotografía que se conserva de ellas, las milicianas iban vestidas con un mono y el brazalete de la Cruz Roja.

Las excavaciones en el cementerio de Son Coletes por parte del equipo técnico continúan y, con toda seguridad, se prolongarán unos días más allá del 9 de agosto, fecha inicialmente prevista para dar por finalizada la intervención.

ESTUDIOS ANTROPOLÓGICOS

Al trabajo de campo que se está desarrollando estos días, seguirá el inicio de los estudios antropológicos, que comportan la limpieza y el estudio en detalle en el laboratorio de los restos localizados. El objetivo es poder determinar la edad y el sexo de cada uno de los esqueletos y poder caracterizar cada uno de los individuos -determinar su altura, características físicas, anomalías dentales y analizar las lesiones que presentan-.

Estos datos antropológicos serán fundamentales para llevar a cabo el estudio genético del ADN de los restos y poder conseguir, en último término, su identificación.

Las tareas de exhumación del cementerio de Son Coletes, en Manacor, forman parte del segundo Plan de Fosas del Govern de Baleares.

CEMENTERIO DE SON COLETES

Son Coletes fue creado en 1820 como cementerio de las víctimas de la peste bubónica y utilizado durante la Guerra Civil como gran fosa para las ejecuciones indiscriminadas de disidentes y prisioneros. De hecho, según informa el Govern, es uno de los lugares de mayor represión franquista de Mallorca. A día de hoy, no se conoce con exactitud la cuantía del número de víctimas que se enterraron allí.

Según indica el historiador Antoni Tugores en el Mapa de las fosas comunes de Mallorca, a partir del 17 de agosto de 1936, en Manacor, los organismos sublevados iniciaron una represión sistemática con ejecuciones en el cementerio municipal del Pla de Son Mas. A partir del 24 de agosto, estas ejecuciones y entierros fueron trasladados a Son Coletes para poder disponer de un espacio alejado del casco urbano.

Entre finales de agosto y septiembre de 1936 Son Coletes fue escenario de grandes ejecuciones, no sólo de víctimas mallorquinas, sino que “quizás el número más importante de víctimas enterradas en aquel lugar se deba a las capturas de prisioneros de las tropas de Bayo”, indica Tugores. Entre estas víctimas se podrían encontrar las cinco enfermeras voluntarias de la Cruz Roja: Daria y Mercedes Buxadé, Maria Garcia, Teresa y la autora del ‘Diario de una miliciana’, asesinadas en septiembre de 1936.

Después de la represión franquista, Son Coletes fue abandonado hasta que la saturación del cementerio municipal del Pla de Son Mas hizo que el Ayuntamiento de Manacor iniciase, en la segunda mitad de la década de 1950, una serie de reformas y ampliaciones, con la consiguiente remoción del terreno, que le ha dado su aspecto actual.

https://www.cronicabalear.es/2020/08/aparecen-los-primeros-restos-de-mujeres-enterradas-en-el-cementerio-de-son-coletes/

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LOS REPRESALIADOS DE LA GUERRA CIVIL Y EL FRANQUISMO VOLVERÁN A VER LA LUZ

Posted by MEMORIA ARAGONESA en 06/08/2020

LA FOSA COMÚN DEL CEMENTERIO MONOVERO PODRÍA ACOGER A 26 VÍCTIMAS DE LA COMARCA DEL MEDIO VINALOPÓ Y LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN SE INICIAN EL PRÓXIMO LUNES

RAFA JOVER 05.08.2020

Los trabajos de excavación y exhumación de los cuerpos de los represaliados en la Guerra Civil y de la dictadura franquista, que se encuentran enterrados en la fosa común del Cementerio de Monóvar, se inician el próximo lunes 10 de agosto. La concejala de Cultura y de la Memoria Histórica, Julia Tortosa, confirmó a INFORMACION el inicio de los mismos, señalando que “en la mañana de ayer martes se desplazaron hasta el Cementerio de Monóvar los arqueólogos responsables de los trabajos para llevar todas las herramientas y el material necesario para la excavación”.

La edil Tortosa ha señalado que “mañana jueves los trabajadores municipales del Cementerio monovero empezaran a adecentar, limpiar y picar el cemento existente en la zona a excavar, para de esta forma dejar preparado el terreno al equipo de arqueólogos que desarrollaran la excavación a partir de lunes día 10”.

