A.R.I.C.O = MEMORIA ARAGONESA

Asociación por la Recuperación e Investigación Contra el Olvido

HALLAN TRES CUERPOS EN LA FOSA COMÚN DE LA FINCA DE EL RELLÁN, EN GRADO

Posted by MEMORIA ARAGONESA en 14/07/2020

LA ASOCIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA TRABAJA ESTOS DÍAS EN LA FOSA DE LA CHABOLA PARA TRATAR DE LOCALIZAR LOS CUERPOS DE 29 REPUBLICANOS ASESINADOS

MIGUEL ROJO – GIJÓN – MARTES, 14 JULIO 2020

Llaman los que conocen la zona a la finca El Rellán y La Chabola a la fosaque contaban que existía bajó el enorme árbol que da sombra a los recuerdos que custodian sus raíces. Durante años, la zona estuvo ocupada por una explotación ganadera. Un criadero de cerdos. Bajo las tierras que hozaban los animales, sin embargo, se tenía conocimiento de que podrían estar enterrados los cuerpos de al menos unas 29 personas, ajusticiadas en ese lugar entre 1936 y 1939. Esas son las que tiene identificadas la Universidad de Oviedo, que realizó un estudio sobre esta fosa en la que reposan desde un niño de 13 años a una mujer de 80, la mayoría vecinos de la zona. Algunos expertos creen que podría haber muchos más cuerpos, quizás centenares, pues a lo largo de esos años se utilizaron unas antiguas trincheras para enterrar a los republicanos asesinados -y a quienes colaboraban con ellos- durante la guerra y la represión posterior.

Una decena de voluntarios de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, tanto de Asturias como de Ponferrada, abrió ayer la primera franja de tierra con la ayuda de una pala excavadora, para localizar a media tarde los primeros restos humanos, los primeros tres cuerpos, en lo que parece ser una trinchera. Y, sin duda, una línea de tiro que apunta a un posible fusilamiento: diecinueve casquillos se encontraron durante los trabajos, que comenzaron ayer y seguirán unos días, en busca de nuevas evidencias. Por el momento, la intención de los investigadores es confirmar la presencia de los cuerpos, para después proceder a su exhumación una vez se cuente con un proyecto adecuado.

El Ayuntamiento de Grado ha sido uno de los principales impulsores de esta acción de dignificación de las víctimas, que ya tienen un recordatorio en el cementerio de la localidad. Fue precisamente el Consistorio el que adquirió la finca para ponerla a disposición de los investigadores, y su intención es trasladar en cuanto sea posible, y de acuerdo con las familias, los restos al mausoleo del cementerio. La parcela, de más de 12.000 metros cuadrados, se encuentra en la salida de Grado hacia Yernes, junto a Llantrales, localidad de la parroquia de Mata.

https://www.elcomercio.es/asturias/aparecen-tres-cuerpos-fosa-comun-rellan-grado-20200714022700-nt.html

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CALATAYUD RETIRARÁ LA MEDALLA DE ORO A FRANCO SIETE DÉCADAS DESPUÉS

Posted by MEMORIA ARAGONESA en 13/07/2020

EL AYUNTAMIENTO ZARAGOZANO, GOBERNADO POR PP Y CS, RECTIFICA ANTE EL RIESGO DE PERDER MÁS DE DOS MILLONES DE AYUDAS DEL GOBIERNO AUTONÓMICO E INICIA LOS TRÁMITES PARA ANULAR EL POLÉMICO ACUERDO DE PLENO POR EL QUE CONDECORÓ AL DICTADOR.

ZARAGOZA – 13/07/2020 – EDUARDO BAYONA  @e_bayona

El dictador Francisco Franco perderá la medalla de oro de Calatayud siete décadas después de haberla recibido y siete lustros después de haber muerto: la comisión de Cultura del ayuntamiento debatirá este martes, día 14, una propuesta del equipo de gobierno de PP y Cs para “dejar sin efecto [la] concesión [de la] medalla [de] oro a Francisco Franco“, una resolución que deberá ratificar el pleno del día 20.

La decisión supone un cambio de postura total de los conservadores, que, ya fuera con el apoyo del PAR o de Ciudadanos, o de ambos, llevaba desde 2003 tumbando las inciativas del PSOE para retirar a Franco esa condecoración, concedida en 1951.

La propuesta de resolución que tratará la comisión plantea “iniciar las actuaciones administrativas oportunas para revocar, y dejar sin efecto, el acuerdo plenario” del 26 de diciembre de 1951, por el que se “concede la Medalla de la Ciudad en su categoría de oro al Excmo. Señor Don Francisco Franco Bahamonde” para, “una vez adoptado el acuerdo de revocación”, hacerlo “constar en el Libro Registro de Honores y Distinciones”.

“De lo que se trata, es de dejar constancia de la pérdida del reconocimiento de los méritos, virtudes, cualidades morales, etc., que motivaron la concesión de la distinción”, añade el documento.

El actual alcalde, Juan Manuel Aranda, venía defendiendo que la medalla no estaba vigente porque esta tenía carácter vitalicio y no es hereditaria, lo que suponía que la condecoración desaparece con la muerte del condecorado.

Dos millones anuales en ayudas en juego

“Aquello se dio en una época, en unas condiciones y en un contexto de los que todos renegamos, yo reniego y renuncio de aquello; pero no sabemos qué es lo que tenemos que retirar. ¿Cómo vamos a quitar algo que no existe?“, dijo Aranda a Público hace unas semanas, unos días después de que el Gobierno de Aragón conminara por segunda vez en unos meses al consistorio a revocar el acuerdo, algo que, de no producirse, le expone a perder las ayudas, subvenciones y bonificaciones de la comunidad autónoma, que rondan los dos millones de euros al año, en aplicación de la Ley de Memoria Democrática aragonesa.

Tampoco compartía la tesis del carácter vitalicio de la medalla la Delegación del Gobierno, que considera que la vigencia del acuerdo contraviene la Ley de Memoria estatal. Por otro lado, también el Justicia de Aragón, el defensor del pueblo autonómico, había pedido su retirada.

E incluso la secretaria municipal emitió a primeros de marzo un informe en el que concluía que hoy “no procedería la concesión de la medalla que en su día se otorgó” y que, por el contrario, lo procedente seria, “en ejecución de la normativa estatal y autonómica sobre memoria histórica, revocar la concesión y entender que queda vacante, sin generar ningún derecho”.

“Administrativamente el acuerdo sigue en vigor”

Hay varios detalles más que ponían en tela de juicio esa tesis. Uno era la propia literalidad del acuerdo de 1951, que aludía al “pergamino que perpetúa el acuerdo municipal de concesión”.

Otro, el hecho de que haya al menos un fallecido condecorado con ese mismo galardón, como ocurre con José Pablo García, Pepito el Soguero, al que le fue concedido a título póstumo tras donar 2,5 millones a la ciudad. Eso indicaría que la medalla no se pierde por el mero hecho de fallecer.

Y uno más, la retirada de la medalla al Regimiento de Artillería número 45, al que le fue otorgada el mismo día que a Franco, tras su disolución en 1963, algo que, en este caso, sí requirió un nuevo acuerdo plenario como el que ahora comienza a tramitarse. La disolución es lo más parecido al óbito que puede ocurrirle a un ente administrativo.

“Administrativamente el acuerdo sigue en vigor a fecha de hoy”, explica Víctor Ruiz, portavoz del PSOE en Calatayud y autor de varias iniciativas a los largo de los últimos quince años para tratar de revocar la condecoración al dictador. “Esperamos que esta vez sea la definitiva y la medalla le sea retirada”, añade.

https://www.publico.es/politica/calatayud-retirara-medalla-oro-franco.html

Calatayud votará la revocación del acuerdo de 1951 tras tratarla en la comisión de Cultura. / YOUTUBE

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LOCALIZAN RESTOS ÓSEOS DE DIEZ VÍCTIMAS DE LA REPRESIÓN FRANQUISTA EN DOS FOSAS DEL CEMENTERIO DE JIMENA

Posted by MEMORIA ARAGONESA en 12/07/2020

LOS RESTOS ÓSEOS DE AL MENOS DIEZ PERSONAS ASESINADAS POR LAS TROPAS FRANQUISTAS Y ARROJADAS A DOS FOSAS COMUNES HAN SIDO LOCALIZADAS HASTA EL MOMENTO POR EL EQUIPO DE ARQUEÓLOGOS QUE ESTÁ TRABAJANDO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE JIMENA DE LA FRONTERA.

| IAM/REDACCIÓN12 DE JULIO DE 2020

Las labores para la exhumación las comenzaron el pasado 1 de julio y hasta el momento han excavado hasta un metro de profundidad en una superficie de diez metros de largo por tres y medio de ancho, lo que representa un cuarto del total de la superficie a intervenir.  Los restos de seis personas han aparecido en la fosa que fue localizada con las prospecciones y catas realizadas aquí mismo en julio del año pasado. Los de las otras cuatro han sido descubiertos en una fosa parcialmente alineada con la primera.

