En julio de 2016, cuando se cumplían 80 años de alzamiento militar del general Francisco Franco contra la II República, el Ayuntamiento de Sevilla aprobó en un pleno por unanimidad una moción que condenaba el golpe de Estado, y que en un segundo punto (del que se desmarcaron PP y Ciudadanos) instaba a la Basílica de la Macarena a deshacerse de los vestigios franquistas e iniciar los trámites para exhumar al general fascista Gonzalo Queipo de Llano, responsable de la matanza de 14.000 civiles sólo en Sevilla. El Gobierno de Susana Díaz, que hace mes y medio aprobó la Ley andaluza de Memoria Histórica, lo considera un “criminal de guerra”.

Un año después de aquella resolución por parte del Ayuntamiento hispalense, el alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha dado un paso más al dirigirse por escrito al Arzobispado de Sevilla y a la Hermandad de la Macarena, propietarios de la basílica, porque en última instancia depende de ellos (y de los herederos de Queipo) la decisión de sacar de allí el cadáver del militar golpista y el de su esposa, Genoveva. La misiva de Espadas busca “hacer llegar” al obispo de la ciudad, monseñor Juan José Asenjo, “los preceptos y principios recogidos en las diferentes leyes de memoria histórica y democrática, tanto estatal como autonómica, y las obligaciones que derivan de estas leyes para las entidades privadas”. Es la primera vez, en un año, que el Gobierno municipal avanza por este camino, siempre frágil y delicado, porque supone agitar la sensibilidad de muchas personas en la ciudad, miembros de la hermandad de la Macarena.