Familiares y el director general de Calidad Democrática

El equipo de trabajo que dirigen los arqueólogos, Jorge García Fernández y Alfredo Rodríguez Rodríguez, mantendrán una reunión con las familias de las víctimas, cuyos cuerpos se encuentran en la fosa, para explicarles los pasos a seguir en todo el proceso de excavación y exhumación. A esta reunión también asistirá el director general de Calidad Democrática, Responsabilidad Social y Fomento del Autogobierno de la Generalitat Valenciana, el eldense José Ignacio Pérez Rico.

La edil monovera ha declarado que “la investigadora Clara Serna Alberola, de la Universidad Autónoma de Madrid, ha señalado que en la fosa del Cementerio de Monóvar pueden hallarse 19 cuerpos, de los 26 previstos, ya que 7 de ellos podrían haberse sacado con anterioridad, pero hasta que no se abra la fosa no saldremos de dudas”.

Las previsiones de estos trabajos es que se alarguen a lo largo de todo el mes de agosto y durante todo este tiempo está previsto que se realice un documental sobre el proceso de excavación y exhumación de los cuerpos allí enterrados.

Asesoramiento antropológico

El equipo y la dirección arqueológica, que llevara a cabo los trabajos, contará en todo momento, durante la fase de campo, con la supervisión para la excavación y exhumación, con la dirección antropológica de Filippo Scalisi Motta, contando también con la colaboración del arqueólogo Marcos Sáez Martínez.

Por último señalar que en la zona donde se realicen los trabajos se establecerá un perímetro de seguridad, balizado y protegido para evitar el deterioro o el expolio de los restos, donde solo tendrá acceso el personal autorizado.

https://www.diarioinformacion.com/elda/2020/08/05/represaliados-guerra-civil-franquismo-volveran/2288933.html

Los represaliados de la Guerra Civil y el franquismo volverán a ver la luz

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EL AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN IMPIDE LA EXHUMACIÓN DE UN REPRESALIADO DE LA DICTADURA FRANQUISTA

Posted by MEMORIA ARAGONESA en 06/08/2020

LA ASOCIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA (ARMH) SOLICITÓ LOS PERMISOS DE EXHUMACIÓN DE LA VÍCTIMA DE LA DICTADURA FELICIANO RAMÍREZ HACE DOS MESES.

POR –  NOTICIAS CIUDAD REAL – 5 AGOSTO, 2020

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) solicitó hace dos meses los permisos para llevar a cabo la exhumación de los restos de Feliciano Ramírez, asesinado por la Guardia Civil el 2 de noviembre de 1940, la petición surgía del deseo se sus familiares por encontrar sus restos y darles una sepultura digna en Puebla de Don Rodrigo. Junto a la solicitud, la ARMH presentó un proyecto de intervención en el que se incluía un estudio exhaustivo sobre el lugar exacto dónde pueden estar enterrados los restos de la víctima en el cementerio de Almadén.

Dicho estudio se llevó a cabo después de poner en orden el caótico libro de enterramientos del cementerio de la localidad. Gracias a algunas sepulturas que conservaban y a las placas antiguas, la ARMH llegó a triangular el lugar exacto de enterramiento, aparentemente no ha sufrido cambios desde 1940, fecha de la inhumación de Feliciano Ramírez. La ARMH se siente sorprendida después de leer las afirmaciones del presidente de la Diputación de Ciudad Real declarase en 2017 que para 2019 en Ciudad Real no iba a ver más fosas de víctimas de la dictadura, y ahora pongan obstáculos a una labor en la que la ARMH financia todos los gatos de la exhumación y la identificación.

Sorprende que la actitud del Ayuntamiento  de Almadén sea la de dificultar la búsqueda de los restos de Feliciano, como si no fuera suficiente que su familia haya tenido que esperar casi 80 años para poder llevar a cabo la identificación de los restos y su traslado al pueblo de la familia. Desde el año 2010 la ARMH ha exhumado con sus propios recursos y ninguna ayuda pública, varias fosas comunes en diferentes localidades de Ciudad Real; precisamente una de ellas, la fosa conocida como la de los 9 del Contadero, en el término municipal de Almadén.