Los trabajos están dirigidos por el arqueólogo Jesús Román Román y con él colaboran otras dos arqueólogas, una antropóloga y dos auxiliares. También se han sumado al equipo, como voluntarios, dos familiares, entre ellos un estudiante que es bisnieto de una persona fusilada y posiblemente enterrada en este cementerio.

La Diputación Provincial de Cádiz es la que financia y ejecuta esta exhumación que se realiza al amparo de la Ley de Memoria Democrática de Andalucía aprobada por el Parlamento andaluz en 2017. El Ayuntamiento de Jimena colabora en la exhumación y se espera que la Mancomunidad del Municipios del Campo de Gibraltar ayude también en la financiación de estos trabajos que van a continuar al menos hasta mediados del mes de agosto.

Los trabajos se están haciendo de manera manual y muy minuciosa. Esta exhumación está siendo muy diferente y más dificultosa, en el plano técnico, que la que se llevó a cabo en el cortijo del Marrufo en 2012. La razón es que el patio del cementerio estuvo activo como lugar de enterramientos para personas sin recursos o abandonadas hasta los años 70. La del Marrufo se hizo en una claro del monte donde los únicos enterrados eran los fusilados. Aquí, los arqueólogos, antes de llegar a las fosas de los represaliados, tienen que tratar con todo respeto y hacer los registros pertinentes con todos los restos de los enterramientos normalizados. Han aparecido también varios osarios, cuyos restos hay que estudiarlos también muy detenidamente porque algunos enterramientos normales se hicieron cavando y rompiendo la continuidad de las fosas de los represaliados y algunos de sus restos acabaron desplazados por las nuevas tumbas o en los osarios.

La segunda fosa descubierta se extiende hacia debajo de la crujía central levantada en los años 70 en este patio. Parece que para retirar los restos aquí hallados solo va a ser necesario romper el acerado que la rodea, pero no se puede descartar que bajo esta crujía existieran una o varias fosas con represaliados.

Jesús Román afirma que de todas las personas fusiladas en el municipio de Jimena es posible que en las fosas comunes del cementerio fuesen enterradas unas 35 ó 40. Estas víctimas no son solo las fusiladas en las sucesivas oleadas represivas: la del verano de 1936, la de la vuelta de la población huída a Málaga de febrero y marzo de 1937, y la del fin de la guerra en 1939. “Aquí se estuvo enterrando a represaliados hasta los años 50. Documentadas están hasta esa fecha las muertes de guerrilleros antifranquistas o sus enlaces asesinados en aplicación de la Ley de fugas “, explica Román. Estos enterramientos de guerrilleros o enlaces es posible que no estén hechos en fosas comunes, sino de manera individual, pero sí es posible detectarlos por los signos de violencia o disparos en sus restos y por la misma disposición poco respetuosa de los cadáveres.

La exhumación está recibiendo visitas de familiares que se interesan por la marcha de las labores y están esperanzados con poder hallar y dar un entierro digno a los restos de sus antepasados. La relación de jimenatos fusilados en este municipio o en otros, incluidos los vecinos de otros municipios fusilados en éste, alcanza la cifra de 98 personas,  según el libro de José Manuel Algarbani Y Jimena se vistió de negro. A esta lista hay que sumarle los nombres y apellidos de otras 20 personas facilitadas por familiares de asesinados a las que entrevistó un equipo del Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar en 2019. Los nombres de esas 20 personas tampoco figuran en el cenotafio en memoria de las víctimas del franquismo que existe en el cementerio municipal desde hace varios años.

https://www.algecirasalminuto.com/articulo/actualidad-politica/localizan-restos-oseos-diez-victimas-represion-franquista-fosas-cementerio-jimena/20200712111131152286.html

Un arqueólogo, con restos óseos.

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“NO PODEMOS SEGUIR ESPERANDO. NO TENEMOS MÁS TIEMPO”: LAS FAMILIAS PIDEN POR CARTA AL GOBIERNO QUE REACTIVE LAS EXHUMACIONES EN EL VALLE DE LOS CAÍDOS

Posted by MEMORIA ARAGONESA en 11/07/2020

OCHO MESES DESPUÉS DE QUE PATRIMONIO NACIONAL AUTORIZARA LOS TRABAJOS, OCHO FAMILIAS EXIGEN UN PROCESO “URGENTE” PARA RECUPERAR A SUS SERES QUERIDOS, ENTERRADOS EN LA MAYOR FOSA COMÚN DE ESPAÑA

MARTA BORRAZ – 10 DE JULIO DE 2020 – @MARTABORRAZ

“Ni nosotros ni la democracia española podemos permitirnos esperar un solo día más para que se repare mínimamente el daño. Ya lo hemos aprendido en estos meses tan duros en los que hemos visto desaparecer a personas que tanto sufrieron durante el franquismo”. Casi una decena de familiares de víctimas de la dictadura enterradas en el Valle de los Caídos se han dirigido por carta al Gobierno para reclamar que el proceso de exhumación de sus seres queridos se acelere y se cumpla por fin lo que llevan esperando décadas. Tras un laberinto plagado de obstáculos, Patrimonio Nacional autorizó el pasado noviembre los trabajos para acceder a Cuelgamuros, pero nada han vuelto a saber: “No podemos ni deseamos seguir esperando. No tenemos más tiempo”, esgrimen en la misiva dirigida el pasado 22 de junio a Félix Bolaños, secretario general de la Presidencia del Gobierno.

Son ocho de las 31 familias de represaliados enterrados en la mayor fosa común de España sin el consentimiento ni conocimiento de los suyos, agrupadas en la Asociación de Familiares Pro Exhumación de los Republicanos del Valle de los Caídos. Todas cuentan con el aval de Patrimonio Nacional, que tomó la decisión menos de un mes después de la exhumación de Franco, pero temen que se siga alargando en el tiempo. Y, en definitiva, que muchos de ellos, de más de 80 y 90 años, nunca lleguen a ver cómo sus seres queridos salen del lugar que se construyó para honrar la dictadura que les persiguió y asesinó. “Entienda que estemos muy preocupadas por los familiares más mayores. Estamos cansados y hastiados por la larguísima espera que solo prolonga innecesariamente nuestro sufrimiento”.

Una de las familias es la de Silvia Navarro, presidenta de la asociación, que pelea junto a su madre para recuperar los restos de su tío abuelo, José Antonio Marco Viedma, fusilado el 2 de septiembre de 1936 tras ser secuestrado en su casa por un grupo de agentes de policía, falangistas y guardias civiles. “Es una vergüenza que gente de 86, 87 e incluso 97 años siga a la espera de que les devuelvan a sus padres o sus tíos porque el tiempo se agota. Entendemos las circunstancias extraordinarias del coronavirus, pero deben acelerar el proceso. Ni siquiera todas las familias tenemos todavía la autorización por escrito de Patrimonio Nacional, que es algo que quizás se podría haber hecho en estos meses”, lamenta.

La mayor preocupación de las familias es que, más que una paralización a raíz de la pandemia, “lo que realmente esté ocurriendo es que no haya llegado a arrancar nada en el proceso”, señalan en la carta y, por eso, exigen una actuación “urgente, valiente y decidida”. Por su parte, fuentes del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática rechazan que el procedimiento esté paralizado y esgrimen que “se está ultimando” y que la fecha se les comunicará a las familias. Recuerdan, además, que el Gobierno prepara una ley de Memoria Histórica para mejorar y ampliar la vigente desde 2007 y que irá al Consejo de Ministros antes de que acabe el mes.

Miles de cadáveres en la mayor fosa común

El proceso de los trabajos que deben comenzar, sin embargo, no es sencillo. Según estipuló Patrimonio Nacional, que tomó la decisión tras un informe técnico favorable del CSIC, primero se determinará “la viabilidad de la localización, identificación y recuperación de los restos de las personas inhumadas”, pues las condiciones en las que se encuentran las fosas y el “caos” de enterramientos pueden complicar la operación. Los operadores comenzarán por la Capilla del Santo Sepulcro siguiendo por la Capilla del Santísimo y finalmente, por las capillas laterales de la nave de la Basílica. La primera en abrirse será en la que descansan los hermanos Lapeña, Manuel y Antonio Ramiro, fusilados en 1936 y cuya familia, que también firma la carta, cuenta con una sentencia judicial que autoriza su exhumación desde el año 2016.

El fallo arrojó esperanza para todas las familias, pero al mismo tiempo inauguró un laberinto lleno de obstáculos que, hasta ahora, ha impedido el cumplimiento de la sentencia. Como los Lapeña, otras tantas familias -las autorizadas son 31, pero la cifra puede aumentar si así lo solicitan, declaró en su momento Patrimonio Nacional- buscan sin descanso a sus familiares enterrados en Cuelgamuros, adonde el traslado de cuerpos sin permiso se efectuó desde fosas comunes y cementerios de casi todos los puntos de España. En él están enterrados 33.815 cadáveres, 21.423 de ellos identificados, según el mapa de fosas elaborado por el Ministerio de Justicia.

Otra de las firmantes de la misiva es Mercedes Abril, que ha dedicado toda su vida a buscar y recuperar a su padre Rafael, a quien vio por última vez cuando tenía tres años. El 17 de septiembre de 1936 varios agentes de la Guardia Civil entraron en su casa de Calatayud y se lo llevaron por ser militante del PSOE. Tras ello, su madre recibió cuatro cartas firmadas, pero no volvieron a saber nada de él. Nadie les contó que tras el asesinato, su cuerpo había permanecido en una fosa común para ser trasladado después al Valle de los Caídos. Ambas se vieron obligadas a trasladarse a Valladolid, donde aún vive Mercedes y adonde sueña con llevar a Rafael para ser enterrado junto a su madre.

La carta firmada por las ocho familias recuerda el compromiso del presidente del Gobierno en la respuesta a otra misiva enviada por la propia Mercedes: “No le quepa la menor duda de nuestro firme compromiso de apoyarles en los procesos de recuperación de sus seres queridos inhumados en la Basílica de Santa Cruz del Valle de los Caídos”, esgrimió Pedro Sánchez. Los firmantes reconocen la “predisposición” del Ejecutivo a las exhumaciones “de nuestros padres y abuelos de tan siniestro lugar y destino”, pero apuntan a que, desde que Mercedes recibió la respuesta, “ha pasado casi un año en el que niet@s e hij@s de 86 a 96 años, alguno gravemente enferm@, han sobrevivido incluso a las circunstancias excepcionales ocasionadas por la pandemia” y no se ha procedido a iniciar las obras. Las familias siguen peleando así por un acto que para muchas llega tarde debido a la avanzada edad de los familiares más directos. Una lista a la que quieren dejar de sumar esperas que ya nunca van a dejar de serlo.

https://www.eldiario.es/sociedad/no-seguir-esperando-no-tiempo-familias-piden-carta-gobierno-reactive-exhumaciones-valle-caidos_1_6096785.html?fbclid=IwAR0H0d23fWCqPO1s05KC636ICbdisvG4hpods2u5ijVx9H2ReZr-UpN_krc

Algunas de las personas enterradas en el Valle de los Caídos a las que buscan sus familiares Asociación de Familiares Pro Exhumación de los Republicanos enterrados en el Valle de los Caídos
Silvia Navarro, presidenta de la Asociación de Familiares Pro Exhumación de los Republicanos enterrados en el Valle de los Caídos, con una foto de su tío abuelo.. Foto cedida.
Mercedes abril posa con con las fotos de su padre y de su madre.

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LA EXHUMACIÓN DE VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO DEL VALLE DE LOS CAÍDOS, PARALIZADA PESE A LA PROMESA DEL PSOE

Posted by MEMORIA ARAGONESA en 10/07/2020

FRANCISCO FRANCO HA SALIDO DEL VALLE DE LOS CAÍDOS PERO SUS VÍCTIMAS SIGUEN EN CUELGAMUROS, DENUNCIAN LAS FAMILIAS

ALFONSO OJEA MADRID10/07/2020

Las familias de víctimas del Franquismo enterradas en el Valle de los Caídos denuncian que dos años después de que el PSOE prometiera exhumar los restos la decisión sigue paralizada. Franco ha salido pero sus víctimas siguen en Cuelgamuros.  Dos años después de esas promesas, las familias con resoluciones judiciales firmes para la exhumación de sus seres queridos siguen comprobando como la maquinaria administrativa no avanza. Aún no se han iniciado los trabajos de extracción de los columbarios, una operación que estaba prevista para la primavera pasada.

En estos últimos 16 meses se han realizado profundos estudios sobre la seguridad de la estructura de la abadía, estudios que ya confirmaron la viabilidad. Solo falta la decisión política de hacerlo. Pero se trata de una decisión que no llega. En realidad, la única intervención que se ha realizado es instalar una pequeña ventana en la entrada a la zona de inhumación en la capilla del Sepulcro.

Desde esa ventana, los familiares pueden contemplar los columbarios apilados y a la espera de ser retirados. En ese sepulcro se localizan los restos de los hermanos Lapeña que deben ser devueltos a su familia por orden judicial.

El abogado Eduardo Ranz, letrado de la familia Lapeña y antiguo asesor del gobierno de Sánchez en materia de Memoria Histórica, advierte de que el tiempo pasa, los familiares ancianos de las victimas nos están dejando y un gobierno como el actual no puede quedarse únicamente con la exhumación de Franco. A juicio de Ranz, lo decisivo para la reparación del dolor de las familias no es ver salir en helicóptero los restos del dictador del mismo lugar donde permanecen sus víctimas.

El letrado de la familia Lapeña señala que hay escasa voluntad política porque la exhumación del general tiene mucho simbolismo pero los fallecidos siguen ahí.

El Ejecutivo ha tenido que invertir poco para lograr unas imágenes que han dado la vuelta al mundo, mientras los restos de 34.000 españoles reposan sin solución

Existe, dice Ranz, escasa ambición legislativa con el nuevo proyecto de reforma de la Ley de Memoria Histórica, el mismo texto en las 4 veces que se ha registrado en el Congreso.

Los familiares de las victimas enterradas en el Valle de los Caídos están asombradas con la idea de la Moncloa de “resignificar” el complejo de Cuelgamuros, y ofrecen una razón importante: los gastos de mantenimiento de ese nuevo monumento seguirían pagándolos los españoles vía Presupuestos. En todo caso, Cuelgamuros, dicen las familias, siempre tendrá el mismo significado para la historia: glorificar un régimen totalitario.

https://cadenaser.com/ser/2020/07/10/sociedad/1594369372_770865.html?fbclid=IwAR07RK53IaNtZfeO8FklRSMfa6tt0Jua3Bimey7fPqAK-rY7mD7kUS2Dc1o

El ataúd con los restos de Franco salen en helicóptero del Valle de los Caídos en octubre de 2019. / Pool/Getty Images

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LAS ASOCIACIONES MEMORIALISTAS ACOGEN CON TIBIEZA LAS AYUDAS DE LA DGA: LLEGAN TARDE Y SON INSUFICIENTES

Posted by MEMORIA ARAGONESA en 10/07/2020

Tras más de un año de la aprobación de la Ley de Memoria Democrática y con un 2019 sin ayudas, el Gobierno de Aragón ha aprobado ahora destinar 200.000 euros para proyectos de recuperación de la Memoria en Aragón, así lo recoge la Orden publicada este martes en el BOA. Sin embargo, las asociaciones memorialistas critican que el anuncio llega tarde, el plazo para presentar los proyectos es de tan solo 15 días y la cuantía está muy lejos de ser suficiente.

IKER GONZÁLEZ IZAGIRRE 8 JULIO, 2020

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte –a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural– del Gobierno de Aragón destinará un total de 200.000 euros en la convocatoria correspondiente al actual ejercicio económico para “desarrollar proyectos de investigación y difusión -producción de exposiciones, organización de jornadas, encuentros y otro tipo de actos similares, así como también para la elaboración de audiovisuales-“, en los que se incluyen las acciones de localización y exhumación de fosas.