El argumento del periodo estival por parte del ayuntamiento es totalmente arbitrario, porque la ARMH ha llevado a cabo otras exhumaciones en el mismo periodo en territorio de Castilla La Mancha; en lugares como Puebla de Don Rodrigo, donde buscamos entre otros al padre de Feliciano, Saceruela o Abenójar.

El pasado 17 de julio hemos visto a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, acudir a una exhumación en el cementerio de San Fernando, en Sevilla, de una enorme fosa con cientos de cuerpos, y los trabajos no se han interrumpido por la llegada del verano.

LA VÍCTIMA

Feliciano Ramírez Alcobendas. nació el 13 de diciembre de 1913 de mayo de 1922 en Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real). Según los datos previos aportados por la familia y por alguna documentación era militante del PCE.

El 10 febrero 1938 la Gaceta de la República publicó en sus hojas la aprobación de la relación del personal que hasta entonces prestaba servicio en el antiguo Cuerpo de Seguridad y Asalto, quienes causarían alta, con los empleos que en la tenían, en el nuevo Cuerpo de Seguridad, continuando en sus destinos, según dispuso el Decreto. CIUDAD REAL:  Seguridad y Asalto: 107 Ramírez Alcobendas, Feliciano.

En 1942 el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo TERMC)[1] abre un expediente cuyo número es el 3802 en el cual se investiga su posible relación con movimientos masónicos o comunistas, descartada su implicación con logias masónicas destacamos el resumen de sus antecedentes aportados por diferentes organismos del nuevo estado franquista.

El Cuerpo de Inspección de Prisioneros de guerra, acerca de Feliciano Ramírez, remitió un oficio que destaca qué: “… Perteneció a la Casa del Pueblo, no ha sido directivo, pero abrazo bien la causa roja del marxismo. Durante el Movimiento siguió la misma forma y se pasó el Partido Comunista, sin que tampoco fuera directivo. Se fue voluntario al Ejército rojo invitando a otros varios vecinos para que se fueran con él. Lo firma el alcalde de Puebla de Don Rodrigo a 25 de marzo de 1940 – 6 meses antes de su asesinato- “.

La Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos, Sección Político Social sobre los antecedentes de Feliciano aseguran que era corresponsal de “Lucha de Clases (sic)”[2] en Madrid, en 1934. Según relación de la Federación Socialista Vizcaína de junio de 1934. Suman a su informe que firma una relación de donantes pro presos de la revolución de octubre del 34 en Reinosa, Santander.

La 202 Comandancia de la GC de Puebla de Don Rodrigo el 21 de agosto de 1942 en un escrito dirigido al TERMC comunica que el citado Feliciano fue muerto por la fuerza militares en la zona de excepción del Partido de Piedrabuena durante el mes de noviembre de 1940.

Unos días después la misma comandancia notifica que la muerte de Feliciano no consta en el Registro Civil del municipio y que se desconoce el lugar de dicha inscripción.

Por su parte la Alcaldía de Puebla de Don Rodrigo, con fecha de 21 de agosto de 1942, en respuesta al oficio enviado desde el TERMC responde textualmente: “de las averiguaciones practicadas y gestiones hechas por esta alcaldía, se cree que ha fallecido”. Puebla de Don Rodrigo en 1940 contaba con cerca de 2000 habitantes, Feliciano y su padre ya habían sido asesinados.

El 17 de julio de 1943 es reclamado en el Boletín del Estado[3].

Finalmente, el sumario contra Feliciano Ramírez se da por sobreseído provisionalmente la causa por carecer de valoración a los efectos de la Ley de 1 de marzo de 1940.