Así lo recoge la Orden publicada este martes en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) que regula la convocatoria de ayudas, según la Ley 14/2018 de Memoria Democrática de Aragón, aprobada por las Cortes el 8 de noviembre de 2018 con un amplio consenso parlamentario. La convocatoria, que se rige por un “régimen de concurrencia competitiva”, va destinada a entidades sin ánimo de lucro para la realización de actividades dirigidas a la recuperación de la memoria democrática en Aragón, periodo comprendido entre 1931 y 1978, según la Ley.

No obstante, las asociaciones memorialistas con las que ha podido hablar AraInfo, han acogido el anuncio con tibieza, crítica y cierto enfado, que viene arrastrado desde el pasado año, cuando ni siquiera salieron las ayudas, a pesar de que la Ley de Memoria fue aprobada a finales de 2018. Lo que exigen es bastante sencillo de entender: presupuestos a principios de año para que las asociaciones memorialistas puedan tener una planificación adecuada para llevar a cabo su trabajo y aumentar la partida, que queda muy lejos de ser suficiente.

“El pasado año, primer año de vigencia de la Ley de Memoria, estando con los presupuesto prorrogados, se tenía que haber sustanciado exactamente la misma cifra que el año anterior, 200.000 euros. Pero estuvimos todo el año esperando que los sacaran, a la vez que se formaba el Gobierno. Sin embargo, una vez formado el Gobierno los presupuestos no salieron y no hubo subvenciones para nadie. Tiene narices”, critica Enrique Gómez, presidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón (ARMHA), quien afirma que, a pesar de todo, este año “las cosas parece que han ido un poco más ligeras, pero solo un poco”.

Respecto a esto, Gómez incide en que las ayudas “las sacan muy tarde, y como salen tan tarde, no sabes cuando te las van a dar y encima hay que justificar gastos antes del 15 de noviembre, todo lo que va después se queda fuera, lo cual es muy agobiante, porque a lo mejor tu tienes actos, como en nuestro caso, que íbamos a presentar el proyecto de Imagen de la Memoria de este año con el telón de fondo del campo de concentración de Gurs, que se inaugurará la exposición el 4 de noviembre, y pensábamos hacerlo con un par de actos cada semana hasta febrero de 2021”.

En la misma línea se expresa Miguel Ángel Capapé, de la Asociación por la Recuperación e Investigación Contra el Olvido (ARICO): “Después de más de un año de la aprobación de la Ley, parece que ahora el Gobierno de Aragón se pone en marcha, a la pandemia se le pueden echar muchas culpas pero para poner en marcha un departamento no creo que sea tan difícil”. En este sentido, incide en que “este año lo han tenido más complicado, eso es cierto, pero el pasado año no hubo pandemia y los presupuestos no salieron. Excusas pueden poner las que quieran pero ya no nos vale ninguna”.

La cantidad asignada por el Gobierno de Aragón para las ayudas también es motivo de crítica. “200.000 euros se ha convertido en una cifra mantra, porque es la que aparece desde hace varios años para el tema de la memoria histórica”, recuerda Enrique Gómez. Pero es que además, la Orden establece que la cuantía de las subvenciones no podrá ser inferior a 500 euros ni superior a 10.000 por proyecto, y eso en el caso de que se obtenga la máxima puntuación, 80 puntos, que se consiguen sumando los criterios de adjudicación establecidos: 1. Interés cultural del proyecto. Hasta 20 puntos; 2. Rigor presupuestario. Hasta 10 puntos; 3. Viabilidad económica. Hasta 10 puntos; 4. Viabilidad técnica de proyecto. Hasta 20 puntos; 5. Ámbito territorial de la actividad. Hasta 10 puntos; 6. Contribución de la actividad solicitada al conocimiento y difusión de la Memoria Democrática de Aragón como parte integrante del patrimonio cultural aragonés. Hasta 10 puntos. 

Miguel Ángel Capapé ahonda en esto: “Volvemos a lo de siempre. Los 10.000 euros de subvención, en el caso de que te den el 100% porque te van quitando puntos, es una vergüenza. No puedes hacer nada para una exhumación, no pasa de la investigación o de hacer un sondeo. Poco más. Con 10.000 euros se puede hacer muy poco, eso no lo han modificado, seguimos igual”. Y es que las personas voluntarias de las asociaciones memorialistas hacen su trabajo de forma altruista, por un bien común. “Solo cobran los profesionales a los que llamamos para labores específicas en los trabajos de exhumación, y cobran lo que hay”, no más, y suele ser más bien poco, admite Capapé.

En este sentido, el integrante de ARICO, apunta que en las ayudas de la DPZ y DPH “pueden entrar proyectos más grandes, aunque solo te dan un máximo del 80% del gasto total si te conceden la subvención al 100%. Cada cosa tiene su pega, pero por lo menos, estas ayudas, pueden pasar de los 10.000 euros y llegar a los 20.000 o 25.000 con lo que puedes hacer algún proyecto más completo”.

De hecho, las exhumaciones que ha venido haciendo ARICO en los últimos años, por ejemplo, la de 12 vecinos de Angües asesinados por el fascismo a principios de 1937 y enterrados en el cementerio de Las Mártires de Uesca, fue gracias a las ayudas de la DPH. “Lo de la DGA es una vergüenza, tratándose del Gobierno de Aragón debería de abanderar la recuperación de la memoria poniendo más recursos”, denuncia Capapé.

Tanto la DPH como la DPZ han ido más adelantadas y “hace tiempo que se han podido presentar los proyectos y con más calma”, apunta Gómez. La DPH lanzó su línea de ayudas para las asociaciones memorialistas el pasado 29 de enero, con una dotación de 126.000 euros y un amplio plazo para presentar los proyectos -1 de noviembre-. Estas ayudas están dirigidas para actividades que deben realizarse desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre de 2020, es decir, casi todo el año.

Por su parte, la DPZ publicó las ayudas el 12 de marzo que, aunque estuvieron paralizados los plazos administrativos durante dos meses y medio a causa de la pandemia de COVID-19, se reabrieron el pasado 1 de junio con plazo hasta el día 16 del mismo mes. La dotación de la Diputación de Zaragoza es de 150.000 euros, e incluye financiación tanto para exhumaciones e identificaciones como para iniciativas que se impulsen para “la reparación moral de las víctimas o para la difusión de la memoria histórica”, y también para las asociaciones que “buscan la verdad sobre los niños robados”.

En total, las ayudas de ambas diputaciones ascienden a 276.000 euros, un 28% más que las del Gobierno de Aragón. Eso sí, el proyecto de cada solicitante podrá ser subvencionado, si se ajusta a los requisitos, con hasta un 80% del presupuesto total de cada diputación.

Otra crítica en la que coinciden las asociaciones memorialistas son los plazos para presentar los proyectos en la DGA: tan sólo 15 días hábiles desde la publicación de la convocatoria en el BOA. “15 días para presentar el proyecto, y luego esperar a que te avisen si te lo han aprobado o no, en el mejor de los casos antes de vacaciones o en plenas vacaciones”, lamenta el presidente de ARMHA, Enrique Gómez para añadir, con ironía: “Aunque algo ha mejorado. Hace dos años, lo publicaron en el BOA un viernes y había que presentar los proyectos el lunes. Ya no una semana ni 15 días, un fin de semana, y mucha gente tuvo que renunciar a los proyectos porque era imposibles justificarlo en ese breve tiempo”.

Preguntado a Capapé qué haría falta para que hubiera una apuesta decidida del Gobierno de Aragón con la recuperación de la memoria, el integrante de ARICO lo tiene claro: “Aumentar el presupuesto y sacarlo a primeros de año, para que podamos empezar a trabajar a principios de año. Es lo que hemos hablado siempre: si te aprueban el proyecto en octubre ¿Cuándo pretenden que empecemos a trabajar? Porque depende de lo que vayas a hacer no te puedes liar la manta a la cabeza y empezar a hacer un proyecto sin saber si te lo van a aprobar o no, porque luego te lo tienes que comer tú”.

Otro gran problema al que se enfrentan las asociaciones memorialistas es el tiempo, especialmente asociaciones como ARICO que trabajan con familiares de víctimas del franquismo. “Con la DPH llevamos trabajando cinco años en Uesca. No podemos hacer un proyecto en 5 o 6 años, y tampoco son proyectos exageradísimos, son 17 restos los que hemos exhumado y todavía están sin enterrar, esperamos que este año podamos, con las ayudas de la Diputación, pero en este tiempo ya se ha muerto más un familiar. Es una verdadera pena. Es lamentable que tengamos que seguir así todavía”, concluye Capapé.

https://arainfo.org/las-asociaciones-memorialistas-acogen-con-tibieza-las-ayudas-del-gobierno-de-aragon-para-la-recuperacion-de-la-memoria/

Martín Arnal guerrillero antifranquista, observa la exhumación de 12 de sus compañeros asesinados por fascistas en Angües. 17 Julio 2019. Foto: Pablo Ibáñez

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EL SUPREMO DA CERROJAZO A LA EXHUMACIÓN DE FRANCO RECHAZANDO LOS RECURSOS DE LA FUNDACIÓN, EL VALLE Y LOS BENEDICTINOS

Posted by MEMORIA ARAGONESA en 09/07/2020

La Fundación Franco solicitaba a la Sala que corrigiera su “grave error” y ordenara que Franco vuelva a ser enterrado en el Valle de los Caídos

Para la Fundación, la corrección de este asunto por el Supremo era “legalmente posible” por la composición del tribunal

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La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha resuelto definitivamente los recursos contra la exhumación de Francisco Franco y ha desestimado este martes los recursos que tenía pendientes por parte de la Fundación Nacional Francisco Franco, la Comunidad benedictina y la Asociación en Defensa del Valle de los Caídos contra la decisión del Gobierno que permitió sacar los restos del dictador de la basílica de Cuelgamuros, ha informado Europa Press.

La decisión se ha adoptado después de resolverse la recusación presentada por la Fundación contra el magistrado Pablo Lucas, que fue el ponente de la sentencia que el pasado pasado 24 de septiembre avaló la exhumación, por unas informaciones que le relacionaban con la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo cuando ambos coincidieron en 1990 en la Universidad de Córdoba.

En el último escrito remitido al alto tribunal, el pasado 1 de junio, la Fundación Franco solicitaba a la Sala que corrigiera su “grave error” y ordenara que Franco vuelva a ser enterrado en el Valle de los Caídos, algo que ha sido rechazado por el Supremo, que confirma en su resolución la legalidad de los acuerdos del Consejo de Ministros del 15 de febrero de 2019 por los que se acordó sacar a Franco del Valle de los Caídos, así como el del 15 de marzo para su posterior inhumación en el cementerio de Mingorrubio, en El Pardo (Madrid).

Por otra parte, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha rechazado también el recurso de la Fundación Francisco Franco contra el acuerdo posterior del Consejo de Ministros, de 11 de octubre de 2019, que ejecutó la sentencia que permitió exhumar a Franco al rechazar los recursos de la familia del dictador.

La sentencia, en los próximos días

El fallo ha sido comunicado a las partes y las sentencias con sus fundamentos jurídicos se conocerán en los próximos días, según ha informado este martes el propio tribunal Supremo.

Para la Fundación, la corrección de este asunto por el Supremo era “legalmente posible” por la composición del tribunal.

Según apuntaba en un comunicado, la magistrada Pilar Teso será la ponente, mientras que José Luis Requero y Segundo Menéndez, a los que sitúa a las “antípodas en ideología pero que en este asunto se unieron a favor de la exhumación y a favor de ignorar los derechos de la Iglesia y de la familia”, ya “no se sentarán a deliberar”.

“Resulta que a lo mejor, el próximo 7 de julio, día de San Fermín, pese a que se han suspendido los festejos de Pamplona en honor al santo, pueden correr unos miuras por los pasillos del palacio de justicia que, al menos, les recuerde la grave responsabilidad de sus funciones y, aunque sea testimonial, algún magistrado valiente cuestione la constitucionalidad de la ley de memoria histórica que desune y enfrenta a los españoles, que terminará por cargarse a la monarquía, y que desvía la atención de la hecatombe a que nos está llevando Pedro Sánchez”, indicaban.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/07/07/el_supremo_cerrojazo_exhumacion_franco_rechazando_los_recursos_fundacion_valle_los_benedictinos_108584_1012.html  

Imagen del Valle de los Caídos. E. P.

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CINCO PUEBLOS ARAGONESES, Y SU CAPITAL, DEDICAN CALLES AL ‘NÚCLEO DURO’ DEL FRANQUISMO

Posted by MEMORIA ARAGONESA en 06/05/2020

CINCO PUEBLOS ARAGONESES, Y SU CAPITAL, DEDICAN CALLES AL ‘NÚCLEO DURO’ DEL FRANQUISMO

APENAS QUEDAN CIEN DÍAS EN LA CUENTA ATRÁS PARA QUE LOS CONSPIRADORES MOLA Y SANJURJO Y DESTACADOS SUBLEVADOS Y REPRESORES COMO MUÑOZ GRANDES, GARCÍA VALIÑO, VARELA Y CARRERO BLANCO DEJEN DE FIGURAR EN LOS CALLEJEROS DE ZARAGOZA, CANTAVIEJA, TABUENCA, TRASMOZ, VELILLA DE JILOCA Y VILLAR DE SALZ

EDUARDO BAYONA 5 MAYO, 2020

Tic, tac, tic, tac: la cuenta atrás para que las instituciones aragonesas limpien el país de vestigios del franquismo y la sublevación militar contra la Segunda República sigue adelante con apenas un centenar de días de margen, los restantes hasta que el 22 de agosto se cumpla el mandato de la Ley de Memoria Democrática para eliminar los “elementos o menciones realizados en conmemoración, exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del golpe de Estado de 1936 y del franquismo, de sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial”.

El programa de limpieza incluye las “placas, escudos, insignias, inscripciones, anagramas y otros elementos sobre edificios públicos o situados en la vía pública” y las “denominaciones de calles, vías o lugares públicos que rindan homenaje a militares o políticos afectos al golpe de estado o al régimen franquista” o ensalcen a “los participantes, instigadores o legitimadores de la sublevación militar de 1936 y de la dictadura franquista”, así como , las “alusiones que desmerezcan a la legalidad republicana y a sus defensores”.

Eso obligará a media docena de ayuntamientos, entre ellos el de Zaragoza, a eliminar, además de las referencias al propio dictador, las placas que dedican calles y plazas a los miembros de su ‘núcleo duro’, cuya existencia ha certificado el Ministerio de Asuntos Económicos al responder a una solicitud de información del senador de Compromís, Carles Mulet.

“Se aprecia una gran limpieza después de la campaña iniciada por la coalición desde la cámara alta” para fomentar la retirada del callejero del general Franco y sus conmilitones, explica el senador, que ha reactivado “la campaña de requerimientos a los ayuntamientos para que cumplan con la legislación actual que prohíbe este tipo de denominaciones en vías públicas”.

Los datos de Asuntos Económicos proceden de la explotación de las bases de datos del INE (Instituto Nacional de Estadística), que, aunque con alguna excepción, suelen estar actualizados con los callejeros vigentes en los cascos urbanos del Estado español.

Con la primera fase, “desde 2017 se ha conseguido retirar cerca de 2,000 calles y símbolos en más de 500 municipios de todo el Estado”, señala. Así ocurrió, como adelantó AraInfo, con los ayuntamientos de Ardisa, Brea de Aragón, Cervera de la Cañada, Munébrega, Navardún, Novallas, Tauste, Villalengua y Alcalá de Ebro en Zaragoza, con los turolenses de Santa Eulalia del Campo, San Agustín y Villar de Salz y con los oscenses de Siétamo y Lupiñén-Ortilla.

Mola y Sanjurjo en Trasmoz, Tabuenca y Cantavieja

Otros dieciocho han respondido positivamente a los requerimientos del anterior presidente del Senado, Pío García Escudero (PP), que les instó uno a uno y a propuesta del senador a cumplir la Ley de Memoria Histórica estatal de 2007. Su sucesora, la jueza Pilar Llop (PSOE), está haciendo lo propio estos días con una remesa de nuevas cartas que, tras haber avalado la iniciativa la mesa de la cámara alta la semana pasada, llegarán en los próximos días a los consistorios aragoneses de Zaragoza, Cantavieja, Tabuenca, Trasmoz, Velilla de Jiloca y Villar de Salz, todos los cuales mantienen en sus callejeros a miembros del ‘núcleo duro’ de Franco en alguna de las fases de su dictadura o en la sublevación golpista que desató para llegar al poder.