Durante la guerra civil formó parte del Ejército Popular de la Segunda República, siendo detenido en su localidad de origen cuando regresaba del Campo de Concentración de cerro Muriano (Córdoba)[4]. Según nos cuenta su familia, su hermana había conseguido un salvoconducto para que le dejaran libre, fue detenido antes de llegar al pueblo en un camino cercano. Durante un día estuvo detenido en el cuartel de la Guardia Civil de Puebla de Don Rodrigo junto a otras personas. Al día siguiente de su detención varios hombres fueron recogidos en un camión y no se volvió a saber de ellos, varios vecinos del pueblo fueron testigos de ello, avisando a la hermana que fue corriendo en su auxilio sin poder hacer nada, esta fue la última vez que lo vio con vida. Las hermanas de Feliciano seguidamente se desplazaron a la cárcel de Almadén a informarse sobre el paradero de su hermano, pero le notificaron que allí no había ingresado. Tiempo después la familia supo que fue ejecutado el 2 de noviembre de 1940 cerca de Almadén en lo que se conoce como el Camino Corral Sancho. hecho constatable en el acta de defunción con fecha de 3 de noviembre de 1940 e inscrita en el Registro Civil de Almadén. Según el acta de defunción falleció en la finca llamada Corral de Sancho de este término municipal el día dos del actual a consecuencia de heridas de arma de fuego según resulta de oficio del Juzgado Militar de esta Plaza y reconocimiento practicado, y su cadáver habrá de recibir sepultura en el Cementerio de esta Ciudad.

[1] El artículo 12 de la Ley de represión de la masonería y el comunismo, de 1 de marzo de 1940 (B.O.E. n 62, de 2 de marzo), establece su creación y composición: un presidente, un general del Ejército, un jerarca de Falange y dos letrados, todos ellos nombrados por el Jefe del Estado. Su primer presidente fue Marcelino de Ulibarri (Decreto de 4 de junio de 1940), poniendo de esta forma en íntima conexión el tribunal con el organismo que habría de facilitarle la información para juzgar a las personas: Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos. 

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1940/062/A01537-01539.pdf

[2] http://www.bilbaopedia.info/la-lucha-clases

[3] https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1943/198/C02586-02592.pdf (p.2586)

[4] http://www.loscamposdeconcentraciondefranco.es/campos/10

Más información Marco Antonio González 680377441

https://diariodelamancha.com/almaden-impide-exhumacion-represaliado-dictadura-franquista/

Según los libros de enterramiento del Cementerio de Almadén, fue inhumado en el Patio 5º de adultos del cementerio (Fila 5ª, sepultura 28), un lugar destinado a enterramientos convencionales en la que no se destacan diferenciación por ideología o religión como en otros casos. Podemos destacar la anotación “del campo”.

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PIDEN LA PARALIZACIÓN DE UN MOVIMIENTO DE TIERRAS EN UNA FOSA DE LA GUERRA CIVIL EN ÓRGIVA

Posted by MEMORIA ARAGONESA en 06/08/2020

LOS TRABAJOS SE ESTÁN LLEVANDO A CABO EN EL BARRANCO DEL CARRIZAL, UN PARAJE DECLARADO LUGAR DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE ANDALUCÍA

CARLOS MORÁN – GRANADA – MIÉRCOLES, 5 AGOSTO 2020

Los responsables de la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica alertaron ayer de que una máquina excavadora está llevando a cabo un movimiento de tierras en el barranco del Carrizal, en el término municipal de la localidad alpujarreña de Órgiva, un paraje en el que fueron sepultadas centenares de víctimas de la dictadura franquista.

De hecho, ese sitio, en el que anualmente el PSOE rinde homenaje a los represalidados, está declarado como Lugar de la Memoria Histórica de Andalucía, por lo que cualquier intervención allí debería contar con la pertinente autorización del Gobierno regional, según explicó el profesor Rafael Gil Bracero, presidente de la entidad denunciante.

En este sentido, el representante de la asociación afirmó que no tienen constancia de que los trabajos en cuestión dispongan de los permisos oficiales. Así que nada más tener conocimiento de los hechos, dirigió una carta a la Subdelegación del Gobierno en Granada para que tome cartas en el asunto y haga lo que esté en su mano para posibilitar la suspensión cautelar de la actividad supuestamente irregular. «Nuestra intención es instar a las autoridades a que comprueben si todo está en regla, pero, según las primeras indagaciones que hemos hecho, no parece que sea así. En cualquier caso, lo adecuado es paralizar la obra hasta que las cosas se aclaren», reflexionó Gil Bracero.