Cantavieja recibirá dos, una por el general Emilio Mola, que también tiene calle en Tabuenca y Trasmoz, y otra por Rafael García Valiño. El primero, cuya muerte nunca esclarecida en un accidente aéreo dejó a Franco sin rivales para capitalizar la guerra, fue quien planificó el golpe militar y quien diseñó la brutal y sistemática represión de todo aquel que hubiera tenido alguna relación con la legalidad republicana y con su defensa. El segundo, que había participado en las campañas del norte y en los frentes de Aragón, el Ebro y Levante, dirigió a finales de los años 40 el Estado Mayor del ejército de la dictadura.

Tabuenca y Trasmoz también recibirán una segunda carta, en ambos casos por mantener en su callejero al general José Sanjurjo, el golpista al que un indulto de la propia Segunda República le permitió eludir la pena de muerte que los tribunales le impusieron por la asonada de agosto de 1932, ‘la sanjurjada’, y que aprovechó su exilio en Portugal para seguir conspirando contra ella. De hecho, se le considera como uno de los principales diseñadores del golpe de 1936. Como Mola, murió en un accidente aéreo el 20 de julio de ese año, entre Estoril y Cascais, nada más despegar hacia Burgos.

La mano derecha de Franco y el jefe de la División Azul

Otro de los requerimientos llegará a la localidad turolense de Villar de Salz, donde sigue teniendo calle Carrero Blanco, la mano derecha y principal ‘fontanero’ del dictador desde que, a mediados de 1940, redactó un informe en el que se inclinaba por que España no participara, al menos oficialmente y en términos militares, en la segunda guerra mundial. Subsecretario de la Presidencia durante 32 años y vicepresidente del Consejo de Ministros durante seis, sucedió como presidente del Gobierno a Franco cuando este decidió dejar el cargo en junio de 1973.

Moría a los seis meses en la ‘operación Ogro’, un atentado sobre el que siempre planeó la sombra de la intervención de servicios secretos de países occidentales y sobre el que nunca hubo una versión oficial: los sospechosos, que también lo eran de formar parte de ETA, no llegaron a ser juzgados porque, sin haber sido condenados, quedaron libres con la amnistía de 1977.

También el Ayuntamiento de Zaragoza, que con el cambio de color del pasado verano ha abandonado las políticas memorialistas de los últimos tres lustros, que la situación en los mandados de Juan Alberto Belloch (PSOE) y Pedro Santisteve (ZeC) como una de las ciudades más avanzadas de España en esta materia, tiene reservada una carta, en este caso por seguir homenajeando en una pequeña plaza situada en la zona de transición entre San José Alto y Torrero al general Agustín Muñoz Grandes, el militar que se convirtió en el paradigma de la falacia que, en realidad, era la neutralidad del franquismo en la segunda guerra mundial, cuya teorización había aupado a Carrero.

Muñoz Grandes, que llegó a ser condecorado por el propio Hitler, dirigió la División Azul, un cuerpo militar de 50.000 soldados que en 1941 se integró en el ejército de la Alemania nazi y que combatió (con uniforme de la Wehrmacht) durante dos años en el frente ruso.

Antes, tras pasarse a las líneas enemigas después ser que la Segunda República lo indultara al comienzo de la guerra de una pena de nueve años tras interceder varios generales leales, había dirigido las operaciones de los sublevados en el Frente de Aragón y la batalla del Ebro. Después sería ministro del Ejército entre 1951 y principios de 1957 para, poco después, pasar doce años como máximo responsable de las fuerzas armadas de la dictadora y, después, entre los veranos de 1962 y 1967, ocupar la vicepresidencia del Consejo de Ministros.

¿De qué Calvo Sotelo y de qué Primo de Rivera hablamos?

Cierran la lista de destinatarios de las cartas Velilla de Jiloca, donde tiene calle el general José Enrique Varela, ministro del Ejército en los tres primeros años de la posguerra de una contienda en cuyas conspiraciones y preparativos había reorganizado el Requeté navarro poco después de salir de la cárcel por su implicación en la ‘Sanjurjada’ de 1932, y Tauste, donde sigue habiendo una plaza con el nombre de “Caudillo” y una calle del Capitán Cortés, al que la versión franquista de la historia encumbró póstumamente por haber participado en julio de 1936 en la sublevación de los guardias civiles acuartelados en un santuario de Sierra Morena.

La iniciativa de Carles Mulet no ha incluido finalmente a otro grupo de municipios entre los que se encuentran algunos de los anteriores, como Cantavieja y Trasmoz, y otros como los turolenses de Santa Eulalia y Valbona y los zaragozanos de Pozuelo de Aragón, San Mateo de Gállego, Tabuenca, Utebo, Velilla de Jiloca y Villanueva de Gállego.

En todos ellos, salvo en Valbona, donde se dan las dos opciones, hay una calle o una plaza dedicada a Calvo Sotelo, por lo que antes del requerimiento sería necesario aclarar si se trata de Leopoldo, el expresidente democrático con UCD, o de José, ministro de Hacienda del dictador Primo de Rivera y diputado monárquico asesinado cinco días antes del golpe de 1936 por miembros de una milicia socialista.

En el caso de “Calvo Sotelo”, explica el senador de Compromís, “no se discrimina en este listado entre el expresidente del Gobierno o el político venerador por el franquismo y elevado a mártir”, por lo que finalmente ha optado por no incluirlos en la iniciativa.

Ocurre algo similar con la calle y la plaza dedicadas en Caspe y Calatayud, respectivamente, a Primo de Rivera, aunque al menos una las dos figuras a las que puede hacer referencia quedaría, en principio, fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Memoria Democrática: Miguel, el dictador, había fallecido seis años antes de la guerra, y su hijo José Antonio, el fundador de Falange, no llegó a participar en el golpe por estar preso en Alicante, aunque lo alentó.

Por último, el trabajo parlamentario de Mulet ha posibilitado que otros 18 ayuntamientos aragoneses inicien los trámites para retirar de sus callejeros los vestigios del franquismo o reclamen esa medida a otras instituciones como las parroquias y/o obispados. Se trata de Zaidín, Sariñena y Fonz en Huesca; Huesa del Común, Alcorisa, Villafranca, Valbona, Arcos de Salinas, Caminreal, Beceite y la capital en Teruel y, en Zaragoza, Plasencia de Jalón, Villanueva de Gállego, Muel, Lécera, Figueruelas, Calatorao, Morata de Jalón y Codo.

Se añaden a los quince que ya lo hicieron hace unos meses: Zaragoza: Ardisa, Brea de Aragón, Cervera de la Cañada, Munébrega, Navardún, Novallas, Tauste, Villalengua, Alcalá de Ebro, Santa Eulalia del Campo, San Agustín, Villar de Salz, Siètamo y Lupiñén-Ortilla

https://arainfo.org/cinco-pueblos-aragoneses-y-su-capital-dedican-calles-al-nucleo-duro-del-franquismo/ 

El almirante Luis Carrero Blanco jura uno de sus cargos en presencia de Franco. Foto: Wikimedia

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ARAGÓN PROTEGE AL FIN LA TUMBA PROFANADA DE CIENTOS DE REPUBLICANOS

Posted by MEMORIA ARAGONESA en 30/03/2020

UN TORRENTE DE MUERTE

ARAGÓN PROTEGE AL FIN LA TUMBA PROFANADA DE CIENTOS DE REPUBLICANOS

EL GOBIERNO DE LAMBÁN ACTIVA LA DECLARACIÓN COMO LUGAR DE MEMORIA DEL BARRANCO DE LA BARTOLINA DE CALATAYUD, ESCENARIO DE LA REPRESIÓN FRANQUISTA DURANTE AL MENOS SEIS AÑOS Y DONDE LOS RESTOS DE LOS ASESINADOS FUERON UTILIZADOS PARA SELLAR UN VERTEDERO DE BASURA.

ZARAGOZA – 29/03/2020

EDUARDO BAYONA – @E_BAYONA

“Si en una obra ves que empiezan a salir huesos y restos lo normal es pararla y avisar a la Guardia Civil. Pero nadie lo hizo”, recuerda Miguel Ángel Capape, de Arico, la Asociación por la Recuperación e Investigación contra el Olvido.