El docente universitario e investigador dijo que, según sus noticias, el movimiento de tierras tendría por objeto la siembra de árboles frutales en el paraje. «No es algo que esté prohibido, por supuesto, pero la Ley de Memoria Histórica de Andalucía especifica que este tipo de labores han de contar con una autorización administrativa. Y lo que nosotros pretendemos es saber si existe o no», indicó Gil Bracero.

Efectivamente, la citada norma establece lo siguiente en su artículo 8: «La construcción o remoción de terrenos donde, de conformidad con los mapas previstos en el artículo 7, se localicen o se presuma la existencia de restos humanos de víctimas desaparecidas quedará supeditada, en todo caso, a la previa autorización de la Consejería competente en materia de memoria democrática, siempre de acuerdo con las garantías previstas en el ordenamiento jurídico», establece el precepto legal.

Pero es que el artículo 28 del mismo texto, recordó el profesor, profundiza en esa misma línea al decretar que, «con la finalidad de salvaguardar los valores históricos, ambientales, paisajísticos, pedagógicos, etnográficos, antropológicos (…)que motivaron su inscripción en el Inventario, será necesaria la autorización de la Consejería competente en materia de memoria democrática, con carácter previo a las restantes autorizaciones o licencias para cualquier cambio o modificación que se desee llevar a cabo en un Lugar de Memoria Democrática, (…) incluyendo remociones de terreno, (…) cambios de uso…»

Según distintas estimaciones, en el barranco del Carrizal yacen unas cuatro mil víctimas del franquismo que murieron ejecutadas por pelotones de fusilamiento. El sitio fue declarado por Junta como ‘Lugar de Memoria’ en 2014.

El barranco está situado en una curva de una carretera y se considera una de las fosas comunes con más fallecidos, la mayoría pertenecientes a las familias que huyeron de la aviación fascista que bombardeó Málaga y que se dirigían a Almería en lo que se conoce como la ‘Desbandá’.

https://www.ideal.es/granada/piden-paralizacion-movimiento-20200805191622-nt.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F

Una máquina excava en el barranco del Carrizal. / IDEAL

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EL GOBIERNO INDIGNA A ASOCIACIONES DE MEMORIA HISTÓRICA POR NO HABER APROBADO EN JULIO LA LEY DE EXHUMACIONES

Posted by MEMORIA ARAGONESA en 29/07/2020

CALVO HABÍA ADQUIRIDO ESE COMPROMISO CON LAS VÍCTIMAS. LAS ASOCIACIONES ADVIERTEN QUE EL TEXTO LEGISLATIVO NO ES IMPRESCINDIBLE PARA HACER EXHUMACIONES Y QUE LA MEDIDA ESCONDE “INTERESES DE PARTIDO”

POR AMANDA GARCÍA – 28/07/2020

El Gobierno no cumple con las expectativas para la recuperación de la memoria histórica. La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, anunció una nueva ley de la Memoria Histórica cuyo proyecto de ley depositaría en las Cortes durante el mes de Julio. Este martes se ha celebrado el último Consejo de Ministros del mes y Calvo no ha presentado la nueva ley con la que se había comprometido.

PSOE y Podemos retoman la memoria histórica: más exhumaciones y “resignificar” el Valle de los Caídos]

Tal y como reveló la propia Carmen Calvo, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, esta nueva regulación de la Memoria Histórica contemplaría “recursos públicos para un plan de exhumación para todo el territorio”, entre otras medidas.

Según ha podido saber LPO, las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica están decepcionadas porque esperaban que este Consejo de Ministros abordase la nueva ley. “Es muy grave” que se esté tardando tanto, critican: “Estamos viendo como se está muriendo la última generación que nos pide exhumar a sus familiares”. 

Las mismas fuentes aseguran que desde 2018 Pedro Sánchez les lleva prometiendo “cambios y justicia para las víctimas”, pero “en dos años no ha pasado nada”. Este medio ha podido saber que esta semana esperan movimientos por parte del Ejecutivo que “demuestren su compromiso” con las víctimas del franquismo. 

No es necesario esperar a la Ley

Calvo anunció un plan de exhumación en la nueva ley pero las fuentes consultadas por este medio confirman que no es necesario esperar a la nueva normativa: “Solo se necesita sentido común, voluntad política y recursos, las asociaciones llevamos mucho tiempo exhumando cadáveres con pocos medios”.

Según las mismas fuentes, el Gobierno podría poner a trabajar al jefe de los forenses del Ministerio de Justicia, al instituto toxicológico y a algunos investigadores sin necesidad de una nueva ley. “Si hubiera voluntad real de exhumar, mañana mismo llamas a la UME o al Ejército y te pones a trabajar”, reclaman. Las asociaciones de memoria histórica calculan que, si se ponen los medios necesarios, el Gobierno podría terminar con las exhumaciones en un plazo de 5 años.

Banco de ADN y “resignifación del Valle”

La normativa, que está tardando en llegar más de lo esperado, sustituirá a la ley impulsada en 2007 por el Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. La vicepresidenta Calvo ya avanzó hace unas semanas que el Gobierno ultima junto a Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) la derivación de fondos públicos para que las exhumaciones se puedan hacer “a través de los ayuntamientos”. 

Además, se está trabajando en un banco de ADN de las victimas y en un proyecto para la “resignificación del Valle de los Caídos”, la gran tarea pendiente del Gobierno de Coalición después de la exhumación de Franco.

https://www.lapoliticaonline.es/nota/85176-el-gobierno-indigna-a-asociaciones-de-memoria-historica-por-no-haber-aprobado-en-julio-la-ley-de-exhumaciones/

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LA ANTROPÓLOGA ARGENTINA QUE ANALIZA LOS HUESOS DE LAS FOSAS DE LA REPRESIÓN FRANQUISTA EN PATERNA: “CUANDO LLEGUÉ A ESPAÑA CASI NO SE HABLABA DEL TEMA”

Posted by MEMORIA ARAGONESA en 29/07/2020

“LAMENTABLEMENTE UNO SE ACOSTUMBRA A VER LAS FRACTURAS Y LOS DISPAROS DE PROYECTIL QUE SE ENCUENTRAN EN LOS CRÁNEOS”, DICE LA ANTROPÓLOGA MARISOL SCHWAB

LUCAS MARCO – 27 DE JULIO DE 2020 – @LUCAS_MARCO

Marta Sanz escribió un poema, incluido en Vintage (Bartleby Editores, 2013), que dice así: “Es verano. A lo lejos se escuchan el chapoteo y los gritos de la piscina municipal. Huele a cochiquera y a cloro. Una mujer baja de un coche. Viene a desenterrar huesos”. La antropóloga argentina Marisol Schwab, de 35 años, bien podría ser esa mujer aunque en el cementerio de Paterna (València), donde el equipo de Arqueoantro excava la fosa 111 de la represión franquista, no hay piscinas ni mucho menos chapoteos. El equipo ya ha exhumado 89 cuerpos de la fosa en poco más de dos meses de trabajo bajo un sol de justicia. “València no es de los lugares más felices para excavar porque el calor y la humedad es lo que más afecta y deteriora las condiciones de los huesos”, cuenta Schwab por teléfono a elDiario.es desde su laboratorio instalado en el cementerio.

Marisol Schwab es licenciada en antropología física y biológica por la Universidad Nacional de La Plata y doctora en genética humana. Schwab quedó muy impresionada cuando vio por primera vez una fosa con “un cuerpo amontonado encima del otro”, pero aún más asombro sintió cuando observó por primera vez el objeto personal que acompañaba a uno de los fusilados: un lápiz. “Da mucha impresión ver todo lo que se tienen que movilizar los familiares siendo el Estado quien tiene que ser reparador del daño que causó”, dice la responsable del laboratorio de Arqueoantro. “Al no ser considerados crímenes, el Estado no responde por si solo, son los familiares los que están en lucha constante”, agrega.

El trabajo del laboratorio postexhumación, tal como resume Schwab en uno de los videos que explican semana tras semana la evolución de la excavación, se sitúa a medio camino entre las labores a pie de fosa y el análisis final del ADN en un laboratorio de Madrid. La antropóloga extiende los huesos que conforman el esqueleto humano de quien hace ocho décadas fue fusilado por el régimen franquista durante la brutal represión de la posguerra, los deja secar y los limpia. Una vez secos y limpios, almacena en bolsas de plástico las partes anatómicas sin mezclarlas y se guardan en una caja que corresponde a cada uno de los cuerpos exhumados.