Se refiere a lo que ocurrió en 1999 en el barranco de La Bartolina de Calatayud (Zaragoza), donde las fosas en las que reposaban los restos de más de 300 republicanos asesinados por la represión de los sublevados y de la dictadura a lo largo de seis años, entre 1936 y 1942, acabaron siendo utilizados para sellar el vertedero de basura de esa localidad aragonesa.

Más de dos décadas después de que eso ocurriera, el Gobierno de Aragón ha activado la declaración de ese paraje como Bien de Interés Cultural (BIC), con lo que se convertirá en el primer Lugar de Memoria de la comunidad, en aplicación de la Ley de Memoria Democrática autonómica. “En Calatayud siempre hemos llegado tarde para todo, o ellos corrieron mucho”, ironiza el memorialista, que espera que con esta decisión, iniciada con un mes de exposición pública de la resolución, “al menos se reconozca el sitio y se respete tal y como ha quedado. Hay que explicar lo que ocurrió allí y tiene que saberse”.

“Es imposible saber cuántas víctimas hubo”

Lo que ocurrió en el barranco de La Bartolina fueron, en realidad, varias cosas. Muchas. Demasiadas. Y todas terribles. Allí fueron asesinados un número indeterminado de republicanos que distintas estimaciones cifran entre los 300 y los 2.000. “Es imposible saber cuántas víctimas hubo, nunca lo sabremos con exactitud”, explica Capapé, que se inclina por una horquilla de 300 a 500.

“Las hipótesis varían desde los 400 o 500 que presupone Ignacio Moreno Medina en su reciente estudio sobre la represión en la zona de Calatayud, titulado La ciudad silenciada, hasta los 2.000 que afirman otros autores, aunque resulta más verosímil la primera valoración”, señala la orden que pone en marcha la declaración de la zona como BIC.

Allí también ocurrió que la represión y los crímenes se prolongaron durante al menos seis años, según indica la documentación sobre órdenes de fusilamiento localizadas por Arico y con fecha de 1942. “Fue un lugar de ejecuciones extrajudiciales, de fusilamientos masivos en la comarca de Calatayud durante la guerra de España entre 1936 y 1939 y de la inmediata posguerra”, señala el documento del Gobierno de Aragón, que se refiere a él como “uno de los lugares donde tuvo lugar la brutal represión acaecida” en la zona, donde la cifra de víctimas se acercó al millar.

Y, además, también sucedió que la zona, el cauce de un torrente que en épocas de tormenta vertía al río Jalón y que desde principios de los años 40 se convirtió en “una especie de lugar prohibido, donde muchos saben que su familiar está enterrado, pero muy pocos se atreven a acercarse”, fue “objeto de numerosos expolios de restos humanos a finales de los años 50 y principios de los 60, con el objeto de trasladarlos al Valle de los Caídos”.

“Utilizaron arena de la sepultura colectiva”

Eso ocurrió, entre otros, con los cadáveres de los hermanos Lapeña, cuya exhumación continúa enredada en un laberinto burocrático pese a la orden judicial de llevarla a cabo, con el del ferroviario Rafael Abril y, entre otros, con José Cansado y con otros de “los doce de Ateca”, víctimas de un sangriento episodio en el que los sublevados aniquilaron en el verano de 1936 a todos los miembros del ayuntamiento de ese pueblo zaragozano.

No era suficiente. Todavía tenían que ocurrir más cosas, como que el Ayuntamiento de Calatayud decidiera ubicar en el barranco un vertedero municipal de basuras que, según las estimaciones de Capapé, “estuvo funcionando cerca de treinta años”.

Se encontraba “en el extremo opuesto a la mayor fosa del lugar”, señala el documento de la comunidad, que recuerda cómo el consistorio “utiliza para sellarlo y compactarlo la arena tomada de la sepultura colectiva, mezclando la tierra con los huesos de los fallecidos sacada de la fosa común. Con ello, cualquier intento de exhumación y de recuperación de los huesos para la identificación de su ADN, queda anulada por completo”. “Sacaban los restos con una pala excavadora, los echaban a un camión y los arrojaban al vertedero, para sellarlo”, recuerda Capapé, que lamenta cómo “nadie fue capaz de parar la obra”.

Eso ocurría en 1999, dos décadas antes de que el Gobierno de Aragón pusiera en marcha el expediente para declararlo BIC con la finalidad de protegerlo “ante actuaciones que puedan destruir lo que queda de ese lugar de tan nefasto recuerdo” y de “garantizar su valoración, preservación y protección como símbolo de homenaje y reconocimiento de la dignidad de las personas allí asesinadas y de sus familiares, en respuesta a una demanda histórica y como símbolo de restitución de las ofensas y tratamiento recibido en este caso concreto”.

“Los huesos están destruidos”

Arico comenzó a trabajar en la zona en busca de restos de los represaliados a mediados de la década pasada, aunque sin éxito. “Según los técnicos, por efecto de los ácidos producidos en la degradación de las basuras, los huesos están destruidos, y el simple acto de intentar abrirlo conllevaría peligros, como pequeñas explosiones producidas por el gas metano acumulado en el basurero”, anota la resolución.

“Se desconoce la ubicación exacta de la totalidad de los restos humanos contenidos en el barranco”, aunque sí “se sabe el área exacta donde fueron asesinados, así como aquella a la que fueron desplazados con posterioridad”, añade el documento, que incluye ambos parajes en la zona a proteger para “garantizar así su integridad, conservación y dignificación”.

La resolución, cuyo periodo de información pública, inicialmente previsto hasta el 25 de abril, se prolongará como consecuencia del estado de alarma por el coronavirus, propone vetar cualquier actuación en el barranco que pueda “afectar a los restos contenidos en él”, que conlleve “el deterioro del mismo o que implique el menosprecio de la dignidad de la memoria de las víctimas allí asesinadas”.

https://www.publico.es/politica/barranco-bartolina.html 

Más de 300 republicanos fueron asesinados por la represión de los sublevados y la dictadura en el barranco de la Bartolina, en Calatayud, medio siglo antes de que sus restos fueran utilizados para sellar un vertedero. ARICO.

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LAS FOSAS DE LOS VENCIDOS, LAS FOSAS DE LOS VENCEDORES

Posted by MEMORIA ARAGONESA en 15/03/2020

LAS FOSAS DE LOS VENCIDOS, LAS FOSAS DE LOS VENCEDORES

EL PASADO DE MARZO TUVIERON LUGAR EN CALATAYUD LOS ACTOS DEL DÍA DE LA MEMORIA DEMOCRÁTICA DE ARAGÓN, TAL Y COMO SE CONTEMPLA EN LA LEY 14/2018, DE MEMORIA DEMOCRÁTICA DE LA COMUNIDAD. ESPECIALMENTE EMOTIVO RESULTÓ EL HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS ASESINADAS POR EL FRANQUISMO EN EL BARRANCO DE LA BARTOLINA, EN AQUEL ÁRIDO PARAJE, REGADO CON TANTA SANGRE INOCENTE, RECUERDO PERMANENTE DEL DOLOR Y DE TRÁGICA MEMORIA PARA MUCHAS FAMILIAS DE LA COMARCA DE CALATAYUD.

JOSÉ RAMÓN VILLANUEVA HERRERO – 15/03/2020

Evocando estos sucesos, rasga el alma el comprobar, en los taludes del barranco, las señales, todavía visibles, dejadas por las palas excavadoras que, en el año 1999, destrozaron la fosa existente al trasladar los restos de los cuatro centenares de víctimas allí asesinadas al cercano vertedero de basuras, hoy sellado, algo que desgarra nuestra conciencia por la forma tan infame y humillante con que se pretendió ocultar los crímenes allí cometidos.

Contemplando lo que fue la fosa del Barranco de La Bartolina es inevitable pensar en el doloroso contraste existente entre el tratamiento dado por el régimen franquista a la memoria y a las fosas de los fallecidos en las filas rebeldes durante la Guerra de España de 1936-1939 y el absoluto olvido y desprecio para con las de sus adversarios, de los españoles que defendieron y fueron leales al gobierno legítimo de la Segunda República, los cuales, fueron olvidados, despreciados, humillados y destruidos, al igual que sus fosas, tal y como ocurrió en Calatayud, también en período democrático, por la insensibilidad de cierta corporación local. Y es que el franquismo no solo perpetuó durante toda su existencia la división social entre «vencedores» y «vencidos» que sobrevivieron a la contienda con las consecuencias que son de todos conocidas, sino que esta división, tan brutal como injusta, también se hizo extensiva a la condición y el trato que recibieron los muertos, las fosas comunes, bien fueran de «sus caídos» o bien fueran de las que siempre, de forma despectiva, se calificaban como «de los rojos».

Las otras fosas

Frente a este olvido y desprecio, del cual es ejemplo patente el Barranco de La Bartolina, contrastan lo que sucedió con «las otras fosas», las de los caídos en combate en el bando sublevado, así como las de los asesinados en zona republicana, pues todas ellas fueron objeto de una intensa atención conmemorativa por parte del franquismo desde el primer momento. Y es que, el culto a los caídos fue siempre un elemento simbólico esencial para el régimen franquista. Así lo hacía constar el juez Baltasar Garzón en las Diligencias previas al procedimiento abreviado 399/2006 V, de 16 de octubre de 2008 al señalar que, «un examen imparcial y sereno de los hechos, nos lleva también a afirmar que al igual que los vencedores de la Guerra Civil aplicaron su derecho a los vencidos y desplegaron toda la acción del Estado para la localización, identificación y recuperación de las víctimas caídas en la parte vencedora, no aconteció lo mismo respecto a los vencidos que además fueron perseguidos, encarcelados, desaparecidos y torturados por quienes habían quebrantado la legalidad vigente al alzarse en armas contra el Estado».

Y así fue, pues una vez terminada la guerra, mientras la España de los vencedores, la España franquista, se lanzó a lo que se ha dado en llamar una «perpetua orgía necrofílica», lo cual se explica por el incesante movimiento de colocación de lápidas y monumentos funerarios, cambios de denominación de las vías públicas para mantener siempre presente el recuerdo «a los caídos», a los combatientes franquistas y a sus gestas, mientras que la otra media España, la España de los vencidos, fue obligada a callar negándole, incluso, que pudiera expresar su duelo por tanto dolor y muerte arrastrados en silencio.

Tratamiento especial

Y en este contexto, es donde hay que situar el tratamiento especial que dio el franquismo a «sus fosas», a la vez que ignoraba totalmente la existencia de las fosas con víctimas republicanas. Es por ello que resulta muy esclarecedora la lectura atenta de la Orden del Ministerio de la Gobernación de 4 de abril de 1940, firmada por Ramón Serrano Suñer, en la que se dispone «que por los Ayuntamientos se adopten medidas que garanticen el respeto a los lugares donde yacen enterradas las víctimas de la revolución marxista» (BOE del 5 de abril). En dicha Orden, y a diferencia de lo sucedido con las fosas de víctimas republicanas, se puede leer la total prioridad que se concede a las fosas de los «caídos» del bando rebelde, las cuales llegan a recibir la consideración de «tierra sagrada» al señalarse que, «el homenaje debido a nuestros mártires exige que, hasta tanto puedan ser recogidos dichos restos en el Panteón de los Caídos [entiéndase, en la obra del Valle de los Caídos cuya construcción se acababa de iniciar] se adopten con carácter provisional las medidas que aseguren el respeto de los expresados lugares, convirtiéndolos en tierra sagrada, bajo el cuidado de los Ayuntamientos».

Quedaba clara la voluntad de las autoridades franquistas por proteger y respetar aquellos lugares en donde existieran fosas con víctimas del bando rebelde hasta el momento en que fueran exhumados los restos de «sus caídos», todo lo contrario, al abandono y desprecio en que quedaron sumidas aquellas otras fosas con víctimas del bando leal a la República. En consecuencia, según dicha Orden, los ayuntamientos debían de «acotar y cerrar esos lugares en el fin de evitar posibles profanaciones, y que reúnan las precisas garantías de seguridad aquellos lugares en donde conste de manera cierta que yacen restos de personas asesinadas por los rojos, que no han sido identificadas o reclamadas por sus familiares» (art. 1º).

Además de esta protección por parte de las autoridades municipales para con estas fosas, la referida Orden solicitaba de las autoridades eclesiásticas la concesión, al lugar acotado donde éstas se hallaban ubicadas, del carácter de «tierra sagrada», en la misma forma que si se tratase de un cementerio municipal (art. 2º). Por otra parte, en aquellos casos en que el número de cadáveres fuera reducido, la Orden de 4 de abril de 1940 mandaba a los ayuntamientos su traslado a una parcela designada para este exclusivo efecto en el respectivo cementerio municipal, haciéndose constar dicho traslado (art. 3º). Para todas estas labores de exhumación, se permitía igualmente el acceso a los terrenos de las fosas, sin que los propietarios de los terrenos tuviesen ningún derecho a indemnización o reclamación (art. 4º), a la vez que se instaba a los ayuntamientos a que diesen cuenta a los Gobernadores civiles «en el término de ocho días, de haber iniciado las obras» a las que se refería la presente Orden (art. 5º).

Como conclusión de todo ello se deduce que los restos de los llamados «mártires de la Cruzada» estuvieron en todo momento localizados por las autoridades locales, provinciales y nacionales para su posterior exhumación, tanto si eran reclamados por sus familiares, o bien para un futuro traslado de estos restos al panteón del Valle de los Caídos, tal y como ocurrió en este último caso en los años previos a 1959, fecha en la que el general Franco, con motivo del 20º aniversario de «la Victoria», inauguró el faraónico panteón sito en Cuelgamuros y que, a fecha de hoy, sigue siendo una ofensa permanente a la memoria de los vencidos.

Tras la exhumación, todo fueron facilidades para las familias de los combatientes fallecidos que apoyaron el golpe militar y, de este modo, la Ley de 16 de marzo de 1939, firmada por Franco, en cuyo artículo único facultaba a los ayuntamientos «para dispensar o reducir las exacciones municipales que gravan las inhumaciones, exhumaciones o traslado de cadáveres víctimas de la barbarie roja o muerta en el frente» (sic), cuyos enterramientos se hubieran realizado «en lugares inadecuados», lo cual suponía para sus familias exenciones del arbitrio de pompas fúnebres y de las tarifas y ordenanzas de los cementerios municipales.

Igualmente, algunos de los «mártires de la Cruzada» podían ser inhumados en edificios religiosos, tal y como ya se recogía en la Orden de 31 de octubre de 1938 sobre enterramientos templos y criptas (BOE de 3 de noviembre). Para ello, sólo se requería dirigir una petición de inhumación al Ministerio de la Gobernación justificando documentalmente haber cumplido las prescripciones sanitarias vigentes, así como haber hecho previamente un donativo económico a las autoridades eclesiásticas «para que se invirtieran en la reconstrucción de los templos devastados». De este modo, se lograba un enterramiento digno para quienes eran considerados «buenos cristianos y españoles», mientras que la caridad cristiana ignoraba, una vez más, los terrenos en donde yacían los restos miles de republicanos asesinados.

Pasaron muchos años, interminables décadas de silencio y dolor sobre las fosas de los vencidos, pero, recuperada la democracia, la justicia reparadora va abriéndose camino, de forma lenta, pero firme. Así, junto a la incesante y meritoria labor de las asociaciones memorialistas, en la Ley 52/2007, conocida popularmente como Ley de la Memoria Histórica, las fosas de víctimas republicanas fueron reconocidas como «de utilidad pública» (arts. 11 al 14). A partir de entonces, diversas asociaciones e instituciones realizaron labores de exhumación de las fosas republicanas dado que, según datos oficiales, a la altura del 2011, se tenía constancia de la existencia en España de, al menos, 1.203 fosas comunes con víctimas del franquismo.

Igualmente, diversas comunidades autónomas legislaron sus propias normas en este ámbito de elemental justicia democrática y, de este modo, la Ley 14/2018, de memoria democrática de Aragón, es un claro ejemplo y compromiso de ello.

Todas estas reflexiones me producen el recuerdo del emotivo homenaje que tuvo lugar el pasado día 3 de marzo en el Barranco de La Bartolina, un lugar que, por razones de dignidad y de justicia reparadora, con arreglo a la citada Ley 14/2018, merece su consideración como Lugar de la Memoria Democrática de Aragón, tal y como en su caso propuso ARICO y es voluntad del Gobierno de Aragón.

https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/fosas-vencidos-fosas-vencedores_1413873.html 

Homenaje a las víctimas en La Bartolina. – ARICO

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