Antes de “encajar y embolsar”, Schwab toma algunas piezas, generalmente muelas o el fémur, que servirán para realizar el análisis posterior del ADN y cruzar los resultados con las tomas de muestras de los descendientes. “Principalmente son muelas o premolares porque tienen el esmalte que protege el ADN, o el hueso largo por excelencia que es el fémur”, explica desde el cementerio de Paterna. Siempre buscan huesos o dientes que no estén rotos para asegurarse de que el ADN esté bien “encapsulado” y no haya contaminación. “En antropología forense es importantísima la genética”, recuerda la investigadora.

En el laboratorio se aseguran de que los huesos pertenecen al individuo en cuestión y no se confunden con los restos de otro cuerpo porque, aunque parezca mentira, los fusilados se mueven bajo tierra aun después de muertos, como si se tratara de la última novela de Marta Sanz —pequeñas mujeres rojas (Anagrama, 2020)— en la que los personajes enterrados en una fosa dialogan entre sí. “En realidad existe un movimiento porque, en principio, hay una pérdida de las partes blandas y en el momento en que se pierde líquido corporal, grasa o músculo, eso genera un desplazamiento. Tal vez un cuerpo de costado se gira hacia abajo y eso afecta a todo lo que está alrededor”, declara la antropóloga. Los “procesos tafonómicos” (todo lo que ocurre en el momento del enterramiento, como la putrefacción o la temperatura, entre otros) afectan a los huesos.

A veces se encuentran “huesitos” perdidos que hay que adjudicar a un cuerpo u otro. “Si el individuo está boca abajo, los huesitos van cayendo al fondo de la fosa y se articulan entre si”. “Por suerte los seres humanos somos diversos en tamaños, estatura, edad, y eso es una gran ayuda para poder separar”, cuenta Schwab, quien trabaja permanentemente en coordinación con el resto del equipo que excava la fosa a pocos metros del laboratorio (“es un trabajo de ida y vuelta”). “Mis compañeros hacen un plano de la fosa de modo que se puede saber quién estuvo encima de otra persona, o mano con mano, o pie con pie. Ahí se ven los posibles candidatos cuando hay un hueso perdido”, agrega. 

El equipo de Arqueoantro, al que se presentó voluntaria hace dos años y del que ha acabado siendo responsable de laboratorio, cuenta con una amplia experiencia en la excavación de fosas de la represión franquista. Los trabajos en el cementerio de Paterna están financiados por el área de Memoria Histórica de la Diputación de València, un interés de las administraciones públicas más que reciente visto en perspectiva. En el cementerio civil de Castelló, la Generalitat Valenciana financia los trabajos de exhumación de una fosa en la que yacía, entre muchos otros, el cuerpo del alcalde de Llucena, fusilado en 1939.

“Cuando llegué a España me asombró que era de los países con más personas fusiladas por crímenes cometidos por el Estado y casi no se hablaba del tema, fue lo más chocante al principio”, recuerda Marisol Schwab. En Argentina, mal que bien, ha habido importantes procesos penales contra los responsables de los crímenes de la dictadura militar. “Yo vivia en La Plata”, cuenta la antropóloga, “donde se hacían los juicios a los represores, y eran orales y públicos”. “A pesar de que siguen teniendo bastante poder, muchos pudieron terminar sus días en la cárcel mientras que aquí murieron con todos los honores. Los asesinos, los represores, los que acusaron injustamente. Eso da mucha impotencia”.

Cuando acabe la excavación en Paterna (aún les queda la fosa 120), el equipo de Arqueoantro partirá con sus bártulos a exhumar cuerpos de otra fosas desperdigadas por el territorio valenciano. “Los huesos claro que impacta verlos pero terminan siendo el objeto de trabajo de uno. Lamentablemente uno se acostumbra a ver las fracturas y los disparos de proyectil que se encuentran en los cráneos”, dice Schwab.

https://www.eldiario.es/blog/memoria-democratica/antropologa-argentina-analiza-huesos-fosas-represion-franquista-paterna-llegue-espana-no-hablaba-tema_132_6126188.html

La antropóloga Marisol Schwab en el laboratorio de la excavación de las fosas de Paterna (València).

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